Defensa tendrá que revelar el coste de la repatriación de la flotilla de Gaza desde Atenas
Transparencia reprocha al ministerio la falta de datos económicos sobre el operativo del A400M enviado a Grecia
Avión militar que trajo a los españoles de la flotilla.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dado la razón a una reclamación contra el Ministerio de Defensa por la respuesta incompleta que ofreció sobre el despliegue del avión militar A400M enviado a Atenas para repatriar a los españoles de la flotilla rumbo a Gaza. La resolución, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, concluye que el departamento de Margarita Robles no informó inicialmente «sobre todas las cuestiones solicitadas» relativas al operativo y sigue sin revelar el coste concreto del vuelo, el gasto en combustible o el número de militares movilizados.
La solicitud de transparencia se registró el 6 de octubre de 2025, coincidiendo con la operación organizada por el Gobierno para trasladar a España a varios activistas deportados previamente por Israel a Grecia tras la interceptación de la flotilla Sumud. El reclamante pidió conocer el «coste total y desglosado» del vuelo militar, el gasto en combustible, los recursos movilizados, el número de militares desplegados y la legislación que amparó la operación.
Defensa respondió el 21 de noviembre asegurando que el Ejército del Aire había desplegado un A400M con una «tripulación tipo» para efectuar el trayecto entre Zaragoza, Atenas y Madrid. Sin embargo, evitó aportar cifras concretas sobre el coste de la misión o el combustible utilizado y defendió que resultaba «inviable disociar completamente los gastos asociados a un aerotransporte concreto», ya que los costes operativos de estas aeronaves se sufragan de forma global con cargo al presupuesto ordinario del Ministerio.
Información incompleta
El solicitante recurrió ante el CTBG al considerar que la respuesta era insuficiente porque no proporcionaba ninguno de los datos económicos reclamados ni justificaba legalmente la negativa a facilitarlos. En su reclamación sostuvo además que el propio Consejo de Transparencia había avalado anteriormente el acceso a información agregada sobre gastos públicos relacionados con vuelos oficiales y operaciones militares cuando no existe un perjuicio concreto derivado de su publicación.
Durante la tramitación del procedimiento, Defensa amplió posteriormente sus explicaciones y reiteró que no podía ofrecer un desglose individualizado de los costes del operativo. El Ministerio alegó además que no facilita detalles sobre tripulaciones o personal desplazado siguiendo criterios ya aplicados por el propio Consejo de Transparencia en anteriores resoluciones vinculadas a operaciones del Ejército del Aire.
El CTBG concluye que el Ministerio respondió dentro del plazo legal, pero recuerda que no informó inicialmente «sobre todas las cuestiones solicitadas» y que el derecho de acceso a la información pública exige respuestas completas y suficientemente motivadas. El organismo subraya además que fue necesaria la presentación de una reclamación para que Defensa ampliara y detallara posteriormente su contestación.
La operación de repatriación en cuestión generó polémica después de que el Gobierno movilizara un avión militar para trasladar desde Atenas a decenas de activistas europeos expulsados por Israel. Entre los españoles evacuados figuraban dirigentes de la CUP y militantes de Podemos Baleares, además de activistas internacionales como Greta Thunberg.
El Ejecutivo también decidió asumir íntegramente el coste de los vuelos civiles y del despliegue del A400M. El Ministerio de Exteriores defendió entonces que los integrantes de la flotilla se encontraban en una situación de «vulnerabilidad extrema», pese a que la normativa sobre ayudas consulares establece con carácter general la obligación de reintegrar este tipo de gastos públicos salvo circunstancias excepcionales.