Ciudadanos hará primarias tras la marcha de Guasp sin que Bal e Igea puedan presentarse

Ciudadanos tendrá que celebrar primarias internas en el plazo de un mes para cubrir la vacante que ha dejado la hasta ahora portavoz política, Patricia Guasp. Los afiliados naranjas tendrán que votar de nuevo, siete meses después del último congreso nacional, para elegir a la persona que acompañará al secretario general, Adrián Vázquez, en la bicefalia del partido centrista. Y con dos de sus caras más visibles del sector crítico, Edmundo Bal y Francisco Igea, sin poder presentarse salvo que se les levante la suspensión de militancia. Una hipótesis que ni ellos esperan.

Guasp anunció este domingo su marcha de la política para regresar a la empresa privada el 1 de septiembre, por lo que la renuncia formal de sus cargos orgánicos dentro de Ciudadanos será ese día. A partir de ese momento, se tendrá que aplicar el artículo 76.2 de los Estatutos naranjas. Un párrafo que fija el camino para la situación creada por la portavoz política con su marcha. «Si por cualquier causa sobrevenida cesara en sus funciones con carácter permanente, el Comité Nacional, con el refrendo por mayoría simple del Consejo General, convocará en el plazo máximo de treinta días un proceso de primarias para la renovación del cargo de Portavoz Político», se indica al respecto.

Al requerir el visto bueno de dos órganos internos -el Comité Nacional y el Consejo General-, la convocatoria de las primarias se podría demorar unos días o semanas, por lo que su celebración telemática debería caer en algún momento de octubre. En el interregno hasta la votación interna será Vázquez quien asuma el rol de «altavoz» que tenía la dimitida Guasp, según fuentes próximas a la dirección nacional consultadas por THE OBJECTIVE. Un papel que ambos compartían desde la Asamblea General de enero gracias a la citada bicefalia.

La eurodiputada Eva Poptcheva podría ser la candidata oficialista en las primarias para decidir el relevo de Guasp, según coinciden varios dirigentes nacionales, aunque algunos ven excesivo que la cúpula del partido quede en manos de la delegación naranja en Bruselas. Poptcheva ha tenido una mayor exposición mediática en las últimas semanas y ha sido una de las pocas figuras del partido con actividad pública en las redes sociales durante el verano, de ahí que muchos dirigentes crean que ha sido apadrinada por Vázquez.

Al sector crítico, sin embargo, le va a costar conformar una candidatura con aspiraciones de éxito. Tanto Bal como Igea tienen suspendidos sus derechos de representación y elegibilidad dentro del partido de forma cautelar hasta que se resuelva el expediente disciplinario, que el partido les abrió a finales de junio junto a otros dos ‘díscolos’ del Consejo General.

Este expediente se ha convertido en un dolor de cabeza para la dirección nacional porque han dimitido tres de los cuatro miembros del Comité de Régimen Disciplinario en desacuerdo con el proceso llevado a cabo contra los afectados, por lo que la Ejecutiva ha tenido que convocar un Consejo General para nombrar sustitutos.

Así que van pasando las semanas y Bal e Igea se encuentran en una especie de limbo -tienen suspendida la militancia pero no han sido expulsados-, pese a que ambos no presentaron alegaciones a las acusaciones que la dirección recopiló contra ellos. Si siguen en la misma situación cuando se convoquen primarias, la consecuencia para los dos es que no se podrán presentar a la sucesión de Guasp.

THE OBJECTIVE ya indicó el 13 de junio que la dirección de la formación liberal valoraba expedientar a dos de sus rostros más conocidos por sus palabras acerca de la dirección ejercida por Vázquez y Guasp. Sobre todo, las palabras de Bal en las que afirmó que estos últimos habían «secuestrado» el partido o que los miembros del núcleo duro que rodean a ambos líderes eran «unos cobardes» por renunciar a presentar listas a los comicios de finales de julio.

El partido liberal recopiló una lista de supuestos agravios que «están traspasando la crítica política» que puede aceptar una formación a nivel interno. Desde la dirección naranja se apuntó directamente al portavoz adjunto en el Congreso y al único procurador en las Cortes castellanoleonesas por los «agravios personales» que habían lanzado tanto Bal como Igea, así como otros diputados y conocidos afiliados, contra los miembros del Comité Nacional que adoptaron la polémica decisión sobre el 23-J y que, a su juicio, sobrepasaban la línea «del derecho al honor» de los aludidos.

Por ejemplo, se criticó las «alusiones personales» de que la dirección naranja había «secuestrado» el partido o que los miembros del núcleo duro que rodean a Vázquez y Guasp no estaban gestionando bien el patrimonio del partido. «Todo afiliado tiene derechos, pero también obligaciones, y no aceptamos que nos pongan de vuelta y media», afirmaron la pasada semana las citadas fuentes sobre el caso de Bal e Igea.

Un expediente novedoso para Igea

La decisión de abrir este expediente disciplinario fue una novedad para Igea. «Nunca me pasó con Albert (Rivera) e Inés (Arrimadas)», se quejó entonces a este periódico. Los consejeros afines a él circularon un comunicado para recabar firmas: «Tras conocerse que la ejecutiva había promovido sanciones contra un número indeterminado de afiliado/as, se ha sabido hoy que la Comisión de Régimen Disciplinario, en lugar de reaccionar ante esta injerencia en la separación de poderes orgánicos, agrava la imagen de parcialidad, ejecutando con celeridad las sanciones deseadas por los dirigentes de Ciudadanos», se indicó en el texto al que tuvo acceso este periódico.

«Si ya es gravísima esta falta de independencia y garantías para expedientar a cualquier afiliado/a, que se dirija además contra miembros del Consejo General supone un autocrático intento de alterar a su favor el funcionamiento del partido puesto que esta instancia es el ‘máximo órgano entre Asambleas’, encargado de definir la política general, controlar a la ejecutiva e incluso de reformar los estatutos», proseguían los firmantes, quienes tildaron de «injusta» la decisión de abrir estos expedientes disciplinarios por ser «totalmente desproporcionada» esta medida.

«Ni a Albert Rivera ni a Inés Arrimadas, que podían reivindicar mucho mérito en los éxitos del partido, se les ocurrió jamás expulsar del Consejo General a quienes discrepaban aunque fuera con firmeza de algunas decisiones, y ninguna más trascendente que faltar a la principal cita con los españoles», añadieron este grupo de consejeros antes de alertar que Ciudadanos estaba siendo víctima «de prácticas gravemente antidemocráticas».

«Ciudadanos no merece sucumbir porque algunos incumplan internamente todo lo que desde hace 17 años abanderamos en materia de instituciones limpias y de libertades democráticas. Por eso, los consejeros/as que vayamos suscribiendo este comunicado, hayamos o no recibido ya un expediente expulsándonos del Consejo General, hemos decidido no acudir a este órgano cuyas mayorías han sido alteradas hasta que la ejecutiva rectifique y se retiren por tanto todos y cada uno de los expedientes injustos. Podrían ser ilegítimas, y susceptibles de responsabilidades en todos los ámbitos, las decisiones que el Consejo General pudiera tomar sabiendo las circunstancias de alteración democrática en que se producen», concluyeron en el escrito.