Sánchez aparca ahora su propuesta de convertir el aborto en un derecho constitucional
La tramitación ha quedado suspendida en el Congreso de los Diputados dos meses después de iniciarse
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Jesús Hellín (EP)
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aparcado su propuesta de convertir el aborto en un derecho constitucional dentro de la Constitución al demorar la convocatoria de la ponencia que se celebra en el marco de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, donde se tiene que tramitar el Proyecto de Ley de Reforma del artículo 43 de la Constitución. Un texto que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 7 de abril. Las fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que fue una baza electoral de cara a las elecciones andaluzas y que ahora no le interesa, pero que se podría guardar esta carta para el momento electoral que más le convenga.
El pleno del pasado día 30 de abril del Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Popular y Vox contra esta reforma, por 177 votos en contra (PSOE y socios) y 171 a favor (PP, Vox y UPN). El Gobierno veía así despejado el camino para iniciar una tramitación parlamentaria cuyo ritmo está en sus manos, ya que domina la Mesa de la Cámara, cinco votos del PSOE y Sumar frente a los cuatro de la oposición. Por tanto, si el Ejecutivo quiere agilizar esta reforma, no tiene ningún obstáculo, aunque es consciente de que nunca será aprobada por el pleno, ya que necesitan el voto del Grupo Popular.
Sin embargo, dos meses después de esta votación, el Grupo Socialista no ha activado la reunión de la ponencia que se constituye en el seno de la Comisión Constitucional, presidida por el socialista José Zaragoza. Hasta la fecha se ha designado a los ponentes que tienen que elaborar el dictamen, pero nada más. Teniendo en cuenta que ahora comienzan las vacaciones de verano, no hay plenos ordinarios, solo extraordinarios. La tramitación quedará postergada hasta el inicio del curso político, en septiembre.
Las fuentes parlamentarias consultadas están convencidas de que el Gobierno lanzó esta propuesta con la mirada puesta en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, a modo de cebo para intentar captar votos de la izquierda. Una vez celebradas, podrían ya no tener tanto interés y estratégicamente «han guardado en el cajón esta propuesta hasta que vean que la necesitan y, a lo mejor, en una semana de escándalos, pues la sueltan». Como «controlan la Comisión Constitucional, puede ir rápido o lento, en función de sus intereses».
La intención de convertir el aborto en un derecho generó una gran polémica durante su consulta en el Consejo de Estado. El primer ponente que tenía que elaborar el dictamen, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, calificó como «fraude» el camino elegido para llevarla a cabo, vincularlo al artículo 43, que protege el derecho a la salud, y no al 15, en el que se enmarca el derecho a la vida, comprendido entre los fundamentales.
Una opción «más fácil» para reformar la Carta Magna. Si el Gobierno hubiera querido incorporar este derecho por el artículo 15 de los derechos fundamentales, «donde siempre se ha tratado el tema del aborto», según las fuentes jurídicas consultadas, «se necesitaría una reforma de la Constitución que se llama agravada». Una tramitación que exige mayoría del Congreso y del Senado de dos tercios, disolución inmediata de las cámaras y convocatoria de un referéndum. Por el contrario, el Gobierno ha utilizado la estrategia de decir que no afecta al derecho a la vida, sino que es una derivación del derecho a la salud sexual y reproductiva.
El documento de Herrero y Rodríguez de Miñón no recibió el apoyo necesario para ser analizado en el pleno del Consejo de Estado y la presidenta de este órgano, la socialista Carmen Calvo, encargó otro informe a la exministra de Sanidad y miembro del Consejo de Estado, María Luisa Carcedo, para que elaborara un dictamen alineado con la tesis del Gobierno socialista.
Consejo de Estado
En el texto del dictamen firmado por Carcedo, esta subrayó que en la fórmula elegida para la reforma constitucional, el artículo 43 del derecho a la protección de la salud, se trata «de consideraciones de oportunidad política que, desde un punto de vista constitucional, no deberían ser tenidas en cuenta a la hora de elegir el precepto objeto de la reforma» y que «la decisión de reformar uno u otro precepto constitucional ha de realizarse atendiendo únicamente al contenido de la reforma propuesta, en el marco de la Constitución». Por lo tanto, «el procedimiento de reforma aplicado debe ser la consecuencia de esta decisión y no su causa». Sin embargo, el dictamen fue aprobado con cambios y el Gobierno consiguió el respaldo que necesitaba, aunque no es vinculante.