Denuncian en Francia a Uber Eats y Deliveroo por trata de seres humanos

Varias asociaciones de apoyo a repartidores de las plataformas de reparto de comida estadounidense Uber Eats y británica Deliveroo en Francia han presentado una denuncia penal por trata de seres humanos ante la Fiscalía de París. En el origen de la iniciativa se encuentran cuatro colectivos, entre ellos la Maison des livreurs (Casa de los repartidores) de Burdeos y la Maison des coursiers (Casa de mensajeros) de París, que buscan que se reconozcan penalmente prácticas que califican como un «sistema de explotación», informó este jueves la prensa local, al confirmar la información adelantada por Le Parisien y Sudouest.

El abogado de los demandantes, entre los que están también las asociaciones de apoyo a los repartidores Amal y Ciel, Thibault Laforcade, sostuvo en declaraciones a EFE que los elementos reunidos encajan con la definición legal de ‘trata de personas con fines laborales’. Laforcade mantuvo que, tras dos años de trabajo con otros tres abogados y con investigadores, está convencido de que «la trata de seres humanos está claramente caracterizada» y «jurídicamente fundamentada» en esta demanda contra Uber Eats y Delivero.

El objetivo es «afirmar alto y claro que los repartidores no tienen menos derechos que otros ciudadanos, y movilizar la justicia para poner un primer límite a este sistema», que calificó de «infernal». «Es un sistema que ha sido diseñado para que una máquina explote una forma de miseria humana con fines económicos y financieros. Nosotros, humildemente, aportamos pruebas de ello y pedimos a la justicia que lo examine», declaró el letrado.

Se trata, según su conocimiento, de una iniciativa jurídica única en el mundo, ya que «las plataformas han sido demandadas muchas veces, pero generalmente por temas como la recalificación en contrato laboral, trabajo encubierto o cuestiones relacionadas con el algoritmo. Pero sobre la base de la explotación de esta vulnerabilidad, es la primera vez», aseguró.

La denuncia se apoya en testimonios recogidos entre repartidores en todo el país, así como en diversos informes institucionales y de organizaciones que alertan sobre las condiciones de trabajo en el sector. Denuncian, entre otras cosas, ingresos insuficientes, jornadas extensas y una fuerte dependencia económica, que afecta en gran medida a trabajadores inmigrantes.

Según un estudio realizado en 2025 por Médicos del Mundo y otros centros de investigación, los repartidores trabajan en promedio 63 horas semanales por unos 1.480 euros brutos al mes. Además de la denuncia penal, se ha enviado un requerimiento formal a Uber Eats, lo que supone un paso previo a una posible acción colectiva por ‘discriminación’.

En este sentido, los colectivos señalaron en particular la organización por un algoritmo que asignaría pedidos y tarifas de manera opaca, en perjuicio de los repartidores más vulnerables. Las dos empresas denunciadas rechazaron las acusaciones. Así, Uber Eats aseguró que la denuncia «carece de fundamento», mientras que Deliveroo negó que su modelo pueda equipararse a una forma de explotación. Se calcula que entre 70.000 y 100.000 personas trabajan como repartidores de las dos plataformas en Francia.

El «sueño» de Laforcade y del equipo de abogados que han armado el cuerpo de esta denuncia es que otros letrados indaguen si en los sistemas legales de sus países existe la posibilidad de iniciar procesos similares con la idea de «construir algo más colectivo».

«Queremos que lo que logremos en Francia pueda inspirar a otros a utilizar sus propios instrumentos jurídicos para frenar este sistema», recalcó. Y añadió: «Somos plenamente conscientes de que no se cambiarán de inmediato las condiciones de vida de los repartidores con una decisión de este tipo (presentar una denuncia). Pero imagínese que la justicia francesa decidiera procesar y condenar: sería observado en otros lugares del mundo e incluso podría servir para empezar a frenar esta especie de maquinaria infernal que son las plataformas».