Sin tarjetas bancarias ni Gmail: Trump bloquea a varios jueces del Tribunal Penal Internacional
Washington no descarta ampliar las sanciones por los procesos contra ciudadanos estadounidenses o aliados israelíes
Donald Trump, presidente de EEUU. | Andrew Leyden (EP)
Las represalias que Donald Trump ha venido tomando en los últimos meses contra varios miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI) no son un episodio más de confrontación entre el presidente de Estados Unidos y las instituciones internacionales, sino una demostración de hasta qué punto el orden jurídico mundial depende de EEUU. La Casa Blanca anunció una batería de sanciones, en febrero de 2025, contra ocho jueces y tres fiscales de la institución hayense, por llevar a cabo investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.
No es la primera vez que Washington cuestiona la legitimidad del tribunal, encargado de juzgar crímenes de guerra, pero en esta ocasión ha pasado a los hechos. El presidente Trump ordenó bloquear cuentas bancarias, tarjetas de crédito y hasta las cuentas de Google de los juristas señalados. El desencadenante fue la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la guerra de Gaza. Estados Unidos argumenta que el Tribunal de La Haya carece de autoridad para actuar contra Estados Unidos o Israel, ya que ninguno ha reconocido su jurisdicción, y no tiene «base legítima» para investigar a personas de esas nacionalidades. Trump acusa al TPI de «graves errores», «abuso de poder» y de sentar, con las órdenes de detención, un «precedente peligroso» contra los miembros de las Fuerzas Armadas de ambos países.
Ni Estados Unidos ni Israel han ratificado el Estatuto de Roma, que estableció en 2002 al Tribunal de La Haya, precisamente por temor a que militares, diplomáticos o dirigentes políticos pudieran acabar sometidos a una jurisdicción internacional ajena al control nacional. Tampoco Rusia, China e India se adhirieron al documento, firmado por 125 países.
La legalidad internacional y EEUU
De esta manera, EEUU demuestra una vez más que el marco legal internacional no es un obstáculo para el país más poderoso del mundo, que esta vez aísla con relativa facilidad a los jueces de La Haya. Los once juristas afectados tienen prohibido viajar a Estados Unidos y sufren restricciones económicas que los aíslan del sistema financiero del país norteamericano, vinculado a la mayoría de los bancos del mundo.
El problema puede agravarse si Trump decidiera, como ha amenazado, sancionar de forma global al TPI, que depende, en gran medida, de infraestructuras controladas por empresas o redes estadounidenses: opera desde los Países Bajos, pero necesita bancos conectados al dólar, servicios digitales como Gmail y proveedores tecnológicos que van de la mano de EEUU.
Durante la Guerra Fría, Washington se erigió en el principal garante del orden liberal internacional, la defensa de los derechos humanos y las instituciones multilaterales que nacieron tras la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que ningún tribunal internacional puede estar por encima de la soberanía nacional estadounidense… según las propias leyes estadounidenses.
En los últimos meses, Trump ha intervenido en el escenario global de forma unilateral, como ha ocurrido con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela o la guerra contra Irán en apoyo de Israel, al punto de que ni siquiera ha contado con el Congreso de EEUU. Siguiendo su precepto del «America first», que lo catapultó a la Casa Blanca, el Gobierno norteamericano se ha desvinculado de medio centenar de organismos y convenios internacionales, muchos de ellos de la ONU. Ahora, la crisis en Oriente Medio ha puesto en la mira de Washington al TPI.
Mientras, Europa observa con incomodidad desde el otro lado del Atlántico, con Bruselas obviada pese a la relevancia que ostenta en el mundo del derecho internacional, el multilateralismo y las instituciones comunes. La UE sabe que la situación puede recrudecerse en otros ámbitos que pueden acabar minando su autonomía estratégica, soberanía digital y dependencia tecnológica de los 27. Por este motivo, crece con más fuerza, si cabe, la idea de que el viejo continente necesita desarrollar infraestructuras y tecnologías propias.