Ceuta Ya! presiona por carta a Sánchez para devolver los apellidos árabes a miles de ceutíes
La propuesta debatida en el Congreso plantea un «error histórico» en los procesos de nacionalización de los años 80
Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. | David Canales (Zuma Press)
Ceuta Ya! ha intensificado la presión sobre el Gobierno central para que active cuanto antes los mecanismos que permitan a miles de ceutíes recuperar sus apellidos de origen árabe. La formación ha remitido una carta al presidente, Pedro Sánchez, tras la aprobación en el Congreso de una proposición no de ley que plantea corregir lo ocurrido durante los procesos de nacionalización de los años 80.
El objetivo es acortar los tiempos entre el respaldo parlamentario y la puesta en marcha de medidas concretas. La iniciativa, de momento, no tiene desarrollo normativo.
La formación localista ha optado por dirigirse directamente al Ejecutivo. En su escrito, pide que se activen «todos los procedimientos» necesarios para ejecutar la propuesta aprobada en la Cámara Baja.
Según ha sabido THE OBJECTIVE, el envío de la carta responde a la intención de evitar que la iniciativa quede pendiente de trámites administrativos o de futuros cambios políticos. Ante un posible cambio de Gobierno en los próximos años, la formación pretende avanzar en esta cuestión cuanto antes.
El portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, apeló a la urgencia durante una comparecencia reciente: «El Gobierno puede decidir qué medida adoptar, pero debe ser algo inmediato».
Más de 40 años: el origen del conflicto
La reclamación se remonta a los procesos de nacionalización desarrollados hace más de cuatro décadas en Ceuta y Melilla. Durante ese periodo, numerosos ciudadanos de origen musulmán vieron modificados sus apellidos en el Registro Civil.
En muchos casos, esos cambios no partieron de una solicitud expresa de las familias, sino de la forma en la que se gestionaron los expedientes administrativos. El resultado fue la sustitución de apellidos de raíz árabe por otros adaptados al castellano. El asunto ha permanecido abierto desde entonces y ha sido objeto de distintas reclamaciones en el ámbito local.
El partido ha tildado de «error histórico» el proceso de nacionalización de los años 80 y demanda al Estado que asuma el «compromiso» para la «reparación de esta injusticia».
La iniciativa
La proposición no de ley aprobada en el Congreso establece varias líneas de actuación. Entre ellas, la creación de un procedimiento extraordinario que permita abordar estos cambios de forma colectiva.
También contempla la adaptación de la normativa del Registro Civil para facilitar los trámites, la dotación de recursos administrativos y la gratuidad del proceso. Otro de los puntos incluidos es el reconocimiento de lo ocurrido como un error durante aquellos procesos de nacionalización. No obstante, al tratarse de una PNL, su contenido no es vinculante. Para que tenga efectos prácticos, es necesario que el Gobierno desarrolle medidas concretas.
Trabas administrativas
La modificación de apellidos no es un procedimiento automático. Requiere justificar una causa y conlleva cambios en la documentación oficial. DNI, títulos académicos o permisos administrativos deben actualizarse.
Mustafa subrayó este aspecto al rechazar la idea de que el cambio pueda hacerse sin más, aludiendo a que nadie puede ir al Registro Civil a solicitar un apellido de forma arbitraria.
El acceso a los trámites y los medios disponibles siguen sin concretarse. Ceuta Ya! ha planteado, en paralelo, la creación de una unidad administrativa local que facilite el proceso a quienes quieran iniciarlo.
Choque político
La iniciativa no ha contado con un respaldo unánime. El Partido Popular se abstuvo en la votación en el Congreso, especialmente por su desacuerdo con el punto relativo al reconocimiento de un «error histórico» por parte del Estado.
Su portavoz, Mohamed Mustafa, criticó al PP y defendió que la propuesta no se limita a un trámite. Él mismo la vinculó a la reparación de «lo que fue una humillación para miles y miles de ceutíes».
Por ahora, la medida sigue sin desarrollo normativo. La aprobación en el Congreso no implica su aplicación y cualquier avance depende de que el Gobierno concrete los cambios legales.