El Gobierno dificulta la consulta de una veintena de proyectos de ley en Transparencia

El Gobierno oculta y complica la consulta de varios proyectos de ley, impidiendo la colaboración ciudadana en su elaboración, según se desprende de una respuesta parlamentaria —a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE— a varias preguntas del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados sobre por qué no actualiza el Portal de Transparencia e integra en el mismo las webs de los ministerios para facilitar su consulta. El Ejecutivo admite que con la renovación de este instrumento administrativo intenta «evitar incoherencias» y «retrasos en la publicidad de los documentos». Los populares han reclamado un portal de consulta unificado, como tenía el Gobierno de Rajoy y las comunidades autónomas del PP, y denuncian que de la respuesta del Ejecutivo se deduce que, si se quiere consultar, hay que dirigirse a las webs de los ministerios, donde muchos no cuelgan sus memorias y que, si interesan, se pidan.

El pasado 21 de octubre de 2025, el Grupo Popular preguntó al Gobierno sobre su intención de utilizar el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado para facilitar la participación de la ciudadanía en los procesos de elaboración normativa, «acabando con la tendencia actual de fragmentación en los portales de los 22 ministerios que dificulta el acceso ciudadano a esta información». Los populares denunciaban que «esta dispersión facilitaba la aparición de disfunciones por la distinta práctica de los diferentes ministerios, destacando que varios de ellos (particularmente Defensa, Cultura, Vivienda o Agricultura) no publicaban las memorias de análisis de impacto normativo (MAIN) de sus proyectos».

A raíz de la primera respuesta del Gobierno, el 20 de marzo los populares presentaron una batería de preguntas. En la exposición de motivos indican que en esta primera respuesta, el Gobierno les dijo que «la normativa en tramitación se puede consultar desde el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado de manera agregada desde el siguiente enlace: Portal Transparencia | Normas en tramitación», y que «en cualquiera de los resultados, se abre una ficha descriptiva de cada elemento normativo que contiene un enlace a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) respectiva del Proyecto».

Al pinchar dentro de ese portal en el apartado «Anteproyectos de Ley», a fecha 18/03/2026 aparecen seis entradas, según la exposición de motivo de las nuevas preguntas del PP: Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de prisión permanente revisable: el anteproyecto es de febrero de 2018; Anteproyecto de Ley del Código Mercantil: el anteproyecto es de 2014; Anteproyecto de Ley de Fundaciones: el anteproyecto es de 2014; Anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores; la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: el anteproyecto es de 2022; Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco: el anteproyecto es de 2017. Y, finalmente, el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia: el anteproyecto es de 2019.

Es decir, «ni una sola de las entradas del Portal [recomendadas por] el Gobierno de España para consultar de manera agregada sus proyectos normativos (y sus respectivas memorias) corresponde al actual Gobierno, formado en 2023». Aunque precisan que en el apartado «Proyectos de Ley» sí aparecen algunos (aunque no todos) de los textos normativos remitidos al Congreso en esta legislatura, con sus memorias e informes. Igualmente, apuntan que «no es menos cierto que es imposible consultar en este portal los textos y memorias de varios anteproyectos de ley iniciados por este Gobierno y que todavía no han sido remitidos al Congreso».

Llegan a la conclusión de que «alrededor de una veintena de iniciativas legislativas del Gobierno no han podido ser consultadas este año por la ciudadanía a través del que debería ser su portal de referencia para conocer la actividad normativa del Ejecutivo». Por último, en relación con la accesibilidad de las memorias de análisis de impacto normativo (MAIN), «si bien el Gobierno remite a su presencia en este portal, la absoluta divergencia de los contenidos del portal con los de los portales de los ministerios no resuelve el problema».

Es decir: «Aunque el portal sí garantiza la presencia de las memorias, como cientos de proyectos normativos nunca aparecen ni aparecerán en dicho portal integrado, nunca se les exige que pongan a disposición esa documentación». Así, «ninguno de los textos normativos sometidos a exposición pública en el presente año en los portales de los ministerios de Defensa, Cultura, Vivienda o Agricultura (que son los que sistemáticamente incumplen su obligación de publicar las MAIN) ha sido accesible desde el Portal de Transparencia de la AGE, con lo que tampoco desde él se han podido consultar dichas memorias».

Renuncia del Gobierno

A la vista de esta situación, los populares quieren saber «por qué motivo se niega el Gobierno de España a mantener actualizado el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado en su apartado de ‘Normas en Tramitación’», y por qué «motivo renuncia el Gobierno de España a integrar los portales de participación de los distintos ministerios con este portal para garantizar que el mismo recoja todos los proyectos normativos de todos los departamentos».

Igualmente, se interesan por saber si «va a hacer algo el Gobierno para impedir que haya proyectos normativos que no puedan ser consultados por la ciudadanía en el Portal de Transparencia de la AGE, como ha sucedido este año con cerca de una veintena de anteproyectos de ley de distintos ministerios»; así como «piensa garantizar el Gobierno que todos los ministerios ponen a disposición de la ciudadanía las memorias de análisis de impacto normativo de sus proyectos normativos si renuncia al modelo de publicación homogeneizada que permitiría el mantener actualizado este Portal integrado».

El Gobierno respondió el 24 de abril al PP subrayando que «la configuración del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado (AGE) responde a un modelo coherente con la distribución de responsabilidades en materia de producción normativa dentro de la AGE». El Ejecutivo apunta a que «el Portal de Transparencia de la AGE actúa como un punto de acceso centralizado y estructurador de la información, facilitando a la ciudadanía el acceso a los procesos normativos mediante enlaces directos a los espacios ministeriales correspondientes».

De esta manera, «se permite mantener la información actualizada en origen, evitar duplicidades y respetar el principio de responsabilidad de cada departamento sobre sus propios procedimientos, dando una visión común y homogénea del conjunto de la actividad normativa en curso». En concreto, asegura el Gobierno que «la información sobre normas en tramitación y normas con tramitación finalizada está centralizada en la base de datos Comisión Virtual que gestiona el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y que se actualiza de forma descentralizada por parte de los equipos de las Secretarías Generales Técnicas de cada uno de los ministerios».

Por su parte, «la información relativa a la participación pública en los procesos normativos —audiencias públicas, consultas previas e información pública— se rige por lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales, publicado por la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, que establece que dichos contenidos deben publicarse en los portales web propios de cada departamento ministerial».

Dicho esto, «cabe señalar que el Gobierno está actuando y lo está haciendo de manera clara» y «se han reforzado los mecanismos de coordinación interministerial, así como los sistemas de seguimiento y control interno, para garantizar que ningún proyecto normativo en tramitación quede fuera de los circuitos de información pública, en especial cuando se encuentre en fases que requieren conocimiento o participación ciudadana».

El objetivo es inequívoco: «Evitar lagunas, incoherencias o retrasos en la publicidad de los proyectos normativos, con independencia del departamento promotor; y lograr una mayor coherencia en la documentación que se pone a disposición de la ciudadanía», dice el Gobierno, a la vez que asegura que «esta actuación se verá reforzada con la próxima puesta en funcionamiento del nuevo Portal de la Transparencia de la AGE». Un portal «concebido desde un enfoque basado en la garantía efectiva de derechos, que permitirá mejorar la visibilidad, trazabilidad y coherencia de la información normativa disponible». En todo caso, «cuando una Memoria de Análisis de Impacto Normativo no se encuentre publicada de forma directa, la ciudadanía puede acceder a ella a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, con todas las garantías que ofrece la normativa de transparencia».