La fiscal Superior de Madrid abre un expediente a las fiscales «controladas» del 'caso Plus Ultra'
Lastra, apartada tras enfrentarse a García Ortiz, inicia una investigación sobre Pilar Rodríguez y María Luisa Llop
La fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra.
La fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, ha abierto un expediente gubernativo contra las dos fiscales que actuaron en el ‘caso Plus Ultra’ en 2021 y que, según la trama, estarían bajo su control. Se trata de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y la fiscal María Luisa Llop, quien en 2021 solicitó el sobreseimiento de la investigación sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra por importe de 53 millones de euros. El expediente se inicia tras una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa y ha sido remitido a la Inspección Fiscal.
Los mensajes enviados por el que entonces era uno de los principales dirigentes de la aerolínea, Rodolfo Reyes, señalan que la trama se fijó como objetivo obstaculizar el procedimiento judicial sobre el rescate de 53 millones de euros iniciado en los juzgados de Madrid en 2021. Se buscaba, por todos los medios, paralizar la causa y evitar el bloqueo del pago pendiente a la compañía, por valor de 19 millones de euros. La propia trama llamó a esta operación «Kitchen Gabinet».
Almudena Lastra, la fiscal Superior de Madrid que ha abierto el expediente contra las dos fiscales que han salido salpicadas de esa investigación sobre Plus Ultra, está en estos momentos en sus últimas semanas al frente del cargo. La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, decidió no renovarla en su puesto tal y como hizo saber en una resolución del pasado 30 de abril. Cabe recordar que Lastra se enfrentó al ya ex Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz por el caso de la filtración sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. García Ortíz terminó condenado y relevado de su cargo, en el que le sustituyó Peramato.
Una fiscal «controlada»
El último informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, desvela cómo la cúpula de la trama presumía abiertamente de manejar los hilos del Ministerio Público en Madrid para blindar sus intereses. Los volcados telefónicos entregados por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y los recientes registros policiales en España sacan a la luz un plan perfectamente orquestado para cortocircuitar la investigación penal que amenazaba con hundir el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI.
Las pesquisas policiales sitúan en el epicentro de la estrategia al magnate venezolano Rodolfo Reyes Rojas, accionista mayoritario —junto a su mujer— de Plus Ultra. Los documentos reflejan la absoluta tranquilidad con la que los investigados operaban, jactándose de tener la influencia suficiente para «cortar» el proceso judicial que en esos momentos amenazaba su supervivencia en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Rodolfo Reyes, lejos de mantenerse al margen del devenir de la causa, asumió el mando de las operaciones y comenzó a dar directrices directas a su entorno más cercano con un objetivo inequívoco: obstaculizar, neutralizar e intentar «cortocircuitar» de manera definitiva las actuaciones judiciales que dirigía con mano firme la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 15, Esperanza Collazos.
El pánico a que la instructora destapara los vínculos de la aerolínea con el entramado societario venezolano y las presuntas mordidas políticas llevó a la trama a activar todos sus resortes de poder. En las comunicaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), consta de manera detallada cronológicamente cómo se diseñó este asalto a la independencia judicial. Concretamente, el 29 de abril de 2021, Rodolfo Reyes movió ficha de manera agresiva y ordenó de forma taxativa a sus principales colaboradores que había que «cortar» las pesquisas judiciales. Para conseguirlo, la red determinó que debían mantener al corriente de cada paso y de manera milimétrica a Julio Martínez Sola, entonces vicepresidente de la aerolínea, y recurrir sin contemplaciones a la influencia política de José Luis Rodríguez Zapatero a través de su testaferro, Julio Martínez Martínez.