Sánchez no aceptará reformar la elección del CGPJ aunque la UE lo pida en su mediación

Es el as bajo la manga que se guarda un Gobierno a quien este viernes sorprendió la propuesta del PP de incorporar a un mediador en las conversaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pedro Sánchez lo aceptó desde la convicción inicial de que constituía un triunfo moral con el que Alberto Núñez Feijóo asumía el marco argumental del PSOE. Pero lo que parecía una victoria se fue difuminando al visualizar que el notario de Bruselas registrará y pondrá al descubierto la treta negociadora que el Gobierno pretende perpetrar en la negociación. Esa jugada no es otra que el rechazo a la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo, una vez que el PP se avenga a renovar a los actuales miembros, y haya que pasar a la siguiente pantalla. 

Según las fuentes de Moncloa consultadas por THE OBJECTIVE, la proposición de ley a la que el PP supedita la renovación es absolutamente descartada por un Gobierno que defiende que el actual modelo es «equilibrado, democrático y útil». Pocas horas después de la reunión entre Sánchez y Feijóo, fuentes gubernamentales aseguraban a este diario: «No hemos pactado eso. Eso no está en el acuerdo». Desde el palacio de la Moncloa se mostraron esquivos sobre la propuesta popular para cambiar el modelo de elección pero negaron un compromiso firme: «No hay nada de eso».

«No hemos cambiado de opinión»

Oficialmente, el Ejecutivo evita dar portazo a la propuesta para no levantar de la mesa al PP. Pero, en privado, en el Gobierno no dejan lugar a dudas sobre su rechazo a que sea el Parlamento el que siga eligiendo a los jueces. «Podemos hablar, pero debatir no es pactar», señalan respecto a la ley que el PP quiere consensuar y que el PSOE invita a los populares a «que la lleven al Parlamento». Los socialistas recuerdan que el PP ya llevó su proposición de ley al Congreso y fue rechazada porque «no contó con las mayorías necesarias». Algo que, auguran, volvería a ocurrir porque «nosotros no hemos cambiado de opinión». 

Preguntada expresamente por un eventual apoyo del Gobierno a la proposición de ley del PP para que sean los jueces los que elijan a los jueces, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, esquivó la cuestión: «Lo importante es dar normalidad institucional al órgano de gobierno de los jueces. Hoy se abre esa puerta con la mediación de la Unión Europea, así que bienvenido sea». La única referencia a una iniciativa legislativa que hizo Alegría fue relativa a «la posterior reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para consolidar aún más a independencia del poder judicial». Sin embargo, la referencia hacía alusión a la iniciativa que PP y PSOE pactaron hace año y medio, antes de que el acuerdo de renovación negociado entre Esteban González Pons y Félix Bolaños saltara por los aires por la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación.

«Sacar la ley del cajón»

Un texto que, según las fuentes socialistas consultadas, no recogía en ningún caso una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, sino tan sólo un compendio de medidas para avanzar en la modernización e independencia judicial. Entre ellas, se encontraba la prohibición de puertas giratorias entre la política y la justicia, que los políticos no pudieran tener representación en el Consejo General del Poder Judicial, así como un informe de idoneidad para la elección del fiscal general del Estado, y el compromiso de que solicitar un informe al propio órgano de gobierno de los jueces para que se emitiera un informe en el plazo de seis meses con recomendaciones sobre la reforma del modelo de elección.

La voluntad del Gobierno es retomar el acuerdo dónde y cómo se dejó, «rescatando esa ley del cajón en el que está guardada». Porque Moncloa argumenta que fue el propio comisario europeo de Justicia, Didier Reynders quien «dijo hace diez días que no se podía incluir una cosa con la otra», con lo que el único compromiso que asume el Ejecutivo es «hablar de ambos temas, pero no lo vamos a vincular» ni «Reynders no lo va a condicionar». En el marco de esa negociación, «se puede meter de todo en el cajón», añaden estas fuentes que se manifiestan «encantados» de que Feijóo haya solicitado un mediador.

Se trata de una satisfacción entremezclada de sorpresa con la que cebaron este viernes las fuentes gubernamentales que andaban a caballo entre el Congreso de los Diputados y La Moncloa: «¿Alguien en este país esperaba que Feijóo pidiese un mediador? A ver ahora cómo lo explica… El asunto les quemaba y han tenido que salir del lío». Aunque bajo la espuma del júbilo y la celebración pocos se percataban de que la fiscalización de un comisario de Bruselas de todo el proceso podría dejar al descubierto la nula voluntad que tiene el Gobierno a reformar el sistema de elección, que para el PP es condición sine qua non para la renovación del Consejo.

De cumplirse la amenaza del líder del PP, la negociación volvería a la casilla de salida y se frustraría la ansiada renovación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Tal y como avanzaban fuentes gubernamentales, en Moncloa siempre han sido pesimistas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo porque «la presión mediática no le dejaba a Feijóo llegar a un acuerdo». El movimiento del líder del PP y su sorprendente propuesta responde a la necesidad de simular un pacto que «le quemaba». Pero ahora «se ha metido en un buen lío porque ha pactado con el tipo de la amnistía, el que ha entregado el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu… Si tenía desgaste no pactar, quizás tiene más desgaste hacerlo».