La inversión extranjera en el sector energético cayó un 48% tras el 'hachazo' a las eléctricas

La inversión extranjera directa en el sector energético español llegó a los 3.360 millones de euros durante el año 2022, un 48% menos que los datos registrados un año antes. Los datos de la Secretaría de Estado y Comercio mantienen a esta industria como la que más capital foráneo atrae, pero reducen a la mitad su impacto en la economía española. Un desplome que las fuentes del sector consultadas por THE OBJECTIVE relacionan con los sucesivos golpes fiscales a las empresas eléctricas desde mediados del año 2021 y con el nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios de 2022.

Las cifras indican que en doce meses la inversión extranjera directa bruta en el sector de «suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado» ha pasado desde los 6.477 millones de euros hasta los 3.360, un retroceso de 3.117 millones desde 2021. La cifra es relevante si se compara además con el desempeño de la entrada de capital extranjero a España en todos los sectores durante 2022: 34.178 millones y un aumento del 13,9%.

El cuarto trimestre fue particularmente negativo para el sector de la energía con solo 660 millones de euros de inversión entre octubre y diciembre, 3.600 millones menos que igual periodo del año anterior y la mitad que los casi 1.400 millones que llegaron durante el tercer trimestre de ese año. Un bajón que coincidió con el anuncio del impuesto extraordinario a las energéticas con el que se prevé recaudar 1.700 millones al año.

Inversión en energía eléctrica

Dentro de esta inversión, la realizada en el subsector de «producción de energía eléctrica de otros tipos» llegó a los 1.971 millones de euros, un 32% menos que los 2.900 millones que llegaron a España en 2021; mientras que el sector de «comercio de gas por tubería» se situó en los 351,8 millones, un 85% menos que los 2.468 millones del año inmediatamente anterior. Se mantuvo en los 872 millones (un 2,3% menos), la «producción de energía eléctrica de origen eólico», mientras que el «comercio de energía eléctrica» se quedó en 148 millones, un aumento del 6,6%.

Esto supone que en términos de inversión real, la llegada de capital foráneo a España se estancó en la energía eólica y se desplomó en el sector del gas y de la producción de energía eléctrica. Estos datos incluyen las inversiones de empresas extranjeras (Total o BP) o fondos que invierten en los gigantes españoles del área como Iberdrola, Repsol, Cepsa, Endesa o Naturgy. Por estas dos vías las cifras de inversión en energía cayeron a la mitad durante 2022.

Según la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) de España- elaborada para segmentar las actividades productivas de cara a la elaboración de estadísticas- el «suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire» incluye la «producción, transporte y distribución de energía eléctrica», la «producción de gas, distribución por tubería de combustibles gaseosos» y el «suministro de vapor y aire acondicionado».

«Hachazo» a las eléctricas

Sectores duramente afectados por los cambios regulatorios que se han anunciado desde mediados de 2021, cuando se comenzaron a disparar los precios de la electricidad, al mismo tiempo que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en el punto de mira al sector privado. En septiembre de 2021, el Ejecutivo aprobó una serie de medidas para abaratar el precio minorista de la energía con un coste de unos 2.600 millones de euros para las grandes compañías energéticas, un «hachazo» que meses antes se había cifrado en 3.500 millones de euros.

No obstante, con el paso de las meses el Gobierno comprobó que en la práctica era muy difícil aplicar este «hachazo» y tras realizar sucesivos ajustes como topar las energías baratas como las renovables y nuclear, la recaudación se redujo exponencialmente hasta los 400 millones de euros contabilizados hasta la fecha.

Por otro lado, y tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, el Ejecutivo volvió a retomar sus regulaciones a las empresas eléctricas anunciando un tope al gas en el mix que conformaba el precio mayorista de la electricidad, aunque estableciendo una compensación para las compañías del sector. Sin embargo, los cerca de tres meses en los que se debatió esta regulación generaron gran incertidumbre en el sector.

Impuesto extraordinario

Tras el verano de 2022 el Gobierno impuso un impuesto extraordinario a la banca y a las empresas energéticas, en el caso de las primeras por la subida de los tipos de interés, y en el de las segundas por los precios de la luz en máximos históricos. El impuesto temporal y extraordinario grava con un 1,2% las ventas de las energéticas con unos ingresos superiores a los 1.000 millones anuales. Se aprobó a finales del año pasado y se aplicó de manera retroactiva a las cuentas de las empresas en 2022 y lo hará en las de 2023.

En las energéticas la previsión de recaudación se redujo hasta los 1.700 millones anuales tras las modificaciones introducidas en la tramitación parlamentaria. Hasta la fecha -y después del primer pago de la mitad del periodo afectado- se han ingresado 817,4 millones, en la línea de las estimaciones y con previsión de cumplir el objetivo recaudatorio al cerrar el año. Un impuesto que ha sido recurrido por las todas compañías afectadas.

Las fuentes consultadas por este diario coinciden en señalar que el sector lleva dos años sometido a fuertes tensiones y cambios regulatorios, lo que inevitablemente ha frenado la inversión nacional y extranjera. Es así como este desplome en la llegada de capitales al sector energético vienen a confirmar el sentimiento de indefensión e incertidumbre regulatoria instalado en las empresas eléctricas durante la mayor parte de la actual legislatura. En especial entre inversores extranjeros que han frenado planes para entrar en el mercado español.