Los fondos amenazan con irse a Portugal si sale adelante la nueva ley de vivienda

Tras meses de tensiones en el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos, el Consejo de Ministros aprueba este martes la futura Ley de Vivienda. Un texto que preocupa al sector y a los fondos de inversión en inmobiliario, que ven en Portugal el mercado al que trasladarse. El país vecino ofrece «un trato más amable y más certidumbre», aseguran fuentes del sector a THE OBJECTIVE.

El anteproyecto se centrará en penalizar la vivienda vacía con un recargo del 150% en el IBI (a ejecutar por los Ayuntamientos). Además, se obligará a que las nuevas promociones de vivienda reserven un 30% a vivienda protegida y contendrá la obligación de bajar los alquileres a grandes propietarios (más de 10 viviendas). Está última deberá ser solicitada por cada CCAA si el mercado está tensionado.

Por otro lado, habrá un paquete adicional dentro de los Presupuestos Generales del Estado, que incluirá un cheque a jóvenes que ganen menos de 23.725 euros para acceder a una vivienda en alquiler. El texto limitará la declaración de zona tensionada a un periodo de tres años, con posibilidad de prorrogarse de forma anual si persisten las condiciones que fundamentaron esta consideración.

Se agota la paciencia de los fondos

Se trata de unas medidas que han inquietado al sector desde que empezaron a conocerse. Los grandes tenedores de vivienda, como fondos de inversión internacionales, no han querido pronunciarse públicamente. Sin embargo, fuentes de estos fondos de inversión reconocen a THE OBJECTIVE que «cada vez queda menos paciencia».

España tiene ahora mismo la necesidad de dinamizar su parque de viviendas, principalmente a través del alquiler, y los inversores ven con buenos ojos las oportunidades que ofrece el mercado. Pero estas mismas fuentes reconocen que, «si continúa hacia delante una ley que penaliza el desarrollo y posterior explotación de forma eficiente de estas viviendas, los inversores buscarán sus opciones en otros países no demasiado lejanos».

Los análisis del mercado coinciden en que España necesita algo más de un millón de nuevas viviendas en alquiler a precio de mercado para satisfacer la demanda actual. Como en cualquier otro sector, lo que necesitan estos inversores es «tener claras las reglas del juego para decidir el objeto de sus planes», según fuentes del sector consultadas por este diario.

La inversión se marcha a Portugal

«Lo mas dramático es que no conocemos la letra pequeña, los entresijos de la ley», ha lamentado Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro en declaraciones THE OBJECTIVE. Carroza señala que el 95% de los propietarios en España son pequeños ahorradores por el fomento de la propiedad que han hecho todos los Gobiernos durante los últimos años. «En Alquiler Seguro, el 90% de los propietarios son particulares», asegura. Este portal gestiona en la actualidad más de 15.000 inmuebles. «Legislar planteando que hay un problema con los fondos de inversión es legislar de espaldas al mercado. Que ha habido abusos, también, pero lo que tenemos que hacer es proteger el mercado del alquiler dando seguridad jurídica», añade. 

Desde Alquiler Seguro consideran que este tipo de «medidas populistas» a quien perjudican no es al fondo, «que tarda poco en marcharse a otro lado». En esta línea, Carlos Grande, socio de Abencys, apunta que, «si el inversor no tiene incentivo, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay vivienda nueva y tampoco hay gasto en las existentes, con el consiguiente perjuicio para el arrendatario, que ve limitada su elección. Y si no hay inversión, no hay actividad económica y se incentiva el desempleo».

«Yo tengo fondos de inversión y family office, que son los primeros que notan esa incertidumbre. Están paralizando sus inversiones en España para irse a Portugal», reconoce Carroza a este periódico y añade que con el goteo de anuncios sobre la nueva Ley ha reducido un 35% la oferta en su portal en menos de un año. 

Los expertos consultados por THE OBJECTIVE creen que algunas de estas medidas provocarán efectos contrarios como la reducción de la oferta a causa de la falta de incentivos y el aumento de dificultades para inversores y propietarios. Dichas regulaciones amenazan, según los expertos, la libertad de empresa dentro del mercado, además de ser perjudiciales para la inversión tanto particular como profesional por aminorar la seguridad jurídica. «Se puede decir con relativa seguridad que esta situación podría ahuyentar a posibles inversores, además de hacer peligrar la permanencia de los ya existentes», explican desde el despacho de abogados Abencys.

Reducción de la oferta

Desde el portal Idealista recuerdan a THE OBJECTIVE que leyes similares se han reproducido en diferentes sitios como Barcelona, Berlín o París sin ningún éxito. En Barcelona ya cuentan con una ley de regulación del alquiler que «no ha funcionado» y ha supuesto la desaparición del 40% de la oferta disponible, con la consiguiente dificultad de los inquilinos para encontrar casa.

El sector lleva semanas pendiente de lo que finalmente se apruebe y de la manera en la que se tramite. «Las propias discrepancias del Gobierno hacen que no estemos exentos de sorpresas de última hora», asegura Ferrán Font, director de estudios y portavoz de pisos.com a THE OBJECTIVE.

Muchas de las medidas de la futura ley quedarán en manos de las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, lo que va a generar «disparidad, distorsión del propio equilibrio del mercado». Si fuésemos a una situación de máximos, en la que todas las comunidades apliquen las medidas, se produciría un «impacto importante en la reducción de la oferta, por la inestabilidad jurídica y la menor rentabilidad para un propietario», destaca. Una oferta más reducida o de peor calidad con las consecuencias para el inquilino que esto conlleva. «Esta incertidumbre es extraordinariamente negativa para el inversor, esa reducción de la tranquilidad jurídica tiene impacto sobre la oferta y sobre los precios», concluye Font.