La comunidad internacional se suma a las críticas de los venezolanos por el “golpe de Estado”

Política y conflictos

La comunidad internacional se suma a las críticas de los venezolanos por el “golpe de Estado”
Foto: Carlos Garcia Rawlins| Reuters

La decisión adoptada en la noche del miércoles por el Tribunal Supremo de Venezuela anunciado su decisión de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, ha provocado una avalancha de críticas dentro y fuera del país; una medida insólita calificada por la oposición de «golpe de Estado»  o «autogolpe» orquestado por el presidente Nicolás Maduro y que ya ha provocado los primeros enfrentamientos en la calle entre legisladores arropados por numerosos ciudadanos y las fuerzas de seguridad. La oposición prepara una gran manifestación para este sábado.

Estados Unidos, la Unión Europea, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, Canadá y varios países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina, México, Panamá y Guatemala) han denunciado la sentencia del TSJ.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que calificó de «basura» el documento de la tribunal y acusó a Maduro de impulsar un «golpe de Estado», instó al ejército a no «seguir callado frente a la ruptura de la Constitución», asegurando que «la inmensa mayoría de los oficiales (…) están en contra del caos».

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, muy crítico con el gobierno venezolano, se refirió a la medida del TSJ como «autogolpe» e instó a las autoridades judiciales a devolver las competencias a los legisladores. Para Estados Unidos, la sentencia supone una «ruptura de las normas democráticas».

Desde España, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha expresado su preocupación, asegurando que «si se rompe la división de poderes, se rompe la democracia». Así lo ha manifestado este viernes a través de su cuenta de Twitter.

El Gobierno de Perú, además de criticar la acción del tribunal, ha expresado su rechazo retirando a su embajador en Caracas, al igual que Brasil, por considerar que lo ocurrido en Venezuela supone una «ruptura del orden constitucional».

Por su parte, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, también a llamado consultas a su embajador, mientras que el Congreso de Costa Rica ha solicitado aplicar la Carta Democrática Interamericana de la OEA a Venezuela. Una semana antes de la reunión de la OEA, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió al organismo aplicar la Carta Democrática, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que Maduro calificó como «traición a la patria», delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.

El gobierno de Bolivia es el único que ha defendido la sentencia del TSJ, denunciando un «nuevo ataque que intenta fracturar la democracia, desestabilizar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y desconocer la Constitución Venezolana», según un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores.

Trasfondo económico

El TSJ declaró en desacato al Legislativo en enero de 2016, después de que tres diputados opositores acusados de fraude electoral prestaran juramento. Tras ello, asumió algunas de las competencias. Ahora, la medida tiene también un trasfondo económico ya que se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero. Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público «sin la aprobación de la Asamblea», pero al declarar «omisión legislativa», la corte indicó que no existe «impedimento».

Esto resulta clave para el gobierno, que busca financiación para paliar un déficit fiscal que el Banco Mundial estimó en 11,5% del PIB en 2016. Maduro intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y hacer frente así la grave crisis económica, reflejada en escasez de bienes básicos y una inflación proyectada en 1.660% por el FMI para 2017.

Las elecciones presidenciales están previstas para diciembre de 2018, mientras que las de gobernadores debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 y aún no ha fijado una fecha.