Casi 33 millones de españoles viven expuestos a una contaminación mayor a los límites de la UE

El informe anual de calidad del aire de Ecologistas en Acción, presentado este lunes, concluye que casi 33 millones de españoles estuvieron expuestos en 2025 a contaminación por encima de los nuevos límites fijados por la Unión Europea (UE) en su Directiva 2024/2881 para su entrada en vigor antes de 2030.

El documento se basa en los datos recogidos por 780 estaciones de control de la contaminación repartidas por toda España, así como en mediciones realizadas en los principales aeropuertos y puertos nacionales.

Con la normativa ambiental vigente todavía, la población afectada se redujo a nueve millones de personas y la superficie alcanzó los 84.000 km cuadrados, una sexta parte del territorio, especialmente en Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, el interior de Cataluña, la provincia de Jaén y Murcia.

Si se consideran los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud, «mucho más estrictos», toda la población española respiró aire contaminado en 2025, mientras que la superficie afectada fue del 85 %.

El cambio climático y la mayor combustión de petróleo son, según el coordinador del informe, Miguel Ángel Ceballos, causas de este repunte de una contaminación —la del aire— que supone además «la primera causa ambiental de muerte», con 24.000 fallecimientos prematuros en 2023 en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, y 62.000 ingresos hospitalarios anuales, según el Instituto de Salud Carlos III.

Ozono, lo peor

El informe reconoce que la calidad del aire mejoró ligeramente en lo que respecta a las partículas en suspensión y al dióxido de nitrógeno, pero empeoró sustancialmente respecto al ozono, que alcanzó «los niveles más altos desde 2015», hasta el punto de recuperar concentraciones previas a la pandemia de covid-19.

Ceballos atribuyó la mejoría de algunos datos a la reducción de los episodios de calima —polvo o arena sahariana en suspensión que cubre la atmósfera— y a la mayor inestabilidad atmosférica —vientos y borrascas—, así como a la disminución del dióxido de carbono vinculada a mejoras tecnológicas en vehículos y combustibles.

Respecto al ozono, el aumento de las concentraciones «se explica por las olas de calor registradas el año pasado, especialmente en los meses de junio, julio y agosto, y por el aumento del consumo de combustibles fósiles en el transporte», aseguró.

En el caso de Madrid, «el ozono ha pulverizado los registros históricos», al superar el actual objetivo legal de 120 microgramos por metro cúbico en toda la comunidad autónoma debido a varios factores, pero especialmente, según Ecologistas en Acción, a «un tráfico motorizado desbocado».

Otras regiones de España, como la mayor parte de Extremadura o amplias zonas de Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia, también registraron concentraciones elevadas de este gas, que puede provocar «un agravamiento de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares».

¿Y las ZBE?

Por todo ello, Ecologistas en Acción solicitó al Gobierno la «urgente transposición» de la directiva europea de calidad del aire, así como la aprobación del Plan Nacional de Ozono.

Además, denuncia que la «mayor parte» de las administraciones locales y autonómicas «no han elaborado o adaptado al Protocolo marco del Estado sus protocolos de actuación frente a los episodios de contaminación», pese a que el plazo legal venció hace tres años y medio.

Es el mismo plazo que ha transcurrido, además para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes fijen sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), pero «la mitad de ellas no han cumplido siquiera formalmente esta obligación pese a los abundantes fondos públicos que están recibiendo para su implantación».

La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas «no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema», concluye.