El fracaso de las tasas 'Tobin' y 'Google' anticipa un fiasco del impuesto a bancos y energéticas

El impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas es la gran novedad fiscal del año que comienza y uno de los pilares del aumento de la recaudación que el Ejecutivo espera para este 2023. Sin embargo, tras su reciente aprobación en el Senado y su puesta en vigor son cada vez más las voces que apuntan a que las estimaciones de ingresos del Ministerio de Hacienda son excesivamente optimistas y que al cerrar el año se estará lejos de los 3.500 millones anuales que se prevé obtener de estas grandes corporaciones.

Directivos de empresas y expertos consultados por THE OBJECTIVE coinciden en señalar que será casi imposible que se recauden los 2.000 millones de las energéticas y los 1.500 millones de la banca previstos anualmente en esta nueva normativa. Y para ello ponen como antecedentes los dos últimos grandes impuestos que aprobó el Gobierno: el gravamen sobre determinados servicios digitales y el de transacciones financieras, dos figuras que después de dos años de funcionamiento han ingresado apenas un tercio de lo previsto oficialmente por el equipo de la ministra María Jesús Montero.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 esperaban unos ingresos de 968 millones de euros por el impuesto digital y 850 millones por el de transacciones financieras, una cifra que ya representó una reducción respecto de los 1.200 millones calculados inicialmente para la primera figura impositiva y en torno a los 1.000 para la segunda. Lo cierto es que en el primer año de puesta en marcha -y tras algunas dificultades para poner en marcha los reglamentos necesarios para activarlas- solo se ingresaron 240 de la tasa Google y 320 millones de la tasa Tobin.

Cálculo de la ‘tasa Google’

A finales de 2021, el Gobierno reconoció que sobreestimó su impacto y que realizó unos cálculos errados basados en un mundo prepandemia. En el caso del impuesto digital indicaron que «con posterioridad a la realización de las estimaciones, se han hecho públicos datos sectoriales sobre 2020 que han mostrado una caída tanto en el negocio de la publicidad como, por ejemplo, también, en materia de alquiler turístico con motivo de la pandemia».

En cuanto a la tasa Tobin, indicaron que las previsiones se hicieron sobre la base del Plan Presupuestario de 2018, realizado en octubre de ese año con datos cerrados de 2017. Sorprende que se hagan cuentas para 2021 con datos de 2017, aunque lo cierto es que un año después de su puesta en funcionamiento el Ejecutivo rectificó y cambió sus previsiones de ingresos para 2022 con 225 millones para la tasa Google y otros 372 millones para la Tobin. El Ejecutivo reconoció que sus previsiones iniciales estaban muy por encima de la realidad y rebajaron sus expectativas recaudatorias a un 30% de las cifras iniciales.

De hecho, tras la vuelta a la normalidad económica, con un mundo postpandemia y con un crecimiento de la economía en España cercano al 5%, las tasas Google y Tobin volvieron a registrar en 2022 cifras muy por debajo de las previsiones iniciales. Los datos más recientes de recaudación del Ministerio de Hacienda indican que hasta noviembre del año pasado se ingresaron 284,7 millones del impuesto sobre transacciones financieras y otros 289,8 millones en el impuesto sobre determinados servicios digitales.

Nuevo impuesto

Con ello se demuestra que, incluso en un contexto de bonanza y de crecimiento económico, las cifras tampoco eran las que se estimaron en el primer año de funcionamiento. En esta línea, el Gobierno volvió a presupuestar una cifra reducida para 2023: 285 millones con la tasa Google y 335 millones con la tasa Tobin, con lo que se demuestra que la evolución económica es irrelevante para la recaudación de estos gravámenes.

Es así como después de más de un lustro de debate y tras la promesa del Ejecutivo de reforzar la fiscalidad de las grandes tecnológicas con más de 2.000 millones anuales de recaudación, se ha pasado a ingresar poco más de 500 millones durante dos años consecutivos. En términos tributarios apenas se equipara lo que se ingresa por el impuesto al alcohol y una décima parte de lo que se obtiene por los hidrocarburos.

Los expertos consultados coinciden en los problemas para estimar las recaudaciones futuras y advierten que casi siempre el resultado final es menor de lo presupuestado originalmente. Esto sucede porque se hacen sin contar con el reglamento en vigor, ni el marco normativo con el que se regirá y se tienen dificultades para estimar el potencial universo al que se dirigirá el gravamen. Una situación que con toda seguridad -advierten- se repetirá en el anunciado impuesto a la banca y a las energéticas.

Ajustes en el Congreso

En el caso de la tasa Google grava con un 3% servicios como la publicidad en línea, la intermediación online y la venta de datos generados por el usuario durante su actividad, y afecta a empresas con ingresos globales superiores a 750 millones y facturación en España de más de tres millones. Por su parte, la tasa Tobin grava con un 0,2% las adquisiciones de acciones y fondos de inversión, que son las que contaban a finales de 2020 con una capitalización superior a los 1.000 millones. Sin embargo, hasta la publicación de su reglamento -a mediados del primer semestre de 2021- no se sabía exactamente cuánto debía pagar cada empresa.

Algo similar podría pasar con el nuevo impuesto a la banca y energéticas. La filosofía de su imposición apuntaba a los beneficios extraordinarios generados por estos dos sectores en el marco del nuevo contexto económico y la necesidad de contribuir a una sociedad cuyas familias atraviesan por dificultades. En el caso de las energéticas se les gravará por los ingresos extra que obtengan por el alza de los precios de la electricidad y el gas; y a los bancos les afectará los márgenes extraordinarios que contabilicen por la subida de los tipos de interés.

De esta manera, a partir del 1 de enero las energéticas tienen un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios anual de las compañías que facturen más de 1.000 millones de euros al año, con los ingresos de 2019 como referencia. Sin embargo, tras las enmiendas en el Congreso de los Diputados del PNV quedaron fuera de estos ingresos la facturación obtenida en negocios regulados y los obtenidos fuera de España. Esto supone que ya de entrada se reducirán de manera importante los 2.000 millones previstos al año.

En cuanto a la banca, se aplicará una tasa del 4,8% al margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que en el año 2019 hubiesen ingresado más de 800 millones de euros. Sin embargo, en el caso de los grupos consolidados, sólo se aplicará el impuesto al negocio generado en el país. Una situación que también puede traducirse en una reducción respecto de los 1.500 millones previstos de recaudación anual.