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Ciudadanos alerta a los países de la UE del plan de Sánchez con las lenguas oficiales

La delegación europea del partido, ya fuera del Congreso, denuncia que el PSOE busca contentar a los «euroescépticos»

Ciudadanos alerta a los países de la UE del plan de Sánchez con las lenguas oficiales

Patricia Guasp y Adrián Vázquez en la sede nacional de Ciudadanos. | EFE

Ciudadanos, fuera de foco en los últimos meses tras su decisión de no presentarse a las elecciones generales, ha reaparecido este viernes para denunciar la iniciativa del Gobierno para promover la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones de la Unión Europea. El partido ha enviado una carta a todos los Estados miembros de la UE para argumentar que esas lenguas no son oficiales en España sino cooficiales; para quejarse del coste que podría suponer la medida; y para advertir de que la maniobra responde a los intereses de partidos con «una historia teñida de populismo y euroescepticismo». 

El partido liberal, ya sin representación en el Congreso de los Diputados, se ha servido de su presencia en Bruselas, y ha enviado esta misiva después de que el Gobierno alcanzara el jueves un pacto con ERC y Junts para hacerse con la Presidencia del Congreso. Parte de ese acuerdo incluía el compromiso por parte del PSOE de registrar una petición a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea para que las lenguas cooficiales en España lo sean también de la Unión. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, presentó por escrito la solicitud durante la mañana del jueves para que los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros quienes debatan este punto en la próxima reunión

Pero Ciudadanos pide ahora a los 27 países miembros de la UE que no la atiendan. «Es prudente que el Consejo se abstenga de convertirse en una plataforma para deliberar sobre asuntos de política interna española. La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea representa un momento transformador, a punto de acelerar los cambios estructurales esenciales para la evolución de nuestra Unión, un esfuerzo que merece toda nuestra atención y que no debería verse eclipsado por las motivaciones políticas de una administración interina», defiende. 

A juicio de la formación liberal, esta iniciativa del Gobierno parte de su necesidad de «lograr ser elegido de nuevo con el apoyo de partidos nacionalistas» y advierte de que algunas de esas fuerzas «tienen una historia teñida de populismo y euroescepticismo», en referencia a ERC y Junts.

Y añade un argumento más: esas lenguas no son oficiales en España sino cooficiales. «La Constitución española equilibra cuidadosamente la diversidad lingüística con la igualdad de derechos para todos los ciudadanos españoles. Reconoce formalmente la cooficialidad de varias lenguas habladas regionalmente dentro de sus territorios designados, al tiempo que designa el español como única lengua oficial a nivel nacional», señala el texto. 

«Esa exigencia del Reglamento pretende garantizar que los Estados no traten de elevar el estatus de una lengua a escala europea cuando no pueden lograrlo en el país», sostiene Cs, que afirma que «Sánchez y sus socios deberían primero aprobar ese reconocimiento a nivel nacional para acudir después a Europa». «Tienen que iniciar un proceso de enmienda constitucional, reunir el consenso político necesario en el Congreso que, hasta la fecha, no existe», apuntan. 

Por último, critican el posible coste de la medida. «En la actualidad, los servicios lingüísticos y de interpretación ya suponen un gasto anual de aproximadamente 1.000 millones de euros. La introducción de tres nuevas lenguas oficiales aumentaría inevitablemente esta carga financiera, una preocupación que coincide con informes anteriores de la Comisión Europea. La asignación prudente de nuestros recursos resulta primordial para abordar los retos históricos a los que se enfrenta la Unión», exponen en su carta.

Lo que el partido fundado por Albert Rivera no señala en su misiva es que esta cuestión vulneró las atribuciones del Ejecutivo en funciones, pues no puede entenderse que sea una medida «urgente», tal y como adelantó El Mundo.

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