El 15 de junio de 2012, cerca de un centenar de policías armados desalojaron de forma violente a un nutrido grupo de campesinos que habían ocupado un terreno de 2.000 hectáreas, conocido como Marina Cué. La presencia policial acabó en una tragedia que desencadenó una polémica política que le estalló en la cara al entonces presidente Lugo. El mandatario, muy criticado por no impedir “la matanza de Curuguaty”, acabó dejando el cargo.
Ante el cúmulo de irregularidades y las numerosas preguntas sin resolver sobre lo que realmente ocurrió aquel aciago día, el proceso judicial sufrió varias suspensiones, hasta ahora cuando, finalmente, se ha dictado sentencia. Varias ONGs han denunciado también irregularidades en la investigación.
En el origen del conflicto está una política de Estado de la época del Gobierno de Nicanor Duarte, que entregó la propiedad por decreto al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Entonces, un grupo de familias campesinas sin tierra se instaló en estos terrenos a la espera de que el Indert le entregara esa propiedad, de acuerdo con la reforma agraria. El dueño de la propiedad denunció los hechos y después de años de litgio, el caso acabó en la conocida matanza de Curuguaty.
