La ONU reclama a Madrid de forma reiterada que resuelva el acceso a la vivienda pública

El día de la lotería a Rosario Gómez-Limón le tocó dejar su casa. La señora Charo, como es conocida en Vallecas, fue desalojada el jueves del piso que okupaba desde que fue desahuciada hace cuatro años. La ONU emitió entonces una resolución para que los poderes públicos suspendieran el alzamiento o le otorgaran una alternativa, pero fue en vano. El suyo es uno de los ocho dictámenes condenatorios que la organización internacional ha emitido contra España desde 2015. Todos ellos tienen como protagonista a la Comunidad de Madrid, a la que reclama que resuelva el acceso a la vivienda pública.

Charo, de 76 años, estaba tramitando un alquiler social. Su pensión apenas alcanza los 290 euros mensuales. El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid aplazó el desahucio hasta el 11 de enero, pero mientras los niños de San Ildefonso cantaban los premios del sorteo de Navidad, la policía se personó en la vivienda que okupaba. Desde entonces mora en casa de un vecino amenazado por el mismo fantasma.

La pesadilla de Charo comenzó en 2018, cuando fue expulsada de la casa en la que vivió casi 60 años. Pagaba un alquiler bajo gracias a una renta antigua, pero los propietarios demandaron la vivienda para arrendarla al mejor postor. «La Comunidad de Madrid le ofreció un albergue para pernoctar, así que acabó okupando», explica Laura Barrio, portavoz de la Coordinadora de Vivienda en Madrid.

Ocho dictámenes contra Madrid

Su caso llegó hasta el Consejo Económico y Social de la ONU, que determinó que las autoridades debían suspender el desalojo o, en su defecto, ofrecerle una vivienda alternativa para «evitar daños irreparables». Charo fue desalojada pese a las medidas cautelares, así que Naciones Unidas determinó que el Estado violó «su derecho a una vivienda adecuada». No era ni la primera ni la última vez que la organización internacional se iba a pronunciar sobre la política de vivienda pública en nuestro país.

España firmó en 2013 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), un tratado internacional vinculante que establece mecanismos de protección y garantías para los ciudadanos en las citadas materias. El primer tirón de orejas por vulnerar el derecho a una vivienda, cuya competencia es regional, tuvo lugar dos años después. Desde entonces van ocho condenas, todas ellas a Madrid.

«Madrid es una excepcionalidad jurídica. No tiene ley autonómica de vivienda (la única región junto a Asturias). Los ciudadanos se ven obligados a acudir a la ONU. Para eso tienen que agotar todas la vías judiciales en España», advierte Barrio. Desde la crisis financiera de 2008, en nuestro país se han producido casi dos millones de desahucios, según un informe del Observatorio Desc.

Pese a las medidas extraordinarias del Gobierno central, el año pasado se registraron 41.359 lanzamientos, un 71% más que en 2020 según Provivienda, un observatorio financiado por el Ministerio de Derechos Sociales. En Madrid se produjeron 4.039, uno de cada 10 desahucios. Barrio reconoce que aquí la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) diseñó una estrategia para reclamar ante organismos internacionales cualquier vulneración de derechos humanos y está dando resultados.

Un camino que puede emprender cualquier ciudadano. Los afectados que lo hicieron han contado desde el principio con la ayuda de abogados especializados como Alejandra Jacinto, entonces portavoz de la PAH y ahora diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. O de Javier Rubio, para quien esta región es representativa de la vulneración del derecho a la vivienda, aunque «aquí el número de desahucios no es mayor que en otras comunidades».

Estado del bienestar

«La justicia española se nos ha quedado corta. No nos cubre», sostiene Barrio. La activista lamenta que España no haya aprobado aún una ley específica de vivienda, que sigue varada en el Congreso porque PSOE y Podemos no se ponen de acuerdo a pesar de ser uno de los principios del pacto de gobierno. Sacarla adelante, confía Barrio, convertiría un principio rector incluido en la Constitución en un derecho: «La cuarta pata del Estado del bienestar».

Los dictámenes de la ONU, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, acreditan desahucios por hipoteca, por alquiler y por usurpación. El último caso, cuya resolución se recibió hace apenas unos días, el de Richard Rodríguez y Josefina Hernández. La crisis de 2008 les dejó sin trabajo y su vida se derrumbó como un castillo de naipes. Tuvieron que abandonar la casa en la que vivían y okupar otra vivienda. Llevan 15 años solicitando una vivienda social sin éxito.

Un decreto de la Comunidad de Madrid prohíbe expresamente desde 2016 optar a una vivienda pública a aquellas personas que estén okupando una casa «sin el consentimiento del titular». Rodríguez, que tiene tres hijas y trabajos esporádicos con los que apenas alcanza los 1.000 euros al mes (incluido el Ingreso Mínimo Vital), sostiene que no le dejan otra alternativa.

«Se está ejerciendo una violencia institucional contra las familias que no pueden acceder a una vivienda», se queja este hombre de 51 años. El dictamen de la ONU obliga a la Administración a «una reparación efectiva». Para ello, tendrá que volver a evaluar el estado de su solicitud a una vivienda pública y otorgar «una compensación económica por las violaciones sufridas».

La resolución de Naciones Unidas solicita a la Comunidad de Madrid que elimine «la práctica de excluir de manera automática de las listas de solicitantes de vivienda a todas aquellas personas que se encuentren ocupando una vivienda por estado de necesidad sin título legal». Además, le otorga un plazo de seis meses para recibir una respuesta por escrito que incluya las medidas adoptadas.

Venta a un fondo de inversión

Rodríguez está esperanzado con el dictamen. La acción de los movimientos sociales ha evitado que lo desalojen hasta en nueve ocasiones. Espera que la resolución de la ONU acabe con esa inestabilidad. Cree que el problema de la okupación se habría resuelto si las autoridades hubiesen creado un programa de realojo.

«La crisis expulsó a muchas familias de sus casas. A algún sitio tenían que ir», insiste. Rodríguez afea que la Comunidad de Madrid vendiera en 2013 casi 3.000 viviendas sociales a un fondo de inversión para reducir el déficit presupuestario tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. La Justicia declaró que la venta fue ilegal y ordenó revertir la operación. El Gobierno regional no solo se negó a ejecutar la sentencia, sino que la recurrió.