España suspende en eficiencia del sector público en plena alza de funcionarios

España suspende en el ranking de eficiencia del sector público en plena subida del número de funcionarios: la plantilla pública se incrementó en más de 210.000 efectivos durante la pandemia, hasta totalizar 3,4 millones. Sin embargo, nuestro país pincha en calidad del sector público según el Índice de Eficiencia del Sector Público (IEFSP) que elabora la consultora Freemarket, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que España figura en el puesto 15 dentro de las 21 principales potencias del mundo. Nuestro país puntúa con una nota de 0,92 puntos, por debajo de la media de los países de la OCDE considerados en el indicador.

El IEFSP arroja la nota final a partir de la valoración de distintas variables, como el nivel de corrupción, la calidad de la burocracia y el poder judicial, la dimensión de la economía sumergida, la esperanza de vida, la tasa de mortalidad infantil, la calidad de las infraestructuras, el porcentaje de población escolarizada en enseñanza secundaria y la competencia de los alumnos en lectura, matemáticas y ciencias.

Por detrás de nuestro país se sitúan Portugal, Grecia, Italia, Suecia, Finlandia y Francia, que se encuentran entre los países con una Administración más grande de toda la OCDE. La lista la encabezan Japón, Suiza, Irlanda y Estados Unidos, con unos sectores públicos más eficientes en relación a su economía.

Racionalización del sector público

Realmente este índice, explican los autores, mide la eficiencia de los distintos Gobiernos a la hora de gestionar el gasto público que administran. Y España no va precisamente por el buen camino. De hecho, un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) calcula que una mejor gestión del gasto público ahorraría 60.000 millones sin rebajar los servicios al ciudadano. De hecho, explica el informe del IEE que el que haya más desembolsos del Estado no garantiza una mejora de las prestaciones a la población si no se introducen criterios de racionalización, reducción de burocracia, auditoría o digitalización, entre otras medidas.

Sucede además, según el informe Un Estado Caro, Ineficaz e Ineficiente, de los directivos de Freemarket Lorenzo Bernaldo de Quirós y María Gómez Agustín, que la España productiva, la que genera bienes y servicios en el sector privado soporta cada vez más carga de nóminas públicas, pensiones, subvenciones y gasto en desempleo.

Desequilibrio estructural

Este fenómeno se convierte en estructural, advierte el informe, por causas meramente demográficas, como la mayor esperanza de vida, que engrosa el gasto en pensiones en relación a los trabajadores que lo sufragan, y también, afirman los autores, «por el rebrote de la fiebre empleadora del sector público», efectos ambos que se traducen en aumentos estructurales del gasto público que dificultan la reconducción del déficit de las Administraciones Públicas. Es decir, son derroteros permanentes y no derivados del ciclo económico. En este sentido De Quirós y Agustín llaman la atención sobre la necesidad de poner los costes del sector público en relación con los beneficios que aporta. Y de ahí la confección del índice de eficacia que deja a España en el tramo final de la OCDE.

La realidad es que los casi 10 millones de pensiones, no todas contributivas, los 3,1 millones de desempleados, y los 3,4 millones de empleados públicos, independientemente de que contribuyan a las arcas públicas vía impuestos y cotizaciones, son sufragados por 16,5 millones de ocupados en activo en el sector privado cuya aportación a las arcas públicas se ve engrosada por el desequilibrio entre el sector privado y el público.

Un coste de 1.592 euros al mes a cada empleo privado

Ese desajuste entre el sector privado y las nóminas y estipendios que salen de las arcas públicas deriva en un cálculo de Freemarket basado en los salarios y pensiones medias y la compensación de la tributación de todos los colectivos citados según el cual la suma de desembolsos en desempleo, pensiones y sueldos públicos cuesta 1.592,5 euros al mes a cada empleado del sector privado. Una cantidad, que, apuntan los autores, «equivale a una hipoteca de un buen inmueble, con la diferencia de que la hipoteca dura unos años determinados», mientras que este cargo virtual permanece durante toda la vida laboral.

En términos agregados, prosigue el estudio, cada trabajador del sector privado se hace cargo, de media, de 19.109,7 euros anuales para pagar pensiones, desempleados y empleados públicos. Según las estimaciones e hipótesis del informe, que combina datos tributarios, del Instituto Nacional de Estadística, de los Servicios Públicos de Empleo y de la Seguridad Social, el coste atribuible a cada trabajador del sector privado en, en términos mensuales, de 830 euros por las pensiones; de 92 euros, por las prestaciones de desempleo; y de 670,5 por los sueldos públicos.