Junts se une al PP y llevará al Constitucional el veto a votar el adelanto electoral en las Cortes

Junts va a seguir la misma estrategia jurídica del Partido Popular y también llevará al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de vetar su enmienda para pedir que el Congreso inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes y convocar elecciones generales. Las fuentes de esta formación independentista han confirmado a THE OBJECTIVE que seguirán la estela iniciada este jueves por los populares y, además, enmendarán en el mismo sentido la moción que la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo someterá a votación en el pleno del Senado de la próxima semana.

Aunque el Gobierno socialista utilizó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para evitar que el debate sobre un adelanto electoral se celebre en el Congreso y llegue a votarse un pronunciamiento en este sentido, no ha podido frenar el empeño de Junts y el Grupo Popular, que han unido fuerzas para que se visualice ese deseo de las Cortes. El polémico veto que los representantes del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso, cinco votos frente a cuatro de los populares, ejecutaron en la Cámara Baja tendrá que dilucidarse en el Tribunal Constitucional.

El Partido Popular se anticipó y anunció rápidamente que la vía jurídica que van a utilizar es la del Constitucional, la misma que ya ha decidido adoptar la formación que preside Carles Puigdemont, con la esperanza de que un debilitado Cándido Conde-Pumpido pueda darles la razón. No sería la primera vez que el presidente de este tribunal da la espalda a decisiones adoptadas por la pinza PSOE-Sumar en el Congreso, ya que apoyó al Grupo Popular en su denuncia contra las prórrogas sine die de los plazos de enmiendas sobre iniciativas parlamentarias, que aprueban los socios de Gobierno ante la imposibilidad de tener una mayoría para que sean aprobadas por el pleno de la Cámara.

Desde esta formación nacionalista atribuyen la debilidad de Conde-Pumpido a su relación con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que se ha reunido en varias ocasiones en el hotel madrileño Santo Mauro, en plena ofensiva judicial contra Zapatero por sus vínculos con el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. A lo que hay que sumar las joyas por valor de más de un millón de euros que la UCO le encontró en la caja fuerte de su despacho. «Hace más de un año pudo resolver la Ley de Amnistía y ha pactado con Zapatero no hacerlo, porque ese es su contacto», señalan, «y ahora está viendo que todos sus contactos están cayendo».

Pero Junts no solo se va a quedar en su denuncia ante el Tribunal Constitucional, sino que también tiene previsto enmendar la moción que el Grupo Popular ha presentado en el Senado para su votación en el pleno de la semana que viene. Este punto se podría votar el miércoles. Desde esta formación política se asegura que «no pueden tocar las narices de esta forma porque esto es antidemocrático», argumentando que «la decisión de convocar elecciones sí es potestad del presidente del Gobierno, pero debatirlo, no, porque en un Congreso [se puede] hablar de lo que [se quiera]; otra cosa es que [se pueda] decidir lo que [se quiera]».

En el texto registrado en el Senado, los populares quieren que la Cámara censure «la anomalía que implica no haber realizado en toda la legislatura ninguno de los dos procedimientos democráticos que permiten comprobar si el Gobierno conserva la confianza parlamentaria: la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la celebración de un Debate del Estado de la Nación en el Congreso con la consecuente votación de resoluciones sobre el programa del Gobierno».

Como segundo punto de la moción, el Senado constatará «el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura, con un Gobierno que no ha logrado aprobar ni una sola Ley de Presupuestos y con unas Cortes Generales que han aprobado el menor número de iniciativas legislativas en 33 meses de todas las legislaturas del actual período democrático». Además, apunta «la necesidad de que el Gobierno y su presidente asuman la responsabilidad política necesaria por los múltiples casos de presunta corrupción que se han producido en relación con sus actividades y las del PSOE y que han desembocado en la investigación por distintos delitos de corrupción de los dos secretarios de organización del PSOE designados por Pedro Sánchez y de numerosos altos cargos del Gobierno, incluyendo al exministro de Transportes».

Disolución de las Cortes

Igualmente, el Senado instará «al Gobierno de España a depurar responsabilidades en relación con la operación que presuntamente implica a altos cargos y ex altos cargos del Gobierno en actuaciones financiadas por el Partido Socialista Obrero Español para entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar del presidente Sánchez».

Finalmente, instará «al presidente del Gobierno a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa».