El PP gallego evita por ahora medidas contra Baltar por su exceso de velocidad

El PP gallego evita por ahora adoptar medidas disciplinarias o de otra índole contra el presidente de los populares orensanos y de la Diputación, Manuel Baltar, quien fue detectado mientras que circulaba en un coche de la institución provincial a 215 km/h en la A-52, a su paso por el municipio zamorano de Asturianos, en dirección a Madrid.

Rueda había optado por mantener silencio sobre el caso en la sesión de control que albergó este miércoles el Parlamento de Galicia, en la que la oposición –BNG y PSdeG– le urgieron a exigir responsabilidades al dirigente orensano, al tiempo que sugerían que, si no lo hace, será porque «no tiene autoridad» o porque «quien manda en Orense» es Baltar.

Las peticiones han recrudecido conforme ha ido avanzando la jornada hasta exigirle que fuerce su dimisión, mientras que el pleno ha quedado salpicado por continuas referencias a este asunto.

Así las cosas, apenas unas horas después de la sesión de control, Rueda sí se ha pronunciado antes de un acto en Pontevedra en relación a este asunto. Ante los medios, ha reconocido que habló con Baltar. «Reconoce los hechos hasta el punto de que había una sanción que él paga», dijo, antes de incidir en que está seguro de que «el primero que lo siente» es el propio líder del PP provincial de Orense.

Ante la insistencia de los medios acerca de si la formación va a dar algún paso contra Baltar, se escudó entonces en que él «solo» conocía «una infracción administrativa», que el afectado admitió y por la que abonó la multa correspondiente. «Y esto es lo que hay en este momento», remarcó. En el momento de la pregunta todavía no se había confirmado que el dirigente orensano ya había sido notificado de la apertura de diligencias por un posible delito contra la seguridad vial.

Rueda, en todo caso, admitió ante los medios que considera que los representantes políticos deben «dar ejemplo», pero ha insistido en que Baltar es el primero que no está «conforme» de su conducta. Ante la insistencia de que los hechos eran compatibles con un posible delito contra la seguridad vial, el presidente gallego recalcó que él, en ese momento, solo tenía noticias de «una infracción administrativa» y que no es «juez».

Génova remite a Galicia

Además de un destacado dirigente del PP gallego, su pronunciamiento a favor de Rueda fue determinante en la sucesión tras el salto a la política estatal de Alberto Núñez Feijóo, el orensano también es miembro del Comité Ejecutivo Nacional. En todo caso, fuentes de Génova consultadas por Europa Press remiten a la formación autonómica.

A preguntas de los medios, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se limitó a manifestar que no había hablado con el presidente provincial del PP de Orense sin entrar a valorar la adopción de posibles medidas.

Compromiso de «ejemplaridad»

Entre tanto, los Estatutos populares solo determinan pasos más o menos concretos (apertura de expediente y decisión sobre una posible suspensión de militancia) en el caso de la apertura de juicio por cuestiones vinculadas con la corrupción.

Con todo, la norma sí que fija como «principios generales» que todos los cargos públicos y orgánicos del partido deben «observar la máxima ejemplaridad, rigor y exigencia en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público» y, agregan, «absteniéndose de cualquier conducta que, aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen y honorabilidad de la organización».

Además, no solo es un cargo público, sino que, como vía para optar de nuevo a presidir la Diputación, figura en las listas publicadas este mismo miércoles como candidato a las próximas elecciones del 28 de mayo (28M) –es el número dos en la candidatura de Esgos, tras Mario Rodríguez–.

Y los populares cuentan con una serie de compromisos éticos incluidos en su normativa interna, como el de «actuar públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez». Y la obligación de comunicar a la dirección del PP la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan «derivarse indicios racionales de comisión de un delito».

También se fija el compromiso de «poner a disposición del Partido el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública».