La Fiscalía se opone a suspender la causa de los gastos del 'procés' por la amnistía
El Ministerio Público argumenta que la ley es «un hecho futuro y relativamente incierto» al comienzo de su tramitación
Fachada del Tribunal de Cuentas.
La Fiscalía se ha opuesto a suspender la causa por el desvío de fondos públicos para el procés que acoge el Tribunal de Cuentas contra 35 ex altos cargos catalanes al considerar que la ley de amnistía es «un hecho futuro y relativamente incierto» que está al comienzo de su tramitación.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha remitido un escrito al órgano contable, al que ha tenido acceso EFE, en el que se manifiesta en contra de la petición formulada por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras para que se suspendiese el procedimiento en base a la futura ley de amnistía.
La proposición de ley de amnistía, impulsada por el PSOE y sus socios independentistas, fue el argumento que usaron las defensas de varios de estos exdirigentes para suspender este procedimiento contable, que encajaría en esa medida de gracia si finalmente se aprueba.
El fiscal ya se opuso explicítamente a esta petición durante la vista que celebró el pasado mes de noviembre el Tribunal de Cuentas para practicar las pruebas aprobadas en este procedimiento, al estimar que la amnistía es «un acontecimiento futuro, no incierto, pero sí de una certeza cuya existencia no se puede afirmar» y cuyos efectos no serán tangibles hasta que entre en vigor.
En este mismo sentido, el Ministerio Público argumenta en su escrito que la proposición de ley registrada por el PSOE, cuya toma en consideración estudia mañana el Congreso, está en el inicio de su tramitación «y por tanto no puede producir efecto alguno, por cuanto su entrada en vigor es un hecho futuro y relativamente incierto, al no poder conocer actualmente su exacto contenido en el momento en que entre en vigor».
Por ello, añade, «de la misma manera que no se acordó la suspensión del juicio, no procede acordar la suspensión del procedimiento». También la entidad Societat Civil Catalana (SCC), que ejerce como demandante, se ha opuesto a la petición de suspensión al concluir que no existe por ahora ningún artículo legal vigente que ampare la «ilegítima injerencia» en este procedimiento.
El procedimiento trata de dirimir la presunta responsabilidad contable de 35 ex altos cargos de la administración catalana, incluidos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers, en el desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del procés. La Fiscalía cifra ese supuesto desvío en unos 3,4 millones de euros, que solicita que abonen los demandados, mientras que SCC lo eleva a 5,3 millones.
