Las víctimas del accidente del Alvia en Galicia llevan al ministerio de Ábalos a los Tribunales
EFE
La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, que representa a los afectados por el accidente mortal en Angrois (Galicia) en julio de 2013, que dejó 80 fallecidos y 144 heridos tras el descarrilamiento de un tren, ha presentado una demanda este jueves contra el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) por «falta de independencia» en la investigación del accidente y por «incumplimiento» de la normativa europea.
Lo más importante: en un informe demoledor la Agencia Ferroviaria Europea -ERA- concluyó que el Gobierno no cumplió con la obligación de investigar la tragedia conforme a las Directiva de Seguridad 49/2004, poniendo de manifiesto la falta de independencia y la invalidez de la investigación realizada por la CIAF, ya que no analizó las causas de raíz, precisamente aquellas que afectan al propio Ministerio, Adif y Renfe. El documento concluye diciendo que deberá abrirse una investigación que cumpla con los requisitos de independencia, objetividad y de audiencia a víctimas y familiares.
El abogado experto en Contencioso- Administrativo, Antonio Benítez Ostos, aclara: «Ya se efectuó una investigación por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, pero no fue independiente. En la misma actuaron, en contra de la que exige la normativa nacional y europea, personal que habían participado en el siniestro, esto es miembros de ADIF, RENFE y del Ministerio de Fomento. El resultado de dicho análisis, por tanto, no fue ecuánime».
Desde Europa se ha sancionado a España por el incumplimiento de las directivas. Afirman haber constatado que se ha quebrado esa independencia al investigar a los miembros de la comisión. Además, la Comisión Europea, ha pedido en varias ocasiones al ministro Ábalos que lleve a cabo una investigación técnica independiente. «El pasado 17 de marzo recibimos una resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la se desestimaba formalmente nuestra solicitud de renovación de parte de los miembros de la citada Comisión, que a día de hoy no goza de independencia», – confirma Antonio Benítez.
A su vez, la CIAF, por presunto de silencio negativo desestimaba llevar a cabo una nueva investigación objetiva tutelada por la ERA y que cumpliese con los requisitos legalmente establecidos, en especial, la independencia de sus miembros, el trámite de audiencia a las víctimas y atienda la totalidad de deficiencias expuestas en el documento de la ERA.
Ante estas negativas, las víctimas y familiares proceden a demandar al ministerio de Ábalos y a la CIAF ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual resulta competente según consta en la resolución del ministerio. «Dice muy poco de nuestras instituciones y de nuestra democracia que aún no se haya puesto en marcha la investigación independiente que ha solicitado la UE reiteradamente. Y es cuanto menos vergonzante que el ministro Ábalos, que lleva dos años y medio ninguneándonos, insista en que tiene «respeto a las víctimas siempre» y, por lo tanto, que el Gobierno «con esa sensibilidad», antepondrá «siempre la aclaración de estas circunstancias». – asegura Antonio Benítez. «Los miembros de la CIAF, están realizando una grave dejación de funciones y faltan al obligado cumplimiento de la Directiva Europea. El Sr. Ábalos no puede eludir su responsabilidad, y debe seguir los dictámenes de la UE».
El abogado considera que la pandemia ha podido ralentizar el proceso, pero que esto ya es un tema político. Cuestión donde no ha habido respuesta para ninguna de las múltiples solicitudes realizadas para reunirse con los distintos ministerios e intentar llegar a algún acuerdo. «La ley del sector ferroviario permite al ministro cesar a los miembros de la CIAF y crear una nueva comisión de investigación técnica independiente, que es lo que demandamos las víctimas para saber la verdad y lo que merece la ciudadanía, para poder mejorar la seguridad ferroviaria española y europea, uno de los objetivos que establece la Directiva en el art. 19. Sin embargo el Sr. Ábalos elude su responsabilidad y nos vemos a acudir a los tribunales».
