El ex 'número dos' de la Sanidad madrileña se salta la ley al fichar por una empresa del sector

El viceconsejero de la Sanidad madrileña hasta el pasado 23 de noviembre, Juan José Fernández Ramos, fichó a los pocos días de su salida del Gobierno regional por la filial española de Dedalus, una de las proveedoras de soluciones tecnológicas de salud digital más grandes del mundo. Él mismo publicita en sus redes sociales, desde diciembre, su nuevo cargo en esta empresa del sector sanitario como «gerente senior de desarrollo de negocio».

El desembarco del ex número dos de la Consejería de Sanidad en dicha compañía ha sorprendido en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, ya que estiman que vulnera la ley 14/1995 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, en cuyo artículo 5 se deja claro que «durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo».

Las citadas fuentes estiman que Fernández se ha saltado el régimen de incompatibilidades, ya que existen varios contratos de gerencias hospitalarias madrileñas con Dedalus durante su etapa como alto cargo dentro de la Consejería de Sanidad entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023, si bien subrayan que son de pequeña cuantía -contratos «menores», según la definición administrativa- y no van con su firma, sino que las rúbricas son de subordinados que estaban «bajo su paraguas» en el departamento. Este periódico se puso en contacto con el exviceconsejero madrileño para recabar su opinión, pero declinó hacer comentarios.

Desde la Consejería de Sanidad hacen hincapié en que no conocían el paso de Fernández a Dedalus y que, en todo caso, el Gobierno de Ayuso no tenía capacidad de veto -como sí lo tiene el Ejecutivo central con sus altos cargos, que necesitan la imprescindible luz verde de la Oficina de Conflictos de Intereses-, ni le puede pedir ahora a Fernández que se aparte de la mencionada compañía. Eso sí, el exviceconsejero se arriesga a ser denunciado en los tribunales o a que la Justicia abra de oficio una investigación contra él ante posibles indicios de delito.

En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid únicamente aparecen tres contratos menores con Dedalus anteriores a la llegada de Fernández a la Consejería de Sanidad, aunque existe una llamativa reunión el pasado 5 de julio del consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, con dos miembros de la dirección de esta empresa: un CEO global y un account global manager, cuyos nombres se omiten en la web oficial. Todo ello a los pocos días de acceder al cargo autonómico.

Se da la circunstancia de que López-Valverde estuvo trabajando en la Consejería de Sanidad durante la pasada legislatura como director general de Sistemas de Información y Salud Digital, justo el área en el que Dedalus tiene enfocado su negocio, mientras que Fernández hizo lo propio como director general de Procesos Integrados de Salud hasta que ambos ascendieron en julio en el organigrama: el primero como consejero de Digitalización y el segundo, como viceconsejero de Sanidad, donde apenas estuvo cuatro meses en el cargo. La entrada de Fernández en Dedalus le permite abrir «un hilo directo» con el área de Digitalización que dirige López-Valverde, a juicio de una fuente consultada por THE OBJECTIVE, en una legislatura en la que la Comunidad de Madrid prevé aprobar importantes contratos públicos con cargo a los fondos europeos.

El Ejecutivo de Ayuso destituyó al viceconsejero de Sanidad el 22 de noviembre y su puesto lo ocupó Laura Gutiérrez, la que había sido hasta ese momento jefa de gabinete de la consejera, Fátima Matute. Si bien desde la Puerta del Sol, sede de la Presidencia madrileña, se explicó el inesperado cese de Fernández como fruto de los «ajustes internos» dentro del equipo de Matute, también hubo posible detonante: la noticia de THE OBJECTIVE del 14 de noviembre, en la que se desvelaba que el Ejecutivo madrileño había sorteado la ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) con la elección del director gerente del servicio de urgencias médicas Summa 112 en la región, Pedro Muñoz, sin el preceptivo concurso de méritos. Un alto cargo a las órdenes de Fernández.

Esta ley, pactada por PP y Ciudadanos en 2017, obligaba hasta su modificación en diciembre a realizar dicho concurso cuando había una vacante en puestos de gerentes sanitarios. La elección de Muñoz en septiembre como gerente del Summa 112 sigue sin aparecer en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ni en la web del Sermas. La decisión que afecta al Summa 112 fue ratificada el pasado 2 de noviembre, pero tampoco hay rastro oficial de ella.

En realidad, la elección de Muñoz fue un nombramiento «provisional en comisión de servicio» cuando no está contemplada en la normativa que el propio Ejecutivo madrileño aprobó en junio de 2018, con Enrique Ruiz Escudero de consejero de Sanidad, sobre delegación de competencias en materia de gestión de personal. En dicha resolución interna, se indica en su punto cuarto que en los casos de «vacante, ausencia o enfermedad» del titular de una gerencia de un centro hospitalario o del Summa 112, «serán sustituidos, para el ejercicio de estas funciones, por el subdirector/a gerente o en su ausencia por el Director/a Médico y, en su defecto, por los Directores/as de Gestión».

Para más inri, el cese el 20 de julio de su predecesor, Manuel José Guiote, aún no ha sido tramitado en el BOE madrileño, según ha podido comprobar este medio. Pedro Muñoz era director de Gestión y Servicios Generales del Summa 112 hasta su ascenso en septiembre, pero por encima de él tenía a dos directoras-médico –Fátima Gutiérrez en Asistencial y Maria José Fernández en Coordinación y Transporte Sanitario- que fueron puenteadas tras la destitución de Guiote, quien superó el concurso de méritos frente a otros cinco candidatos y que, en teoría, tenía un mandato de cinco años.

Fuentes internas del Sermas consultadas por este periódico advirtieron entonces de que el nombramiento del gerente del Summa 112 podía ser «irregular» y que, tanto su elección como los posteriores cambios dentro de este organismo madrileño, podrían constituir un presunto delito de prevaricación administrativa.