La renovación de la CNMC y la última tentación de Calviño
«El PP aspira a tres sillones en el Supervisor Mayor del Reino pero sus planes serán dinamitados si Calviño se apresura a cubrir las vacantes que se producirán antes de las elecciones»
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño | EuropaPress
Hombre precavido vale por dos. Mariano Bacigalupo, marido de la ministra Teresa Ribera, se apresuró en septiembre a dar el salto desde el consejo de la CNMC, donde actuaba como indiscutido líder doctrinal de todos los asuntos energéticos, hasta el máximo órgano de gobierno de la CNMV, en el que trata de hacerse un hueco como experto jurisconsulto con licencia para enmendar la plana a los servicios técnicos de la casa en la elaboración de sus expedientes administrativos. El cambio supuso un antes y un después en el tráfago de fichajes con que se maneja el control político de los organismos reguladores de la actividad económica, pero lo cierto es que los acontecimientos han confirmado el don de oportunidad del interfecto, que ahora tendría que abandonar sin remisión la entidad presidida por Cani Fernández y difícilmente hubiera encontrado acomodo a la vera de Rodrigo Buenaventura.
La CNMC fue colonizada por el Gobierno social comunista de Pedro Sánchez hace justo tres años y ha de emprender a la vuelta de quince días su proceso de renovación con la sustitución de los primeros vocales que han agotado su mandato. Entre los mismos figuraba el citado Bacigalupo, además de María Ortiz, veterana desde los tiempos del Partido Popular, y Pilar Canedo, la representante de Ciudadanos que accedió al puesto por mediación de Luis Garicano. Los sillones de ambas consejeras son precisamente los únicos que, al margen del ocupado por el PNV, quedaron fuera del control mayoritario del PSOE y sus aliados preferentes de Podemos. Las dos inquilinas han comunicado internamente sus deseos de incorporarse cuanto antes a nuevas tareas profesionales, lo que otorga a Nadia Calviño la opción de cubrir las vacantes por la vía rápida en favor de algunos de sus deudos o afines a la causa socialista.
La vicepresidenta económica ha adquirido un papel protagonista de cara a la inminente campaña electoral y en Moncloa quieren que aproveche su ascenso al estrellato para dar un golpe de timón y consolidar sus dominios en el superregulador. Calviño acaricia la oportunidad de dar un zasca definitivo a Teresa Ribera, que también se ha empleado a fondo para monitorizar a su antojo al organismo supervisor colocando a sus peones al frente de las decisiones que afectan a los distintos ámbitos del mercado energético. No en vano, la ministra in traslation hizo valer todos sus poderes para asegurar el relevo de su cónyuge por otra persona de entera confianza como es María Jesús Martín, que trabajó codo a codo con Ribera como directora general de Política Energética en los primeros compases del Gobierno socialista surgido tras la moción de censura de 2018.
Un escándalo institucional propio del ‘sanchismo’
Con este último nombramiento el PSOE y Podemos copan seis de los ocho vocales que seguirán en activo a partir del mes que viene. Los otros dos corresponden a los representantes designados por la cuota vasca y catalana respectivamente. El PP desearía que las dos consejeras en la rampa de salida renuncien a su inmediato finiquito y aguanten en funciones calentando el banquillo el tiempo suficiente hasta que Alberto Núñez Feijóo adquiera plena carta de naturaleza como presidente del Gobierno. El líder de los populares dispone en su despacho de un mapa bien delineado sobre los puestos clave que deberán ser renovados en los diferentes organismos reguladores y considera que la incitación a Calviño para promover un relevo justo antes de que se consume el vuelco político en España supondría un enésimo escándalo institucional propio de un ‘sanchismo’ cada vez más rancio y crepuscular.
«La vicepresidenta intenta salvar la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero con un decreto escoba en materia económica que sería aprobado por la Diputación Permanente de Las Cortes»
A expensas de lo que decida finalmente la vicepresidenta económica, el PP está planeando la reconquista de la CNMC dentro de una estrategia de incorporaciones sucesivas orientadas a dotar a la entidad de un equilibrio de poderes especialmente constructivo para los complicados tiempos que se avecinan. No hay que olvidar que el watchdog encargado de vigilar el correcto funcionamiento de los mercados nació por iniciativa del Gobierno presidido por Mariano Rajoy y que la política de corte liberal que propugna Feijóo requiere de árbitros afines a la ortodoxia económica que defiendan la iniciativa empresarial en abierta competencia pero sin demonizar la creación de valor por parte de las grandes unidades productivas. En otras palabras, se trata de sacar de la modorra al regulador para que se sacuda los dogmas y complejos impostados y se comporte, ahí es nada, como una verdadera autoridad independiente.
La pléyade de comisionados colocados a instancias de Pedro Sánchez seguirá predominando durante un tiempo en los cuarteles de mando de la CNMC, pero a finales de septiembre el futuro Gobierno tendrá otras dos cartas que jugar sobre la mesa dado que entonces vencen también los mandatos de Bernardo Lorenzo y Xabier Oremaetxea. El primero es un veterano de las ‘telecos’ conocido sobre todo por haber sido presidente de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y ha desarrollado buena parte de su carrera política al servicio de diferentes gobiernos socialistas. El segundo es un profesional acreditado en materia de regulación, vocal que fue igualmente de la CMT y cuya tenacidad ante los tribunales fue determinante para que ambos accedieran de pleno derecho a la CNMC como entidad resultante de la fusión entre las antiguas comisiones reguladoras y el Tribunal de Defensa de la Competencia.
Moneda de cambio con el PNV
Es previsible que la sustitución de Xabier Ormaetxea sirva como moneda de cambio con el PNV en esa misión ecuménica que se ha propuesto llevar a cabo el PP con todas las fuerzas políticas situadas a la derecha del PSOE. El presidente de los populares quiere demostrar que en este país también se pueden alcanzar pactos de Estado sin ceder cuota de poder a grupos parlamentarios que vienen a Madrid con la única intención de desestabilizar la unidad nacional en beneficios de sus ambiciones secesionistas. No hace mucho que el nacionalismo vasco gastó una mala pasada a Mariano Rajoy, pero la conveniencia de sus intereses con el Gobierno de turno favorece ahora las expectativas de Feijóo para correr un tupido velo en aras del objetivo común que implica frenar el avance de los proetarras de Bildu tanto en Euskadi como, por supuesto, en el resto de España.
El escenario que se dibuja otorga al PP tres puestos como mínimo en el consejo del Supervisor Mayor del Reino, una masa crítica suficiente para asegurar la participación en la sala de Competencia e incluso presidir la sala de Regulación, que es donde se ventilan los aspectos que atañen al día a día de las grandes empresas del Ibex. Todo ello a sabiendas de que la última tentación de Calviño discurre por otros derroteros como es la salvación de la nonata Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. La convocatoria del 23-J ha dejado el proyecto amadrinado por la ministra tirado en la orilla de su tramitación parlamentaria y el plan consiste en recuperar la iniciativa a través de un decreto escoba acompañado de algunos otros flecos en materia económica, que sería aprobado por la Diputación Permanente en Las Cortes. La vicepresidenta busca un broche de oro para adornar su candidatura al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Feijóo puede ayudar a encontrarlo. La llave está en la CNMC.
