70 personas mueren cada día en la cola de la dependencia sin haber recibido atención

La ley de dependencia cumple más de tres lustros. Por el camino, millones de beneficiarios, pero también miles de personas que han muerto con el derecho reconocido sin acceder a los recursos públicos. En 2022, un total de 25.699. Esto es, 70 personas con derecho pendiente de prestación han fallecido cada día sin haber recibido la atención. Así se desprende del documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, facilitado por el Portal de Transparencia con datos proporcionados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023, que evalúa la situación a 31 de diciembre de 2022.

Un hecho destacable durante 2021 y 2022 es el impulso a la partida de dependencia en los Presupuestos Generales del Estado, estancados durante 2019 y 2020 en los niveles presupuestados de 2018. En 2021 se estableció un presupuesto de 2.353 millones de euros, aumentando un 68% respecto de 2020. Posteriormente, en 2022, el nivel presupuestado ascendió a 2.902 millones, un 23,3% más que en 2021. Sin embargo, a pesar de estos incrementos, la burocracia y el limbo autonómico impiden que estas ayudas lleguen a tiempo a quienes la necesitan, incumpliendo sistemáticamente con la ley estatal de dependencia, al tardar más de seis meses en resolver una resolución de prestación.

De esta forma, si el Gobierno, a través de Sònia Guerra, portavoz de Derechos Sociales del PSOE, aseguraba que a finales de 2022 no habría ninguna persona sin recibir la prestación que le corresponda, esto ha caído en saco roto. Y es que los datos reflejan el fracaso del plan de choque del Ejecutivo con 25.699 personas que han fallecido en el laberinto burocrático de la Ley y con otras 33.353 con algún tipo de ayuda a la dependencia concedida  a la espera de recibirla.

La desigualdad territorial

Los datos facilitados por el Portal de Transparencia ponen de manifiesto las enormes diferencias que hay entre las comunidades autónomas. Cataluña es la que más muertes registra (9.928), le seguiría Andalucía (4.055), País Vasco (2.181), Comunidad de Madrid (1.763) y Comunidad Valenciana (1.545). Por contra, la región que menos fallecimientos ha registrado durante 2022 es Castilla y León, con 39 defunciones. Le seguirían, aunque con bastante diferencia, Navarra (149), Galicia (357) y Aragón (362). Además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 16 y 17 fallecimientos cada una, respectivamente.

No obstante, aunque la situación ha ido mejorando, ya que se puede observar una progresiva reducción en el número de fallecidos a la espera de recibir alguna prestación, las cifras continúan reflejando una «catástrofe». «A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención», señalaba el año pasado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que ya por entonces anunciaba el «fracaso» de un plan de choque que se «ahoga» entre tanta burocracia y que ha sido reforzado con 600 millones suplementarios en los Presupuestos para 2023.

12 meses de espera

La ley, aprobada hace 16 años, en diciembre de 2006, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, recoge en su disposición final primera que «el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones».

Esta es una quimera en la mayoría de las comunidades autónomas. Y es que, como ya contamos en THE OBJECTIVE, en 15 de las 17 regiones, más la ciudad autónoma de Melilla, incumplen sistemáticamente con la ley al tardar más de seis meses en resolver una resolución de prestación. Solo cumplieron Castilla y León (125), País Vasco (133) y Ceuta (51). En el resto de las regiones –aunque con diferencias considerables–, los valores superan el año de espera.

Llama la atención los más de mil días, esto es, más de tres años, que los canarios tienen que esperar para recibir una de estas prestaciones. Un dato que ha ido aumentando progresivamente en los últimos años: 2021 (943), 2020 (953), 2019 (828). En más de un año se encuentran Andalucía (580 días) y Murcia (500). De media, se tarda 12 meses a nivel nacional en resolver cada petición (360 días).

Más de 33.000 beneficiarios esperan una ayuda

Más de 33.000 personas (33.353) con algún tipo de ayuda a la dependencia concedida se encuentran a la espera de recibirla, como ya señalamos en este periódico, según datos facilitados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023 a través del Portal de Transparencia que evalúa la situación a 30 de junio de 2022.

El PIA es el último paso burocrático antes de recibir cualquier ayuda a la dependencia. En él, tras evaluar el grado de dependencia del beneficiario y sus circunstancias sociales y económicas, determinan qué prestación es la más adecuada. Por lo que una vez resuelto, no hay motivo de demora en recibir la ayuda, aclaran las fuentes consultadas.

Sin embargo, más de 33.000 personas con la ayuda aprobada aún no la han recibido. En este sentido, el departamento de Ione Belarra no aclara a qué se debe esa demora, solo señala que el 20,18% de estos casos de espera (6.731) se deben a motivos «no imputables a la Administración». Por lo tanto, el 79,82% de ellos (26.622) se están produciendo sin motivo alguno. De estos últimos, según el documento facilitado, el 43,52% lleva menos de seis meses esperando la ayuda, y el 36,30% más de medio año aguardando a que esta sea efectiva –incumpliendo la normativo estatal de dependencia–.