El Gobierno pone en riesgo una oposición tras 'olvidar' incluir plazas para discapacitados

Miles de interinos que soñaban con convertirse en funcionarios se encuentran en el limbo. El Tribunal Supremo anuló parcialmente a principios de febrero el real decreto con el que el Gobierno lanzó la oferta para estabilizar a miles de trabajadores de la Administración General del Estado antes de que finalice el año, como solicita Europa. El fallo solo afecta a las 573 plazas de concurso convocadas para consolidar a los secretarios e interventores municipales. Uno de los aspirantes recurrió el proceso porque el Ministerio de Hacienda y Función Pública no incluyó la reserva legal de plazas para discapacitados.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 25 de mayo de 2022 la convocatoria que aprobó el departamento que entonces dirigía María Jesús Montero con más de 9.000 plazas, la mayoría para estabilizar a funcionarios, como se comprometió el Gobierno ante la UE. Para conseguirlo, los secretarios-interventores disponen de dos vías: a través del concurso-oposición (114 plazas, ocho para discapacitados) o mediante concurso (573 plazas, pero ninguna reservada a personas con dificultades de movilidad o sensoriales).

El examen tuvo lugar el pasado 24 de junio en Madrid, pero aún no se ha resuelto. El recurso que presentó uno de los aspirantes, que padece una discapacidad, pone en jaque el proceso. Los opositores consultados por THE OBJECTIVE temen volver a la casilla de salida y demandan una solución al Gobierno. La mayoría de estos habilitados nacionales trabajan, pero en municipios pequeños, alejados de su tierra y como interinos. «Vivimos en una gran incertidumbre», reconoce uno de los más de 3.000 profesionales que se presentaron a las pruebas.

Los argumentos del Gobierno

Un secretario-interventor de un pequeño pueblo de Ávila decidió recurrir la convocatoria al advertir que no incluía el cupo mínimo del 7% de vacantes destinado a personas con discapacidad que establece el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). El olvido también vulnera la directiva europea que prohíbe la discriminación en el acceso al trabajo. El recurrente solicitó al Supremo por vía contenciosa-administrativa que se incluyera la reserva, así que el proceso está ahora en punto muerto.

«Está en su derecho de reclamar», reconoce Lorenzo Campillo, presidente de la recién creada Asociación Nacional de Secretarios Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti). En su opinión, se debe reiniciar el proceso y reconocer las 39 plazas de discapacitados que corresponden a la fase de concurso. Campillo desconoce qué solución tomará el Gobierno. Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública explican a este diario que los servicios jurídicos siguen estudiando la sentencia.

La opción de repetir los exámenes está encima de la mesa del departamento que dirige José Luis Escrivá. Una decisión que ya tomó el año pasado Cataluña. La Generalitat externalizó el proceso para estabilizar al personal público, pero la empresa encargada dejó sin control algunas aulas y eso permitió que muchos aspirantes copiaran. El caso le costó el cargo de directora general de Función Pública a Marta Martorell.

La sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, declara nula la convocatoria, pero solo en el punto que corresponde a las 573 plazas de secretarios e interventores de la Administración local por «no prever la reserva legal para discapacitados». El Abogado del Estado, que defiende al Gobierno, rechazó la denuncia con dos argumentos. Por un lado sostenía que en un concurso «deben tenerse en cuenta los méritos ya adquiridos por los aspirantes, de manera que desaparece la razón de ser de la reserva legal para discapacitados».

Méritos de los aspirantes

El Abogado del Estado también alegó que la reserva legal para discapacitados «no tiene justificación en esta sede porque los discapacitados (como interinos) que aspiran a la estabilización mediante esta oferta de empleo público ya se beneficiaron de la reserva legal al acceder interinamente a una plaza en la Administración». Una tesis que echaron por tierra los magistrados del Supremo al considerar que esa misma justificación habría servido para el resto de plazas que convoca al real decreto.

Los magistrados también descartan el otro argumento del Abogado del Estado. Consideran que «no es evidente e innegable que en un concurso, al valorarse solo los méritos ya adquiridos por los aspirantes, no tenga sentido la medida de acción positiva aquí examinada. Siempre cabe razonablemente pensar que al aspirante en situación de discapacidad le ha costado más que a otros lograr determinados méritos». El alto tribunal también reprocha al Gobierno que incumpliera el artículo 59 del EBEP.

A la incertidumbre que viven con el proceso en marcha se une la indignación que arrastran desde que se anunció la convocatoria. Los secretarios-interventores critican el escaso número de plazas de estabilización que ha lanzado el Gobierno, apenas 687 incluyendo ambas fórmulas, cuando se han presentado más de 3.000 interinos con una antigüedad acreditada de seis años en sus ayuntamientos, el doble de lo que permite la legislación europea.

La oferta supone que solo un quinto de los profesionales se convertirá en funcionario, «una amenaza» para miles de municipios en España, especialmente los más pequeños. «El alma de un ayuntamiento es su secretario. Más del 40% de los consistorios se encuentran en una situación de interinidad. En provincias como Guadalajara o Cuenca llega al 70%», se lamenta Campillo.

El presidente de Ansiti subraya que las jubilaciones en los próximos cinco años van a ser masivas y que ni siquiera se cumple con la tasa de reposición. Demanda al Gobierno un proceso de estabilización con al menos 2.500 plazas, aprovechando que el Supremo ha anulado el proceso de los secretarios-interventores. También existen recursos interpuestos contra la fase de concurso-oposición porque las bases solo contabilizan méritos por 10 años de servicio y «hay compañeros que llevan 35 años de interino».