Un testigo asegura que Rivas dio medio millón al «grupo acelerador» para la licencia de Villafuel
La trama pedía comisiones de entre el 15% y el 20% en nombre del PSOE a cambio de agilizar contratos públicos
Claudio Rivas, Emilio Carrillo y Jesús De Gregorio Llopis.
El empresario de los hidrocarburos Claudio Rivas, investigado por defraudar presuntamente 215 millones de euros en el IVA a través de la operadora Villafuel, aseguró al financiero Manel Sallés que había pagado medio millón de euros al «grupo acelerador» desvelado por THE OBJECTIVE, cuya función era intermediar en contratos públicos. El objetivo del pago era garantizarse la licencia de operadora y poder así operar en el mercado de hidrocarburos sin trabas administrativas. Así lo desvelan a este periódico fuentes cercanas al empresario.
Rivas, cerebro de la operadora de carburantes, habría transmitido a Sallés que el pago se canalizó a través de Israel Pilar, presidente de Sortis SL y figura recurrente en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Como ya adelantó este diario hace un año, el «grupo acelerador» funcionaba como una suerte de agencia de intermediación en la sombra. Su cometido era sencillo pero lucrativo: cobrar comisiones de entre el 15% y el 20% a cambio de adjudicaciones de obra pública y contratos gubernamentales. En la cúspide de este entramado, un nombre aparece con una recurrencia inquietante: Pepe Ruz, dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC).
Ruz, señalado por el propio Víctor de Aldama, como el «recaudador» oficial, era el primer escalón. El muro de acceso. Quien quisiera llegar al despacho del ministro Ábalos o agilizar expedientes atascados en la burocracia estatal debía pasar por su peaje. Según las fuentes consultadas, Ruz operaba en estrecha connivencia con el núcleo duro capitaneado por Koldo García Izaguirre, el entonces todopoderoso asesor del ministro.
En el caso de Villafuel, la urgencia de Claudio Rivas por obtener la licencia administrativa para vender combustible le llevó a recurrir a estos servicios de «gestoría» clandestina. El pago de los 500.000 euros se habría producido en un momento crítico para sus intereses empresariales, bajo la premisa de que solo el «grupo acelerador» podía desatascar los engranajes del Ministerio.
Israel Pilar: «La llave» del laberinto
La mención a Israel Pilar no es baladí. En el sumario del caso Koldo, la Guardia Civil ya identificaba al presidente de la tecnológica Sortis SL como una pieza clave. Los miembros del entramado se referían a él como «la llave». Hasta ahora, su implicación parecía circunscrita al negocio de las mascarillas durante lo peor de la pandemia, actuando como un «enlace» o «primer eslabón» para el acceso a fondos públicos. Los testimonios que ahora obran en poder de THE OBJECTIVE sitúan a Pilar en el corazón de otros negocios del grupo. Rivas habría señalado directamente a este empresario como el receptor del medio millón de euros destinado a «engrasar» la licencia de Villafuel.
Pero el peaje por la licencia de Villafuel no se habría limitado a transferencias monetarias o maletines. La voracidad de la trama y las atenciones hacia el entonces titular de la cartera de Transportes incluían prebendas en especie de un calibre difícil de ocultar. En ellas destaca una vivienda de lujo en la urbanización La Alcaidesa, en la provincia de Cádiz, que habría sido puesta a disposición de José Luis Ábalos. Tal y como adelantó este periódico, el pago de esta propiedad se encuadra dentro de las «dádivas» que Rivas y su entorno habrían facilitado como contraprestación por las gestiones hechas desde el ministerio.
El contrato de alquiler de dicha vivienda fue gestionado a través de la empresa Have Got Time SL, cuyo verdadero propietario era el propio Claudio Rivas, aunque éste ponía al frente a personas intermedias para evitar una conexión directa. De hecho, quien aparece como administradora de la sociedad es Leonor González Pano, la hija de la empresaria Carmen Pano que aseguró a este periódico en exclusiva haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en octubre de 2020, justo un mes después de que comenzarán las primeras reuniones con Koldo García para gestionar la obtención de una licencia de operadora para Villafuel.