Rajoy insiste en que Puigdemont tiene 48 horas para rectificar y evitar el 1-O

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido, durante la junta del Partido Popular de Cataluña, en que “no habrá referéndum” el próximo 1 de octubre, como pretende el Gobierno de la Generalitat.

“Nos van a obligar a lo que no queremos llegar y seguiremos actuando porque no habrá referéndum. Cuanto más tarde rectifiquen, más daño harán al conjunto de los catalanes. No subestimen la fuerza de la democracia española”, ha afirmado.

La declaración la ha hecho después de que este viernes el Ejecutivo aprobara un mecanismo de control para Cataluña, de forma que el Estado pueda sustituir a las autoridades locales en los pagos, para garantizar los servicios públicos y que no se destine «ni un euro» a financiar el «ilegal» el referéndum independentista del 1 de octubre.

Así lo explicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al término de la reunión semanal del Gabinete, en la que se ha dado un plazo de 48 horas al presidente del Govern, Carles Puigdemont, para que se adecúe a la legalidad o, en caso contrario, asumirá pagos a proveedores, nóminas funcionarios y otros servicios públicos en sanidad y educación.

Por su parte, Rajoy ha insistido en el plazo de 48 horas a Puigdemont. Ha indicando que la medida es un compromiso para garantizar que “no se invierta ni un solo euro en actividades ilegales y que los servicios públicos funcionen”.

En julio pasado el Gobierno central obligó al catalán a justificar cada semana sus gastos -antes era cada mes- para fiscalizar que no desvíe dinero a la consulta independentista sentenciada como ilegal por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, este jueves el responsable económico y vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, escribió a Montoro para decirle que no le enviaría más informes de gastos semanales y que volvería al mensual, lo que supondría que el siguiente justificante llegaría tras el 1 de octubre.

La medida aprobada hoy por el Ejecutivo de Mariano Rajoy supone un control financiero a las autoridades catalanas, en abierto desafío al Estado español con sus aspiraciones independentistas y que ya han llevado a la Fiscalía a querellarse contra el Gabinete regional y otros cargos electos por desobediencia, prevaricación y malversación.