Turquía busca a 1.112 sospechosos ligados al golpe de Estado fallido de 2016. Las autoridades turcas han emitido este martes órdenes de detención contra 1.112 personas por presuntos vínculos con el clérigo musulmán –asentado en Estados Unidos– Fethullah Gulen, a quién Ankara culpa del intento de golpe de Estado. Así lo ha comunicado la agencia estatal de noticias turca, Anadolu.
La campaña del referéndum constitucional de Turquía que fortalece el poder del presidente Recep Tayyip Erdogan no fue equitativa, según ha indicado este lunes una misión conjunta de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa. El referéndum constitucional celebrado el domingo en Turquía no cumplió con los estándares democráticos, debido sobre todo a la «falta de imparcialidad» en la campaña, han asegurado.
La Unión Europea ha instado al gobierno turco a buscar el más amplio acuerdo posible después de la ajustada victoria del presidente Recep Tayyip Erdogan en el referéndum que le otorga más poderes, un resultado que la oposición cuestiona y exige que se lleve a cabo un nuevo recuento.
«Nosotros alimentamos a 3,5 millones de refugiados en este país, ustedes no han cumplido sus promesas”, aseguró el mandatario turco en una intervención retransmitida por la cadena CNNTürk. Las promesas a las que se refiere Erdogan se enmarcan dentro del acuerdo pactado en marzo de este año, según el cual Turquía acoge a aquellos refugiados que viajaron ilegalmente hacia las costas europeas. A cambio, la Unión Europea apoyaba económicamente el cuidado de los refugiados, se comprometió a traer desde Turquía a un número de refugiados equivalente al de expulsiones y prometió liberalizar su régimen de visados para viajeros tucos, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. En su discurso, Erdogan recuerdó que la UE «necesita a Turquía» como refuerzo .
El fallido golpe de Estado ocurrido el 15 de julio supuso un punto de inflexión en las relaciones entre la UE y Turquía. Bruselas ha criticado las represalias tomadas por Erdogan en lo que parece una deriva dictatorial que se ha traducido en detenciones sistemáticas. Desde que tuvo lugar el fallido golpe el Gobierno, el mandatario turco ha llevado a cabo más de 110.000 detenciones entre jueces, profesores, policías, militares y funcionarios.
“La pena de muerte no es cuestión de debate en Turquía, no existe. No podemos confundir las manifestaciones de los primeros días de una población traumatizada que clamaba justicia contra los agresores terroristas, con un debate formal sobre esta cuestión”, ha dicho el cónsul de Turquía en la entrevista. Aseguró que el único objetivo de estas medidas excepcionales es eliminar dentro de los límites establecidos por el estado de derecho el movimiento que lidera el clérigo musulmán Fethullah Gülen, al que califica de “organización terrorista” y al que acusa de haberse convertido en un “Estado paralelo”. Lea la entrevista completa en Investigations.
En vista de los arrestos y de los cierres de medios, la Federación Internacional de Periodistas ha solicitado a la Unión Europea que exija al gobierno turco que rinda cuentas por las violaciones a la libertad de prensa. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se comunicó vía telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, para expresarle que espera que su país dé cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Así lo ha informado el portavoz de Ban, Farhan Haq, quien agregó que el secretario general también mostró su preocupación por las implicaciones del decreto gubernamental sobre el estado de emergencia, “que emplea un número de medidas que restringen el pleno ejercicio de los derechos individuales”.
“Mucha gente ha sido arrestada, pero esto no ha llegado a un fin. Estas detenciones nos proveerán de muchos nombres durante los próximos días”, ha dicho Erdogan. En total, unas 60.000 personas, entre soldados, policías, jueces, funcionarios públicos y maestros han sido suspendidos, detenidos o se encuentran bajo investigación, tras el golpe fallido. Sólo el Ministerio de Educación ha suspendido a 6.500 de sus empleados, mientras que unos 626 centros educativos, la mayor parte de ellos privados, han sido cerrados.
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