HazteOir y otras acusaciones critican a la Fiscalía por su «defensa» de David Sánchez

Las acusaciones populares HazteOir, Abogados Cristianos e Iustitia Europa, que elevaron idénticos escritos de conclusiones en el juicio a David Sánchez, consideran que el proceso de creación y adjudicación de la plaza fue «arbitrario» e «ilegal» y han tildado de «decepcionante» el papel de «defensa» de la Fiscalía.

Estas tres acusaciones piden seis años de prisión por tráfico de influencias y prevaricación para el hermano de Pedro Sánchez y cuatro para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, así como penas de entre un año y un año y medio para los otros nueve acusados, todos ellos cargos y exresponsables de las áreas de Recursos Humanos y Cultura de la institución provincial.

Las acusaciones populares (siete en total) dedican la jornada de este lunes a elevar a definitivos los informes de los hechos enjuiciados: la creación y adjudicación de las plazas en la Diputación pacense tanto de David Sánchez como de Luis Carrero, amigo personal del anterior, y del cambio de nomenclatura del contrato del hermano del presidente del Gobierno.

Todas ellas consideran acreditados los delitos de tráfico de influencias en concurrencia con el de prevaricación, y de cooperador necesario o inductor en la prevaricación en los casos de David Sánchez y Carrero. Este último delito fue introducido por las tres acusaciones citadas después de que el tribunal de la Audiencia de Badajoz entendiera como prescrito el de aceptación de nombramiento ilegal.

HazteOir

El letrado de HazteOir, José María Pérez-Roldán, ha tildado los hechos enjuiciados de «representación teatral dividida en varios actos». Este juicio «no versa sobre simpatías políticas ni temas mediáticos; se trata de conocer si una Diputación puede ser una central hidroeléctrica con todo tipo de enchufes», ha dicho.

En su opinión, las declaraciones de los once acusados y de los testigos, sumada a la prueba documental, revelan que hubo «un traje de Cenicienta» para David Sánchez, «un ermitaño» que sabía dónde «tenía la ermita» antes de que se conociera públicamente, ha continuado. Por ello, considera culpables al conjunto de los acusados, entre los que figuran cargos y exresponsables de las áreas de Cultura y Recursos Humanos de la Diputación.

El letrado ha introducido un prisma político al exponer que en el impase entre la creación de la plaza y su adjudicación a David Sánchez se produce el congreso federal del PSOE (junio de 2017) y que el padre de este y de Pedro Sánchez fue director general en el Instituto Nacional de Artes Escénicas en los años 80. A su juicio, este apunte fue «uno de los motivos inspiradores del cambio» de denominación del contrato de David Sánchez, de ‘coordinador de las actividades de los conservatorios’ a ‘jefe de las Oficina de Artes Escénicas’ en la Diputación.

Para la letrada de Abogados Cristianos Polonia Castellanos, el puesto de David Sánchez partió de la Presidencia de la Diputación (Gallardo), como refleja «el demoledor informe» de la Unidad Central Operativa (UCO) de las muchas «irregularidades» de todos los procesos de las plazas, a pesar de los intentos de los diversos cargos de la institución provincial de dar «imagen de legalidad». Ha subrayado que el juicio ha demostrado que hubo dos actas en la valoración de los candidatos para la plaza de coordinador; una refleja que hay seis candidatos aptos y en la segunda «solo es apto David Sánchez».

Iustitia Europa

El letrado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha incidido en su intervención en que nadie «justificó» la creación de la plaza que luego fue adjudicada a David Sánchez y que la participación de los funcionarios o cargos que intervinieron en dicho proceso y aquí acusados «les vino impuesta».

Sobre la comisión asesora del puesto, ha remarcado que esta fijó los criterios de valoración de los candidatos cuando ya estaban citados para las entrevistas. Asimismo, ha resaltado que en uno de los correos intervenidos se habla de que el proceso de las entrevistas fue «un trámite residual» y que la propuesta para que el contrato de David Sánchez fuera de alta dirección carecía de firmas electrónicas en origen.

«Se firmaron a mano» y con posterioridad, coincidiendo con la fase de investigación en la que se solicitaron documentos. «Fue una fabricación», ha dicho Pardo.