El caso Nóos: punto y seguido a seis años de proceso judicial

El esperado fallo sobre el caso Nóos emitido por las magistradas de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Eleonor Moyà, Rocío Martín y Samantha Romero, supone un punto y seguido a este largo proceso judicial relacionado con el escándalo de corrupción más mediático que se recuerda. Y el más extraordinario, porque, por primera vez, un miembro de la familia real española se ha sentado en el banquillo de los acusados. Una imagen devastadora para la Monarquía, institución que ha sufrido un gran desgaste desde que comenzó todo. Y es un punto y seguido porque el fallo puede ser recurrido ante el Supremo, como ya han avanzado las defensas de algunos de los procesados, y porque aún está por ver si los dos principales condenados a penas de cárcel, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, entrarán o no en prisión.

El Origen

Antes de caer en desgracia, Iñaki Urdangarin no sólo era Duque de Palma y marido de una infanta de España, sino también el yerno favorito del rey Juan Carlos I, además de cuñado y amigo del príncipe Felipe. Así que el exjugador de balonmano decidió aprovechar esa situación de privilegio que le daba formar parte de la Familia Real para emprender su propio negocio junto con su ex profesor, Diego Torres, quien creó el instituto Nóos en 1999.

Empezaron a reunirse con dirigentes políticos para acceder a diferentes administraciones con objeto de obtener contratos millonarios por trabajos de asesoramiento sin necesidad de someterse a concurso público. La impunidad con la que la pareja se movía estuvo a punto de irse al traste al poco de comenzar cuando un periodista de Mallorca desveló la existencia de negocios de dudosa legalidad por parte del yerno del rey. Casa Real, que sabía de dichos negocios ,según aseguró en el juicio el propio Urdangarín, y que no había puesto reparos hasta entonces, ante esa primera información decidió llamar a capítulo al marido de la infanta. Un miembro de la Casa Real no podía hacer negocios, le dijeron.

 

Casa Real advirtió al yernísimo que dejara Nóos ante las primeras informaciones sobre posibles actuaciones poco ejemplares

Le recomendaron, todo según las declaraciones de Urdangarin y Torres durante el juicio oral, que hicieran de Nóos una fundación, una entidad «sin ánimo de lucro», no «sinónimo de lucro» como siguió siendo, a tenor de la fiscalía anticorrupción, que terminó acusándolos de desviar más de seis millones de euros de fondos públicos entre 2003 y 2010. Con la impunidad de quien se sabe intocable por ser miembro de la primera institución del Estado, Iñaki siguió ganando dinero de forma irregular. Además, para evitar pagar impuestos y que no se conociera su actividad mercantil, el Duque de Palma creó Aizoon, una empresa familiar que funcionó como pantalla para evadir impuestos y que, según Urdangarín, su mujer – licenciada en Ciencias Políticas y con un trabajo fijo de responsabilidad en la Fundación La Caixa – «conocía vagamente» lo que se hacía en esta empresa participada por el matrimonio al 50%.

Las primeras sospechas 

En 2006, el Grupo Socialista pregunta al gobierno balear de Jaume Matas que explique el pago de 1,2 millones de euros al Instituto Nóos para organizar un encuentro internacional sobre turismo y deporte, ya que considera la cantidad desorbitada. Empezó entonces el comienzo del fin para Nóos, porque algún medio como El Diario de Mallorca se hizo eco caso de dicha pregunta y, posteriormente y, de forma casual, el juez de la Audiencia Provincial de Palma, José Castro, y el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, se encontraron con Nóos cuando investigaban el famoso caso Palma Arena. Su principal encausado era el presidente del Gobierno balear y ex ministro del PP, Jaume Matas. A los investigadores les llama la atención dos pagos de más de dos millones de euros al Instituto Nóos entre 2005 y 2006 por parte del gobierno balear.

Y así fue cómo, tirando del hilo, el juez se encontró con que Nóos también había recibido importantes cantidades de dinero de otras administraciones como la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y el de Madrid. Ante la gravedad de los hechos, Castro abrió una pieza separada: el caso Nóos.

Según el fiscal Pedro Horrach, «el Instituto Nóos se presentaba ante terceros como una entidad sin ánimo de lucro con la misión de realizar investigaciones de interés general sobre los procesos de formulación e implementación de las estrategias de patrocinio, mecenazgo y responsabilidad social, así como sobre la importancia de los sistemas de inteligencia de mercado para medir su eficacia». Pero en realidad «solo era humo» e Iñaki Urdangarin se aprovechó de su posición social «para generar confianza en los interlocutores y potenciales clientes, aparentado solidez científica y técnica (de Nóos)».

El juez Castro y el fiscal Horrach 

Cuando el juez José Castro, instructor de la causa, se hizo cargo de este caso, sabía que tenía entre sus manos lo que de forma coloquial se conoce como una ‘patata caliente‘. Supo que recibiría presiones, críticas, pero no imaginó que acabaría con la, hasta entonces, estrecha amistad que mantenía desde hacía años con Pedro Horrach, fiscal anticorrupción de Palma, con el que había trabajado estrechamente hasta que se interpuso entre ellos la infanta Cristina.

Un Pedro Horrach que, por momentos, actuó como si fuera el abogado defensor de la infanta y que trató por todos los medios que la hija y hermana de reyes no se sentara en el banquillo, tratando de exculparla y echando sobre su marido toda la responsabilidad de la trama de corrupción. La insistencia del juez Castro en que la infanta conocía perfectamente el entramado y las numerosas pruebas que así lo atestiguaban, acabó por romper una amistad de años. Castro no logró imputar a la infanta más que por dos delitos fiscales.

El fin de la impunidad

En julio de 2011, el ya ex socio de Urdangarin, Diego Torres, declara como imputado. Hasta entonces nadie se atreve a tocar al todavía Duque de Palma, entre otras cosas, porque la Casa Real se había encargado por entonces de ‘sacarlo’ de España. En 2009, cuando Nóos ya aparece en algunos medios de comunicación y empiezan las sospechas sobre posibles irregularidades, Urdangarin y su familia se van a Washington a vivir. El presidente de Telefónica, César Alierta, ficha al duque como un favor personal del rey.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach trató por todos los medios evitar que la infanta fuera imputada, cargando toda la responsabilidad de los presuntos delitos a su marido

 

Mientras, el juez Castro sigue trabajando y en 2011 cita a Diego Torres como imputado. El exsocio de Urdangarin no está dispuesto a comerse el ‘marrón’ sólo y empieza hacer públicos correos electrónicos entre él y Urdangarin, entre éste y miembros de la Casa Real, como el secretario de las infantas, Carlos García Revenga. Los medios de comunicación se hacen eco de estas informaciones y la Corona comprende que aquello ya no hay quien lo pare, así que en diciembre de ese año, Urdangarin es apartado de las actividades oficiales. El rey Juan Carlos había decidido dejar caer a su yerno. El 24, durante el tradicional mensaje de Nochebuena, recuerda que la «ley es igual para todos», y el día 29, el Duque de Palma es imputado por presuntos delitos en relación con el caso Nóos.

Iñaki, imputado

En febrero de 2012, se produce la primera declaración de Urdangarin ante la justicia, en la que asegura que hace años que no tiene nada que ver con Nóos y acusa a su exsocio de haber seguido con los negocios en solitario. Torres mantiene su defensa centrada en tratar de implicar a la Casa Real con los famosos correos y con el mismo caso Nóos. Durante ese año 2012 se suceden las noticias. Por un lado, se publica que el conde de Fontao, asesor de la Casa Real, había hablado con Urdangarin para transmitirle el mensaje del rey de que dejara su actividad en Nóos, ya convertido en Fundación. El propio asesor del rey así lo reconoció después cuando tuvo que prestar declaración en el juicio en calidad de testigo. Según las investigaciones y las declaraciones de Torres, el Duque hizo caso omiso a la sugerencias de su suegro. Al mismo tiempo, el fiscal Horrach sigue empeñado en evitar la imputación de la infanta, frente a la opinión del juez instructor que considera necesario que la hija del rey declare.

Con la llegada de 2013, Urdangarin y Torres reciben un jarro de agua fría cuando la Fiscalía les imputa un presunto delito fiscal. La situación penal del Duque tiene una respuesta contundente por parte de la Casa Real, que le retira de la web oficial. Lo peor estaba aún por llegar y en abril de ese año el juez imputa a la infanta Cristina. Anticorrupción se opone a la imputación y comienza un tira y afloja entre juez y fiscal respecto a si la hija del rey debe o no declarar ante la justicia. El fiscal recibe el apoyo de la Abogacía del Estado y de la propia Audiencia de Palma, que rechaza el auto del juez citando a Cristina de Borbón como imputada por el caso Nóos.

Castro es acusado en varios medios de querer ser un «juez estrella», incluso de ser republicano y hay incluso un intento por manchar su imagen. Otros sectores apoyan públicamente al juez por su «valentía», sobre todo, después de pedir a la Agencia Tributaria que investigue supuestas irregularidades de la infanta, una medida que vuelve a encontrarse con la oposición de la Fiscalía.

La infanta, imputada

En enero de 2014, el juez Castro imputa a la infanta, y un mes después, la imagen de la hija del rey acudiendo a la Audiencia de Palma para ser interrogada da la vuelta al mundo. En su declaración, Cristina de Borbón asegura que no tiene nada que ver con la empresa familiar Aizoon y mucho menos con Nóos. Ella confiaba plenamente en su marido, declara. A pesar de eso, el juez dicta meses después un auto donde mantiene su imputación por dos delitos fiscales y blanqueo, y propone que se juzgue a un total 17 personas. El fiscal recurre la imputación de la infanta por considerar que está basada en «meras conjeturas«.

En noviembre, sin embargo, la Audiencia confirma la imputación de la infanta como cooperadora en dos delitos fiscales pero rechaza la imputación por el delito de blanqueo de capital. La abogada de Manos Limpias mantiene la acusación contra la infanta y pide para ella ocho años de cárcel. La Fiscalía sólo pide que abone 587.413 euros por haberse lucrado y la Abogacía del Estado le solicita 168.571 euros. Para Urdangarin la fiscalía pide 19 años y medio de cárcel mientras que Manos Limpias solicita 26 años y medio. En diciembre, la noticia de portada es el auto dictado por el juez Castro en el que anuncia apertura de juicio oral contra Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin y otras 15 personas, por su presunta relación con el caso Nóos. En 2015, el rey Felipe VI decide retirarles el título de Duques de Palma a Cristina e Iñaki que Don Juan Carlos les había concedido cuando se casaron en 1997. Además, les excluye como miembros de la familia real en un último intento por preservar la imagen de la Corona.

El juicio y la sentencia

El sumario del caso Nóos cuenta con 100 tomos y más de 76.000 folios. El juicio oral se fija para el 11 de enero de 2016 y se confirma que la infanta deberá sentarse en el banquillo de los acusados, aunque hay un intento para evitarlo a través de la denominada doctrina Botín. Al final, no se acepta y, de nuevo, la hija y hermana de reyes es portada en todos los medios nacionales e internacionales. Su imagen, sentada en la sala junto al resto de encausados es devastadora, como lo fue también cuando se sentó delante del tribunal para declarar y contestar a las preguntas de sus abogados y del tribunal, el 3 de marzo de 2016. Casi 600 periodistas se acreditaron para cubrir el juicio del año. Durante seis meses se sucedieron las declaraciones de imputados y de testigos. El juicio quedó visto para sentencia en junio después de 5 años y 11 meses de proceso.

El 17 de febrero se hace pública la sentencia en la que la infanta queda exonerada del delito de cooperadora necesaria en dos delitos fiscales atribuidos a su marido. Su satisfacción, como ha contado su abogado, Miquel Roca, se ha visto empañada por el «disgusto» por la condena a seis años y tres meses de cárcel para su marido. «Considera que es injusto y ella sigue confiando en inocencia de su marido», ha dicho Roca. La Fiscalía pedía para Urdangarin más de 19 años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo de capitales. Los mismos delitos por los que ha sido condenado el ex socio Diego Torres, sobre el que ha recaído la mayor condena: ocho años y seis meses.

La cuestión ahora es saber si el cuñado del rey entrará en prisión y, en caso afirmativo, cuándo.

Texto de la Sentencia publicada el 17 de febrero de 2017.