Los desahucios crecen un 5,5% pese al 'escudo social' del Gobierno

Hace un mes el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a prorrogar las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad económica y social, el conocido como «escudo social». Entre ellas, la paralización de los desahucies de vivienda habitual. La medida afecta por un lado a la suspensión extraordinaria de los procedimientos de desahucio hasta febrero del año que viene y de lanzamientos de vivienda por hasta seis meses, en reclamaciones de rentas o expiración del plazo del alquiler, y en ciertos casos de okupación. 

No obstante, a pesar de las diferentes prórrogas en estos meses, el número de desahucios en España sigue creciendo. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre del año fue de 11.571, lo que supone un aumento respecto al trimestre anterior (10.961) del 5,5%. 

Crecen los impagos de alquiler

Dentro de los lanzamientos, crecen fundamentalmente los relacionados con el impago del alquiler, que representan ya un 70% del total, según los datos del sector ,con 8.028 procedimientos de este tipo. La suspensión debe pedirla el inquilino y tendrá derecho a ella si reúne los requisitos para encontrarse en situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, y en este punto, según los expertos consultados, es donde está el problema. «Algunas familias o personas no cumplen estos requisitos o ni siquiera los acreditan en los servicios sociales», explica a THE OBJECTIVE Ignasi Vives, abogado del despacho Sanahuja Miranda.

Uno de los motivos por los que sigue creciendo el número de desahucios es la existencia de casos excluidos de las condiciones establecidas por el blindaje social. De este modo, personas que no están empadronadas o que entran en la categoría de vulnerables, pero no cuentan con nadie a cargo, entre otros, pueden encontrarse con el caso de que los jueces dictaminen que su vulnerabilidad no está acreditada.  

Cuando esta circunstancia se comunica al arrendador, este podrá a su vez acreditar ante el juzgado que él mismo se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, para que se tenga en cuenta a la hora de decidir si se concede o no la suspensión. «Hay que tener en cuenta además que la prórroga no era indefinida, se trataba de una moratoria de dos a cuatro meses, pero finalmente se puede producir el lanzamiento», añade el abogado. 

«Los datos han aumentado porque no es una paralización automática, se vendió como si lo fuera pero finalmente es el juez el que sigue decidiendo», asegura Vives a este medio. Además, dentro de la ley que paraliza los lanzamientos se habla de ‘gran tenedor’, es decir, propietario de más de diez viviendas, pero la mayoría del parqué inmobiliario está en manos de pequeños propietarios que «es donde mayoritariamente se están prodiciendo los lanzamientos».

«Pese a la implementación de estas medidas por parte del Gobierno, la cifra de desahucios en España sigue siendo alta. Miles de familias continúan estando desamparadas a ojos de la Ley. Una vez dejen de aplicarse estas medidas extraordinarias, se prevé que los desahucios vuelvan a aumentar, en especial los relacionados con el alquiler, ya que las ejecuciones de tipo hipotecario cuentan con otras medidas de protección», afirma el abogado.  

Los datos de impagos de hipoteca a bancos sí se han visto reducidos porque ha habido más reales decretos que obligan a las entidades y las propias entidades han optado por la renegociación de condiciones con sus clientes, asegura este experto. Para ser concretos, el 69,4% de los lanzamientos (8.028) fue por impagos de alquiler, mientras que los derivados de hipotecas (2.849) representaron el 24,6%.

Cataluña lidera los desahucios

Por Comunidades Autónomas, Cataluña concentra el 22,7% de los desahucios registrados en España en el segundo trimestre del año, con 2.624 lanzamientos. Centrándonos en los relacionados con impago de alquiler, la región también encabeza las listas, con 1.904, es decir, un 23,7% del total.  

Muy por detrás de Cataluña, en términos generales, aparecen Andalucía (1.794), la Comunidad Valenciana (1.760) y Madrid (1.178). No obstante, en Madrid los desahucios por arrendamientos aumentaron a un ritmo mucho mayor que el de otras zonas del territorio español, con un crecimiento del 10% respecto al trimestre anterior.  

Inseguridad para el propietario

«Hay una sensación de que se está protegiendo más al inquilino que al propietario. Hay mucha inquietud para alquilar», asegura este abogado. Otras fuentes del sector consultadas creen que, con la futura Ley de Vivienda que está a punto de aprobarse, «el pequeño propietario tiene bastante miedo, tiene desconfianza sobre cómo pueden acabar procedimientos de este tipo y se piensa mucho más poner el piso en alquiler».

Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro considera que en circunstancias excepcionales como las que hemos vivido a raíz de la pandemia hay que tomar medidas excepcionales a la hora de ayudar a los mas vulnerables. Sin embargo, cree que esas medidas las tienen que adoptar las administraciones, ya que la «labor social no tiene que recaer sobre el tenedor de viviendas, que ya paga suficientes impuestos». 

En declaraciones a THE OBJECTIVE critica que se esté prejuzgando al gran tenedor de hacer algo mal cuando ya paga muchos impuestos por esas diez viviendas y «es a través de los impuestos de donde tienen que venir las políticas sociales activas de vivienda».