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Los ahogamientos se disparan el 55% en 2022: la falta de socorristas, una de las causas

En 68 de los 140 fallecimientos que han tenido lugar este año debería haber existido servicio de vigilancia

Los ahogamientos se disparan el 55% en 2022: la falta de socorristas, una de las causas

Un socorrista vigilando la playa | Carlos Luján (Europa Press)

La escasez de socorristas profesionales para cubrir los puestos marítimos es una de las principales causas del repunte de fallecimientos por ahogamiento que se está produciendo estos últimos meses en las costas de nuestro país. Así lo aseguran los expertos, que también atribuyen la elevada mortalidad de este año al descuido de los bañistas y a la inoperancia de las instituciones públicas.

En los primeros seis meses de este año se ha producido un incremento del 55% en muertes por ahogamiento con respecto al mismo periodo de 2021, sumando un total de 140 defunciones y superando con creces las 90 del año pasado. Además, este es el segundo mes de junio con mayor número de fallecimientos por esta causa de los últimos ocho años, con 57 personas ahogadas, según los datos proporcionados por el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) que elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (Rfess) desde 2015.

Muertes por ahogamiento en junio de 2022 (RFESS)

Por su parte, en mayo perdieron la vida 30 personas, más del doble que el año pasado en el mismo mes. Un dato que evidencia la falta de profesionales cualificados es que en 68 de las 140 muertes que han tenido lugar este año debería haber existido servicio de vigilancia.

Ante este desolador escenario, Francisco Cano, director de Prevención y Seguridad y portavoz de la RFESS, declaraba hace unos días que «se debería hacer una profunda reflexión sobre si el problema de los ahogamientos en los espacios acuáticos va a ser, de nuevo, el gran olvidado de las instituciones públicas dentro de las causas evitables de muerte».

Precariedad en la formación

Andalucía es una de las comunidades más castigadas por esta lacra. Solo en el mes de junio han sufrido 11 ahogamientos, la segunda región con mayor mortalidad solo por detrás de Baleares. «La falta de profesionales cualificados es, sin duda, una de las razones por las que ha aumentado el número de fallecimientos», declara a THE OBJECTIVE Jorge Natera, director de Costa Sur Socorrismo (Málaga), visiblemente molesto con la situación. «Si a eso le añadimos el aumento de turismo tras la pandemia y la escasa responsabilidad individual de los bañistas, nos encontramos ante esta problemática».

Esta precariedad, afirma, se debe a que «algunos centros no realizan la formación de calidad que se requiere», algo esencial, porque «estamos hablando de salvar vidas». Y revela a este diario que «hay alguna empresa que imparte sus cursos casi íntegramente online», incluso la «reanimación cardiopulmonar» (RCP). «Estas personas no están cualificadas para trabajar en playas o piscinas», sentencia el formador.

«No se respeta el convenio colectivo»

El director de Costa Sur denuncia también la existencia de «competencia desleal», en un mercado en el que las empresas de formación ofrecen «presupuestos contra los que no pueden competir los formadores profesionales». Sin embargo, asegura que «nosotros defendemos la calidad antes que la cantidad».

En este sentido, el experto recalca la importancia de una «buena formación», que sea capaz de preparar a los aspirantes ante «cualquier situación», ya que, de lo contrario, «puede desembocar en el fallecimiento de una persona». Además, advierte de que en muchos casos «no se respeta el convenio colectivo» por parte de las empresas, muchas de las cuales llegan a pagar la irrisoria cantidad de «cuatro euros la hora»; algo «inhumano», que contribuye a que los profesionales formados no quieran trabajar en esas condiciones.

En lo que se refiere a la responsabilidad de las instituciones públicas, Natera critica que «en los ayuntamientos escasean muchísimo los socorristas», llegando a disponer únicamente de «18 trabajadores para siete kilómetros de playa», lo que «no permite controlar todas las zonas». «Es su responsabilidad, e igual que miran por el turismo, deberían mirar por la seguridad acuática», asevera.

Los motivos de esta situación

Alberto García Sanz, director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo, informa a este periódico que «la ley estatal que regula la profesión es muy genérica», mientras que las comunidades autónomas «han ido imponiendo su normativa específica». Esta heterogeneidad regulatoria ha provocado un totum revolutum que da lugar a problemas de la más diversa índole.

«Anteriormente, el diploma de socorrista se obtenía bien a través de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, bien a través de Cruz Roja, pero esto cambió con la incorporación de los certificados de profesionalidad dirigidos a personas desempleadas», explica García. Con este nuevo procedimiento se impone una carga formativa «desproporcionada», llegando incluso a superar las «400 horas durante tres o cuatro meses». Y aquí es donde entran las diferentes normativas, ya que, «cuando las comunidades establecen que la única formación válida para poder trabajar son estos certificados de profesionalidad se genera un gran problema», porque «nadie quiere hacer una formación de cuatro meses para trabajar durante solo dos», puntualiza el experto.

Es el caso de Galicia, que en 2012 modificó la regulación, pasando de exigir 80 horas de formación a 420 para la obtención del certificado profesional. «Hay que buscar un equilibrio entre la formación y la necesidad de personal», indica a THE OBJECTIVE Nuria Rodríguez, presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia. Para paliar este déficit, «la Xunta ha incorporado en su último decreto la figura profesional del auxiliar». Sin embargo, la directiva avisa de que esta medida es «un parche» que no va a solucionar nada.

«La regulación es absolutamente caótica»

Nos encontramos pues con dos situaciones completamente antagónicas. Por un lado, comunidades como Castilla y León o Andalucía denuncian la falta de personal cualificado por culpa del exceso de oferta formativa de baja calidad, puesto que, según Jorge Natera «las propias empresas de formación tienen potestad para expedir los diplomas», lo que significa que establecen sus propios estándares de calidad. En cambio, regiones como Galicia, Cataluña, País Vasco o Navarra presentan enormes dificultades para cubrir sus vacantes a causa de los elevados requisitos para acceder a la profesión.

«La regulación del sector es absolutamente caótica», enfatiza García Sanz, que se muestra indignado ante el hecho de que un socorrista que obtiene el título en una comunidad autónoma «no pueda ejercer su profesión en las demás» por culpa de la disparidad en la normativa. «Esto solamente ocurre en nuestro sector profesional», concluye.

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