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Economía

Podemos admite que podría haber rebajas por la reforma de malversación y culpa a los jueces

Enrique Santiago ha afirmado respetar los procedimientos judiciales y ha preferido esperar a ver los resultados de esas deliberaciones en torno al ‘caso Acuamed’

Podemos admite que podría haber rebajas por la reforma de malversación y culpa a los jueces

El diputado de IU y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago. | Europa Press

Unidas Podemos ha defendido este martes la reforma del delito de malversación que se incluyó en la reforma penal de diciembre y ha negado que se haya dejado de perseguir esas conductas, pero entiende que si finalmente hay una rebaja de condenas será por decisión de los tribunales.

El grupo confederal, aunque inicialmente algunos de sus dirigentes pusieron pegas a la redacción que el PSOE pactó con ERC para modificar el delito de malversación, acabo votando a favor e impulsando su aprobación. Este martes se ha conocido una primera consecuencia de la nueva ley, y es que el instructor del ‘caso Acuamed’ ha sugerido a la Fiscalía que revise su petición de penas ante una posible rebaja derivada de la nueva legislación.

En declaraciones a las puertas del Congreso, tras participar en una concentración de apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva, el diputado de IU y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha dicho respetar los procedimientos judiciales y ha preferido esperar a ver los resultados de esas deliberaciones en torno al ‘caso Acuamed’.

Pero, en todo caso, ha querido dejar claro que la reforma penal devuelve el delito a su redacción de 2015, lo que a su juicio era algo «ampliamente aceptado» en el Congreso, e incluye dos nuevos supuestos punibles como el enriquecimiento injustificado de cargos públicos y la desviación de dinero público.

«Habrá que ver cómo acaba aplicándose, pero no es cierto que se haya dejado de perseguir el delito de malversación, más bien se han ampliados los supuestos perseguibles –sostiene–. Si hay bajadas de penas, lo tendrán que ver los tribunales, pero el sistema democrático no se mide por la gravedad de las penas sino por la capacidad de disuasión que tienen las leyes para que no se cometan delitos y por la resocialización de los delincuentes e infractores».

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