Política y economía: qué implica el acuerdo UE-Israel que España vuelve a pedir romper tras el trato a los activistas de la flotilla a Gaza

El acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel vuelve a estar en el punto de mira tras la últimas detenciones llevadas a cabo por el país hebreo en aguas internacionales a activistas de la Global Sumud Flotilla que intentaban romper el bloqueo marítimo y llegar hasta la Franja de Gaza.

Ahora, las tensiones han alcanzado un nuevo nivel después de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, difundiera un vídeo de su visita al puerto de Ashdod –donde se encontraban los cerca de 430 activistas esposados, hacinados y arrodillados cara al suelo–, en el que aparece sonriente y blandiendo la bandera de Israel mientras se burla de los detenidos.

Estas imágenes han provocado una respuesta internacional inmediata, con países convocando a los embajadores de Israel y denuncias públicas, incluida de parte de la Unión Europea, que ha calificado de «completamente inaceptable» el trato dado a los activistas. España, además, ha vuelto a exigir la ruptura del pacto de asociación entre la UE y el país hebreo.

Diálogo político y cooperación económica

En vigor desde el año 2000, aunque se firmó en 1995, el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel supone la base de las relaciones comerciales, políticas y económicas entre ambas regiones, como explica Newtral. En concreto, los principales objetivos de este pacto son: fomentar el desarrollo de las relaciones económicas entre Israel y la UE; crear un marco político en el que se dé el diálogo entre ambas partes; estimular la cooperación regional para llegar a la estabilidad económica y política; y fomentar la cooperación entre la UE e Israel en todas las áreas de interés.

Sin embargo, el acuerdo incluye una cláusula esencial y a la que España lleva tiempo aludiendo para pedir su disolución: el artículo 2 condiciona el tratado al respeto a los derechos humanos y los principios democráticos. «Las imágenes que vimos ayer no son las imágenes de un Estado democrático. Un Estado democrático respeta los derechos humanos, no viola el Derecho Internacional, no asalta de manera completamente ilegal en aguas internacionales a ciudadanos pacíficos», ha denunciado el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

La Unión Europea ha utilizado en varias ocasiones esta cláusula desde al año 2000 para abrir consultas o aplicar medidas limitadas, pero nunca la ha invocado para suspender por completo un acuerdo internacional. Esto se debe, sobre todo, a que para acabar con este pacto bilateral es necesaria la unanimidad de los 27, algo muy difícil en el contexto político actual.

Sánchez pedirá sancionar a Ben Gvir

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España va a impulsar medidas para que la UE aplique sanciones a Ben Gvir por su trato a los activistas de la flotilla. Así, en un mensaje publicado en su cuenta de X, el líder socialista ha calificado de «inaceptables» las imágenes del ministro israelí con los activistas.

«No vamos a tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos», ha denunciado Sánchez, tras lo que ha añadido: «En septiembre anuncié la prohibición de acceso al territorio nacional de este miembro del gobierno israelí. Ahora vamos a impulsar en Bruselas que estas sanciones se eleven a escala europea de manera urgente».