La Fiscalía archiva la denuncia de Vox contra Revuelta por desviar fondos de la dana
El Ministerio Público considera que «no aportaba datos sustanciales» y «era muy genérica»
Los jóvenes de Revuelta posan en el interior de la nave de Arganda del Rey junto a voluntarios, recogiendo ayuda para los afectados por la dana. | Kevin Borja
La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia que presentaron dos trabajadores de Vox, Arturo Villa, asesor de Jorge Buxadé en Bruselas, y Javier Esteban, el exjefe de redes sociales investigado por agresión sexual a un menor de edad, contra Revuelta por el desvío de fondos destinados a los afectados por la dana de Valencia. El auto señala que la denuncia, interpuesta por los dos jóvenes siguiendo directrices de la cúpula «no aportaba datos sustanciales» y «era muy genérica».
Según el relato de los denunciantes, los miembros de Revuelta habían mantenido en sus cuentas 105.000 euros, cuando, inicialmente, ese dinero estaba pensado para destinarlo a los afectados por la tragedia que asoló el litoral valenciano a finales de 2024. En la misma línea, tanto Villaroya como Esteban advertían en la denuncia de que el presidente de la asociación, Jaime Hernández Zúñiga, había hecho uso de una furgoneta de la organización para fines privados, o que se cargó facturas falsas de 5.000 euros, entre otras acusaciones que el Ministerio Público de Madrid finalmente ha desestimado.
Al conocerse esta denuncia, Pablo González Gasca, secretario general de Revuelta, salió en defensa de Jaime Hernández y cargó contra los denunciantes, asegurando que estas acusaciones eran falsas y respondían a una estrategia fallida de Vox, que pretendía hacerse con este satélite juvenil. En este sentido, THE OBJECTIVE publicó una serie de audios que apuntaban en esta dirección, como aquel en el que el propio denunciante, Arturo Villa, decía estar «seguro de que las cuentas están bien».
En otro publicado por este medio, el otro denunciante, Javier Esteban, apuntalaba esta tesis, admitiendo que los dirigentes de Vox «lo único que querían, de verdad, era Revuelta», y que se habían «extralimitado» en su presión a los jóvenes revoltosos hasta el punto de cometer un «chantaje»: «La han cagado; se han pasado tres pueblos».
Según la reconstrucción de los hechos que pudo hacer este periódico, con todos los elementos de juicio a su disposición, la tensión entre Vox y Revuelta comenzó cuando el partido conservador intentó integrarse la asociación juvenil, extremo al que Jaime Hernández, ex trabajador que había sido externalizado junto a otros tres por 262.000 euros anuales, se negó. Ante la negativa, la presión sobre Gasca y Hernández aumentó, con el pretexto de la necesidad de depurar supuestas irregularidades en las cuentas.
En una reunión en la sede nacional de Vox, Jorge Buxadé y Montserrat Lluis pidieron a los jóvenes las cuentas íntegras, pero estos se negaron a mostrarlas sin firmar un acuerdo de confidencialidad, pero comprometiéndose a iniciar una auditoría externa e independiente. Sin embargo, la auditoría dejó de valer de un día para otro para la dirección del partido, que exigió como única salida un documento en el que se admitían irregularidades, firmado por Arturo Villa y Javier Esteban, pero no por Pablo González Gasca.
Al no rubricar Gasca, Villa y Esteban fueron a la Fiscalía a denunciar irregularidades. Más tarde, Vox denunció a sus ex juventudes oficiosas ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante y acusa a Hernández de haberse quedado con «cientos de miles de euros por parte de terceros de cuantiosas ayudas para las víctimas o afectados de la dana» a través de Asoma. Sin embargo, los jóvenes sostuvieron desde un principio que la ruptura no tenía nada que ver con supuestas corruptelas.
Una batalla política
Fuentes conocedoras del conflicto relataron a THE OBJECTIVE que «Vox quería integrar Revuelta en el Sindicato Solidaridad porque pensaban que había mucho dinero». Para conseguirlo, recibieron «presiones para firmar documentos admitiendo irregularidades», algo a lo que se negaron. Esas presiones, sin embargo, sí que sirvieron para convencer a Arturo Villarroya y Javier Esteban, que «firmaron y denunciaron a Revuelta porque el partido les prometió compensarles».
Estas mismas fuentes aseveraban que todo respondía a una batalla «por el control de Revuelta, a lo que se negaron, y lanzaron a sus propios cachorros contra ellos para que se mataran entre sí». «Querían desactivar Revuelta porque no lo controlaban». Esta era una preocupación que bullía en la cabeza de Kiko Méndez-Monasterio, el asesor áulico de Santiago Abascal. El archivo de la denuncia es el enésimo indicio de que todo fue una batalla política por el control de una asociación demasiado revoltosa.
En las próximas semanas, Revuelta llevará a cabo una ofensiva mediática y judicial para limpiar su imagen. El primer paso en este sentido será la presentación ante la opinión pública de una auditoría externa que demuestra, según adelantan, que no hubo desvío de fondos de los afectados por la dana. Gasca, por otro lado, emprenderá acciones legales contra Buxadé y Lluís por presuntos delitos de acoso laboral, entre otros.
«La Fiscalía archiva la denuncia falsa de la directiva de Vox contra Revuelta por malversación de fondos. Siempre hemos sido inocentes y lo demostraremos hasta las últimas consecuencias. Seguiremos denunciando el juicio político y mediático que ha articulado la directiva empresarial de Vox por nuestra negativa a entregarles Revuelta. Solo respondemos ante el pueblo español», ha zanjado en X la asociación.