Vox abre su prioridad nacional a los inmigrantes con años de empadronamiento y cotización
La formación de Abascal defiende la «verificación del arraigo real» para acceder a ayudas públicas en toda España
El líder de Vox, Santiago Abascal, junto a la portavoz Pepa Millán.
Vox se siente cómodo hablando de ‘prioridad nacional‘. Por mucho ruido que se genere en torno al concepto en tertulias y salones, lo cierto es que los sondeos de opinión más recientes muestran una más que aceptable acogida entre los votantes de este término, que ha irrumpido en el debate político a raíz de los pactos regionales entre Partido Popular y Vox en Extremadura y Aragón.
La formación que preside Santiago Abascal quiere que su prioridad nacional recorra cada punto de Andalucía antes de las elecciones autonómicas del 17 de mayo y que también sea clave en el próximo acuerdo con el PP para formar gobierno en Castilla y León. Antes, Vox ha decidido aclarar, ante el debate generado, cuáles son los requisitos para considerar a unos —y excluir a otros— de este principio.
No todo se reduce a «los españoles primero», una traducción simplista del «America First» de Donald Trump en la que no se está teniendo en cuenta uno de los pilares que recogen los acuerdos PP-Vox y en el que en las últimas horas se está insistiendo especialmente desde la formación de Abascal: el arraigo.
La formación ha anunciado en las últimas horas el registro de una iniciativa en todos los Parlamentos para exigir que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas esté inspirado «en el principio de prioridad nacional», de manera que se procuren estas asignaciones a quienes mantienen un «arraigo real, duradero y verificable» en el territorio.
Un arraigo «verificable»
Fuentes de Vox consultadas por THE OBJECTIVE apelan a este último concepto, el de la verificación, como fundamental para poder desarrollar su ‘prioridad nacional’. Insisten en la importancia de «ser capaces de verificar el arraigo real de los extranjeros». Según lo que puede extraerse de la proposición no de ley que el partido ha presentado este martes en la Cámara Baja, estos mecanismos pasan por el empadronamiento y las cotizaciones al sistema como base para acreditar este proceso tras algunos vaivenes y contradicciones en este sentido, incluso en el propio seno de la formación.
La propuesta de Vox no es nueva, pero la formación explica que supone un matiz al concepto de «los españoles primero». El propio Santiago Abascal se está encargando personalmente de explicarlo en la campaña andaluza. El lunes, en Motril (Granada), el presidente de Vox señaló que «España es para los españoles y para la gente que entró legalmente y lleva mucho tiempo trabajando con nosotros».
Las fuentes consultadas señalan que las palabras de Abascal «siguen al pie de la letra lo pactado sobre prioridad nacional en las dos regiones en las que, hasta ahora, estamos en pacto de gobierno». De este modo, insisten en que los acuerdos procurarán la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen esos requisitos de arraigo verificables con cada territorio. Añaden que «eso significa que los de casa, primero. Y los de casa pueden ser, como dice Abascal, la gente que lleva mucho tiempo trabajando con nosotros, que entró en España legalmente y que lleva mucho tiempo cotizando».
Se trata de una aclaración que la dirección de Vox intenta difundir especialmente en la campaña andaluza y antes del más que previsible acuerdo de gobierno con el PP en Castilla y León. En este sentido, la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, explicó este martes que la iniciativa parlamentaria recogerá ese establecimiento «de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio».
La vivienda, «prioridad nacional»
La consigna desde Vox es clara: en palabras de Santiago Abascal «aquí no cabe todo el mundo. Ni con el parque de viviendas que hay en España, ni con los servicios públicos que tenemos en España, ni con el dinero que hay en España». Por eso la formación insiste en su ofensiva parlamentaria —que se discutirá en el Pleno del Congreso de este miércoles— en la que introduce cifras que concreten esos conceptos de «arraigo» y «verificación».
La PNL presentada por Vox desarrolla especialmente el apartado del acceso a la vivienda, en el que habla de períodos de diez años de «arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en España» para la compra de una vivienda. Cinco años en el caso de los alquileres. Extremos ya incluidos en sus pactos de gobierno.
Vox también da cifras para penalizar este arraigo. En concreto, la formación que preside Santiago Abascal habla en su proposición de «la exclusión de aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos cinco años».
En cualquier caso, más allá de los términos empleados, Vox reconoce que el principal escollo para su ‘prioridad nacional’ es la actual Ley de Extranjería. La propuesta registrada en la Cámara Baja y en todas las instituciones en las que tiene representación insiste en la necesidad de «modificar» esta ley orgánica, algo que requiere una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.