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Un asesor de Puigdemont carga contra el juez del 'caso Tsunami' por su «errática» actuación

La defensa de Josep Lluís Alay, ejercida por el letrado Gonzalo Boye, ha solicitado el archivo y la nulidad de la causa

Un asesor de Puigdemont carga contra el juez del ‘caso Tsunami’ por su «errática» actuación

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. | EP

Josep Lluís Alay, asesor del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha cargado contra el juez que investiga el caso Tsunami por su «errática» actuación al frente de un procedimiento «carente» de indicios y que, dice, podría catalogarse de «causa general contra líderes independentistas catalanes».

La defensa de Josep Lluís Alay, ejercida por el letrado Gonzalo Boye, ha solicitado el archivo y la nulidad de la causa

La defensa de Alay, ejercida por el letrado Gonzalo Boye, que también representa a Puigdemont, ha solicitado el archivo y la nulidad de la causa y se ha opuesto a prorrogar la investigación, que el juez Manuel García-Castellón quiere que asuma el Tribunal Supremo para investigar por terrorismo al expresidente catalán, dado que está aforado por ser eurodiputado.

El abogado Boye cuestiona en su escrito, al que ha tenido acceso EFE, que el juzgado haya estado cuatro años sin practicar las diligencias necesarias para finalizar la investigación hasta el pasado mes de noviembre, que «insólitamente» acordó unas que «se presentan como absolutamente necesarias».

Hace constar asimismo que en ese mismo mes se cerró el acuerdo para la investidura entre el PSOE y Junts, partido del que es «militante» Alay, y que los socialistas registraron en el Congreso la proposición de ley de amnistía, que está actualmente tramitándose en la Cámara Baja.

El abogado del que fuera jefe de la oficina de Puigdemont se pregunta asimismo por el «sentido» de inhibirse ante el Supremo para que asuma la causa y más tarde acordar diligencias de investigación y apunta además que el plazo de instrucción habría acabado en julio de 2021, cuando el juzgado no acordó prorrogarla, y cree que durante este tiempo se ha ido prorrogando «indebida e ilegalmente».

Explica que esta investigación dimana de otra anterior, iniciada en 2018, y cuestiona la gestión del sistema de reparto «para que todas las causas relacionadas con el independentismo catalán recaigan en este único juzgado» que dirige García Castellón.

Durante este tiempo, dice la defensa, no han investigado los hechos «más allá de escuchar la vida privada de diversos líderes independentistas y multiplicidad de ciudadanos catalanes sospechosos por el hecho de ser independentistas o cercanos al independentismo o, simplemente catalanes».

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