Papelón de la Fiscalía tras su fracasado asedio a Brufau y Fainé en el 'caso Villarejo'

El último fiasco de la Fiscalía en el caso Villarejo ha pasado desapercibido ante la opinión pública. Después de acaparar titulares y protagonizar paseíllos frente a las cámaras de los medios de comunicación en la Audiencia Nacional, los máximos directivos de Repsol y Caixabank han quedado definitivamente exonerados de cualquiera de las presuntas actividades delictivas que el Ministerio Público les atribuía en la pieza 21 de Tándem.

El fin del calvario judicial para el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, y el expresidente de la entidad financiera Isidro Fainé no ha ocupado el mismo espacio que en su día se les dedicó en la prensa por los presuntos delitos que la Fiscalía les atribuyó hace casi dos años. Que importantes directivos y empresas del Ibex queden libres de cargos no vende periódicos. Ni da para llenar horas de programas y tertulias de televisión.

Todo lo contrario a lo que ocurrió cuando salieron a la luz las sospechas señaladas por la Fiscalía Anticorrupción contra ellos por el presunto espionaje al expresidente de Sacyr Luis del Rivero. Indicios que han quedado desmontados por completo, una vez más y de forma definitiva. En un contundente auto para desestimar el último recurso del Ministerio Público, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal confirmaba la semana pasada la decisión del juez instructor Manuel García Castellón de archivar la investigación contra Repsol, Caixabank, Brufau y Fainé, entre otros directivos de ambas compañías.

Desmontan a la Fiscalía

A lo largo de 29 páginas, la Sala recordaba que la Fiscalía (en un último intento por salvar los muebles) recurrió el sobreseimiento provisional de la causa alegando que existían «indicios racionales» de la comisión de delitos de cohecho por haber contratado en 2011 a CENYT, el grupo empresarial de José Manuel Villarejo, «a sabiendas» de que el ahora comisario jubilado «dirigía dicha entidad al tiempo que se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía y aprovechando esa circunstancia».

En otro revés al Ministerio Público, los magistrados de la Sala de lo Penal desestiman este argumento. No aprecian indicio alguno de que conociesen que Villarejo era funcionario en activo. Además, subrayan que «nada de ilícito hay» en que Repsol y Caixabank aunaran sus esfuerzos en el ámbito de la inteligencia corporativa contratando a CENYT para investigar y frenar el presunto acuerdo alcanzado por Sacyr y la mexicana Pemex para hacerse con el control accionarial de la petrolera española.

En su último recurso, además, la Fiscalía insistía en que la investigación encargada a CENYT contra el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, «fue una reacción conjunta promovida por los dos presidentes de las compañías, Isidro Fainé y Antonio Brufau». Pero los jueces de la Sala de lo Penal también han desmontado esta sospecha que, en su día, llenó horas de programas y espacios informativos.

Brufau y Fainé

En línea con las conclusiones de García Castellón, los magistrados dan por acreditado que la contratación con CENYT se hizo a instancias los exresponsables de Seguridad de ambas compañías: Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (Caixabank). Sin embargo, ni Brufau ni Fainé tuvieron intervención alguna en la contratación de las empresas de Villarejo. Ni sabían que este último era comisario en activo del CNP. Tampoco lo sabía el directivo de Caixabank Antonio Massanel.

«Ni Isidro Fainé ni Antonio Massanell tuvieron ningún contacto con CENYT y toda la información que sobre el encargo hecho a esta entidad les llegaba era a través de Miguel Fernández Rancaño», expone la Sala, para luego añadir que éste ha negado en sede judicial «conocer la condición de funcionario público en activo» de Villarejo. El exjefe de Seguridad de Caixabank también negó que la información que recibió de CENYT tuviera contenidos sobre el tráfico de llamadas de Luis del Rivero y, por lo tanto, nunca informó a sus superiores de conversación alguna, señalan los magistrados de la Audiencia Nacional. «No habría podido transmitirles una información que decía desconocer», añade el auto.

«De las notas de las agendas del investigado José Manuel Villarejo tampoco se desprende ese extremo. En el registro interno que hizo de sus archivos Caixabank, ninguna información relacionada con el objeto de este procedimiento contenía información sobre tráfico de llamadas. Que Isidro Fainé y Antonio Massanell Lavilla estuvieran preocupados por el pacto Sacyr-Pemex entraba dentro de lo normal por la incidencia que podía tener en la marcha de Repsol, pero no implica que estuvieran dispuestos a emprender todo tipo de acciones, incluso contrarias a la legalidad para impedirlo», señala la Sala.

Cumplieron con la ley

Asimismo, y en contra de lo sostenido por la Fiscalía en su recurso, los magistrados de la Audiencia Nacional han descartado por completo que Repsol o Caixabank hubieran incumplido sus protocolos internos para la contratación de proveedores y la prevención de delitos. Y dan por acreditado que las facturas pagadas a CENYT pasaron por los departamentos económicos y administrativos de ambas compañías sin que se detectara ninguna irregularidad. Fueron contabilizadas y abonadas. El carácter confidencial y reservado del encargo, según la Sala, «justificaba que no se hiciera constar de modo expreso».

El tribunal se hace eco de lo declarado por el representante legal de la entidad bancaria, quien aseveró que la contratación de CENYT «no fue una idea que tuviera Caixabank» sino que partió de su exjefe de Seguridad Fernández Rancaño, tras conocer que Repsol «había contratado a una entidad externa para que investigara el pacto de sindicación». A este último, quien se mantiene como investigado en la causa, es a quien le pareció conveniente unirse a la iniciativa de la petrolera dado que también se veía afectado por el movimiento de Sacyr, al tener una participación significativa del accionariado de la petrolera.

Según la Sala, Rancaño tenía capacidad para hacer esa contratación «porque la materia era de sus competencia, tenía presupuesto para ello y contaba en Caixabank con información suficiente del proveedor para comprobar que existía». «La conclusión que extraemos de estas afirmaciones es que nada hubiera cambiado si hubieran intervenido la mesa de contratación y Asesoría Jurídica, pues dadas las concretas características del contrato y de las circunstancias se hubiera autorizado igualmente y sus controles no hubieran servido para detectar que CENYT estaba manejada por José Manuel Villarejo», incide el tribunal.