Moncloa busca «vías jurídicas» para sortear el posible veto del Senado al techo de gasto

A principios de agosto, el Gobierno dio la orden al Ministerio de Hacienda de «ponerse a trabajar» para ir preparando las bases de los Presupuestos Generales del Estado, con la idea de que éstos formaran parte de la negociaciones para la investidura. Fuentes de Hacienda consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que la ministra, María Jesús Montero, ha estado todo el verano adelantando un trabajo que ahora se ha paralizado. No sólo porque los independentistas de ERC y Junts han dejado claro que «los presupuestos no forman parte de las conversaciones» y se tocarán, paso a paso, cuando toque, en el siguiente escenario y supeditado a nuevas condiciones; sino también porque en el Ejecutivo han comenzado a asumir que los presupuestos para 2024 podrían retrasarse más de lo esperado, hasta el punto de encallar.

Las fuentes ministeriales consultadas por este periódico desvelan el jarro de agua fría que ha caído sobre las expectativas de Hacienda, ante las dificultades que tendrá el Gobierno para aprobar la senda de estabilidad. El llamado ‘techo de gasto’ que incluye las previsiones de ingresos y gastos, que el Ejecutivo debe presentar ante la Comisión Europea antes del 15 de octubre. El baño de realidad radica en la capacidad de veto que tiene el Senado, que a diferencia de otras normas, no puede sortear el Gobierno cuando la norma regresa al Congreso. 

Prórroga de los PGE en 2023

En caso de que la Cámara Alta rechace la senda de estabilidad, el proyecto de ley debería ser devuelto al Consejo de Ministros para una nueva redacción, retrasando en cerca de un mes la tramitación. Según la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, si los objetivos de estabilidad no estuvieran aprobados en noviembre, no daría tiempo a que se tramitaran unos nuevos presupuestos antes del 31 de diciembre, por lo que el 1 de enero se tendrían que prorrogar las cuentas públicas de 2023. 

Por este motivo, el pesimismo se ha instalado en el Ejecutivo ante la posibilidad de que este veto del Senado se repita en varias ocasiones, ante la mayoría absoluta del PP en la cámara alta. Concretamente, el entorno de la ministra Montero contempla que el Senado devuelva sus objetivos de estabilidad hasta tres veces, motivo por el cual están buscando «vías jurídicas». Lo que está en mente del Gobierno es que Bruselas le permita acogerse a los compromisos de estabilidad de la Unión Europea ante la imposibilidad de aprobar sus compromisos de gasto y hacerlo a través de un real decreto que permita sortear el veto de la Cámara Alta. 

El amparo de Bruselas

La Ley de Estabilidad Presupuestaria sólo recoge que «se tendrán en cuenta las recomendaciones y opiniones emitidas por la UE sobre el programa de estabilidad de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea». Un punto del articulado de la norma al que podría acogerse Moncloa para buscar amparo ante el veto de la Cámara Alta, que se intentó evitar a través de una reforma legal en la anterior legislatura y que finalmente no se aprobó.

Se trata de un anticipo de la dificultad que entraña la legislatura, no sólo por la complejidad de los pactos en el Congreso sino por la mayoría absoluta del Senado que entorpecerá los trámites parlamentarios de todas las iniciativas que se presenten. Aunque sólo en el caso de la senda de estabilidad, antesala de los presupuestos, el Senado tiene capacidad de veto total obligando al Ejecutivo a redactar una nueva norma.

Quizás por ello, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se mostró escéptica por la aprobación de los presupuestos para 2014. Preguntada por ello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, Calviño aseguró: «Somos un gobierno en funciones pero un gobierno que funciona. No hemos dejado de trabajar. Ojalá podamos presentar esos Presupuestos Generales del Estado». Un desiderátum que hasta la fecha se había formulado en imperativo, y no en condicional.