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Las víctimas de Alcalá 20, sobre la tragedia de Murcia: «No ha cambiado nada en 40 años»

El abogado de las víctimas del incendio de 1983, Manuel Castellanos, vaticina la imputación del Ayuntamiento de Murcia

Las víctimas de Alcalá 20, sobre la tragedia de Murcia: «No ha cambiado nada en 40 años»

Los bomberos retiran los restos de una víctima en el incendio de la discoteca Teatre en Murcia. | Europa Press

«España no aprende nunca. La tragedia en Murcia demuestra que las cosas no han cambiado prácticamente nada en 40 años». Quien habla es Manuel Castellanos, el único abogado vivo de los letrados que representaron a las víctimas del incendio en la discoteca Alcalá 20 en Madrid. Ocurrió en 1983 y hubo 82 víctimas mortales. Cuatro décadas después, el letrado señala muchas similitudes entre aquellos hechos y la tragedia de las discotecas Teatre y La Fonda, en Murcia.

«Cuando ocurrió lo de Alcalá 20 también hubo un intento inicial por responsabilizar exclusivamente a los empresarios relacionados con el local como únicos responsables. Sin embargo, después de 15 años de procedimiento judicial, el único condenado fue un inspector del Ministerio del Interior, también hubo funcionarios del Ayuntamiento de Madrid imputados, y tanto la corporación local como el Estado tuvieron que hacerse cargo de altas sumas de dinero en concepto de responsabilidad civil que se pagaron a las familias de las víctimas y a los supervivientes», señala en declaraciones a THE OBJECTIVE Castellanos, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC).

Castellanos profundiza en un largo listado de analogías entre aquella tragedia y la que dejó 13 muertos y 29 heridos en Murcia hace una semana. «Cuatro décadas después de Alcalá 20, miles de locales de ocio nocturno siguen funcionando en toda España, muchos de ellos sin licencia, y resulta que las distintas ventanillas de la Administración local, en este caso el Ayuntamiento de Murcia, siguen sin estar coordinadas», añade Castellanos, hoy también presidente de la sección de Responsabilidad Civil y Seguro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

«No hemos aprendido nada en estos 40 años. Los fallos siguen siendo los mismos. Lo que ocurrió en Alcalá 20 y lo de Murcia es lo mismo. Un incendio que no tendría por qué haberse producido si la Administración cumpliese con sus propias ordenanzas y órdenes de clausura», subraya el abogado especialista en responsabilidad civil y seguros.

Imputaciones en el Ayuntamiento de Murcia

Tantas son las coincidencias entre lo ocurrido en Madrid en 1983 y la tragedia de Murcia de la semana pasada, que Castellanos se atreve a aventurar, a grandes rasgos, cuáles serán las claves de la causa judicial abierta para dirimir responsabilidades por las 13 víctimas mortales y 29 heridos en las discotecas de La Atalaya (Murcia). Cree que en el caso de Murcia acabará ocurriendo algo similar. Y que en cuestión de días el Ayuntamiento de Murcia pasará de querer ejercer como acusación particular, como anunció tras la tragedia, a ser una de las entidades investigadas por Fiscalía y Policía Judicial.

«Aquí hay una evidente responsabilidad de la Administración, en este caso del Ayuntamiento de Murcia. Y estoy convencido de que después de que se rechace su personación en la causa, algún funcionario de la Consejería de Urbanismo pasará a estar entre los imputados, junto a algunos de los empresarios, por 13 presuntos delitos de homicidio imprudente y otros 29 de lesiones imprudentes», añade el presidente de ANAVA-RC.

Castellanos, que actualmente ejerce también como máximo responsable de Responsabilidad Civil y Seguros del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, recuerda que en el caso de Alcalá 20 los empresarios lograron acreditar que el Ministerio del Interior había efectuado y aprobado favorablemente una inspección que dio por buena la apertura y el funcionamiento del local nocturno, a pesar de que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid había decretado lo contrario. El único condenado por Alcalá 20 fue un inspector del Ministerio del Interior.

Alcalá 20, Murcia y el Madrid Arena

Castellanos pronostica que la tragedia en Murcia evidenciará, una vez más, el «efecto péndulo» que se produce en las administraciones públicas españolas ante tragedias como Alcalá 20, la de ahora en Murcia o la del Madrid Arena en 2012. «Durante las próximas semanas veremos al Ayuntamiento de Murcia y a los de otro municipios del país hacer inspecciones masivas sobre los locales de ocio nocturno y veremos imágenes de la policía haciendo controles en discotecas de todo el país. Pero el problema es que las administraciones en España funcionan como un péndulo. Nunca aprendemos», añade Castellanos.

Este especialista en responsabilidad civil y seguros, también trabajó como abogado la otra gran tragedia del ocio nocturno en España de las últimas década: el accidente del Madrid Arena. En aquel caso, un exceso de aforo fue el causante de una avalancha en la que fallecieron cinco chicas. El procedimiento judicial en el caso del Madrid Arena duró cinco años.

Aquí sí hubo un empresario condenado a prisión por lo ocurrido. Algunos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y del Samur estuvieron investigados para esclarecer si el dispositivo de seguridad fue el adecuado, pero no se llegó a procesar a ninguno por un delito de omisión del deber, algo que sí podría ocurrir en Murcia y que también pasó hace 40 años en Alcalá 20.

«Lo de Alcalá 20 fue mucho más parecido a lo de Murcia. Un empresario que quiere diversificar su negocio sin cumplir con la normativa. Una Administración que invierte solo en reforzar y actualizarse tecnológicamente en las áreas recaudatorias -en tema de Hacienda, multas e impuestos-, pero que no se ha modernizado para que haya coordinación entre sus distintas ventanillas encargadas de las labores de inspección, ejecución y supervisión de licencias administrativas. Es increíble que hace unos meses un funcionario de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Murcia aprobase una inspección a una de las discotecas de Murcia, ¡un local que tenía orden de ejecución de cierre desde principios del año 2022!», lamenta Castellanos.

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