Robles se desentiende del pacto con Bildu para crear en Pamplona un memorial antifranquista

El Gobierno y EH Bildu llegaron el pasado mes de junio a un acuerdo para convertir el Fuerte de San Cristóbal (Pamplona, Navarra) en un memorial antifranquista. Fue un compromiso que PSOE y Podemos adquirieron con los abertzales para que apoyaran los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el Ministerio de Defensa de Margarita Robles, titular del fuerte, se ha desentendido de las negociaciones y las ha delegado en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de Félix Bolaños.

El Ejecutivo Central se comprometió a destinar tres millones de euros para la reconversión del fuerte, utilizado como cárcel durante el franquismo, en un lugar de memoria. Con arreglo a ese acuerdo, además, se declaró la cesión de uso del actual emplazamiento militar al Gobierno de Navarra que dirige la socialista María Chivite para que crear un espacio que recuerde a los presos fusilados en la fuga de 1938 y a todos los que fueron encarcelados por la dictadura en el ínclito enclave pamplonés.

Esto significa que Chivite y Bolaños, mediante un grupo de trabajo conjunto, son los encargados de liderar la resignificación del fuerte, para la que ambos han destinado 200.000 euros (haciendo así un total de 400.000), en el marco del proyecto Fronteras de hormigón, pero Robles no destinará un solo euro a este menester.

Así lo ha admitido el Ministerio de Defensa ante una petición de información del abogado Guillermo Rocafort basándose en la Ley de Transparencia: «En la actualidad, la Dirección General de Infraestructura no dispone de créditos específicos para la reconversión del fuerte en un Centro de Memoria Democrática, circunstancia que no impide que se proporcione toda la colaboración que sea necesaria».

Para más inri, en dicha resolución, consultada por este medio, Defensa admite que el fuerte sigue sirviendo en la actualidad para «ejercicios de instrucción y adiestramiento de las Unidades del Ejército de Tierra con la finalidad de alcanzar las capacidades necesarias para el cumplimiento de los objetivos y Misiones de las Fuerzas Armadas establecidos en el ordenamiento jurídico». Y esto porque «la propiedad denominada Fuerte Alfonso XII tiene un marcado interés militar».

Bildu y Robles

La ministra de Defensa, que ha sido siempre uno de los miembros del Gobierno más reacia a los pactos con los abertzales, ha delegado así esta labor en el ministro de la Presidencia, encargado de negociar con Bildu la Ley de Memoria Democrática. Esta, por presión de la coalición que lidera Arnaldo Otegi, reconoce a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983, cinco años después de aprobarse la Constitución, con el fin de incluir a los etarras que sufrieron torturas.

El Fuerte de San Cristóbal fue desde su construcción una prisión militar tras la tercera disolución del Arma de Artillería durante la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, siendo siempre propiedad del Ministerio de Defensa, exceptuando el Periodo de la II República, cuando fue traspasado al Ministerio de Justicia (1934-1946).

En 1934 la prisión albergó a presos socialistas de la revolución de Asturias (1934) por decisión del Gobierno de la II República y, desde el comienzo de la Guerra Civil, a opositores al Régimen de Franco. El 16 de noviembre de 2001 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Guillermo Rocafort manifiesta a este medio su «hartazgo» tras constatar «cómo organismos autonómicos y estatales sin competencia para ello deciden el uso de instalaciones militares». Para este abogado experto en memoria histórica «Bildu expulsa al Ejército del Fuerte de San Cristóbal en una nueva cesión del Gobierno de Pedro Sánchez a Bildu»: «No me extraña que la ministra Robles no quiera participar porque sería para ella un serio problema de imagen».