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Capital sin reservas

El jovencito Frankenstein de Junts y PNV asusta a más de uno

Junts y PNV promueven una unidad de destino territorial para llevar del ronzal al Gobierno mientras dure la legislatura

El jovencito Frankenstein de Junts y PNV asusta a más de uno

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. | Eduardo Parra (Europa Press)

El plan de constituir un gran grupo de aceros a través de la compra de Celsa por Sidenor se ha colado de rondón en la mesa de diálogo abierta por Junts con el PNV para monetizar su adhesión condicionada al recién nacido Gobierno socialista. El bloque de la supuesta derecha nacionalista, que siempre ataca a pie cambiado en busca de sus históricos ideales independentistas, trata de configurarse como una unidad de destino territorial durante todo el tiempo que pueda durar la legislatura. El objetivo final no es otro que arañar cuotas de poder que satisfagan la pulsión secesionista asegurando el dominio de parcelas estratégicas del tejido productivo y acaparando los recursos indispensables para financiar los programas de emancipación de las dos grandes comunidades históricas de Cataluña y el País Vasco.

La familia Rubiralta no consiguió que Puigdemont intercediese ante Santos Cerdán en su afán por revocar la resolución concursal que ha motivado el traspaso de la que fuera emblemática compañía siderúrgica catalana a los fondos y bancos acreedores. Estaba visto que el prófugo de Waterloo tenía mayores y más urgentes prioridades que imponer en su tratado de amnistía por investidura con el emisario del PSOE. Pero el hecho de haber perdido la batalla de Celsa no implica que no se pueda ganar la guerra con Sidenor. Solo hace falta que José Antonio Jainaga, propietario de la compañía vasca y una de las principales fortunas de Euskadi, se avenga a prestar su reputación industrial y colabore a la hora de engrasar los goznes de esa especie de jovencito Frankenstein que Junts y el PNV están fabricando a modo de prótesis para atornillar al líder socialista el tiempo que les convenga y sea necesario.

Ambos grupos parlamentarios están convencidos que sus 12 escaños nominales deben ser valorados a un precio de mercado mucho mayor que los 13 que suman ERC y Bildu porque Alberto Núñez Feijóo, por muchas dudas que asalten al presidente del Partido Popular, nunca se atreverá a cerrar filas ni con los republicanos catalanes ni con los herederos de ETA. Bajo esta premisa consideran que su eventual alianza servirá para acogotar al Gobierno con la amenaza de una moción de censura constructiva que actuará como una espada de Damocles permanente sobre la cabeza de Sánchez. En otras palabras, Junts y el PNV tratan de exhibir su masa crítica para declarar la guerra fría al Estado español sin romper el techo de cristal del poder constituido en Moncloa pero advirtiendo a su inquilino que camina con pies de barro y gracias al arriendo de una autoridad ejercida con una hipoteca a tipo de interés variable.

Adelantos electorales en Cataluña y País Vasco

La obtención de pingües réditos económicos, tocantes y sonantes, es el mejor aval que pueden obtener los separatistas conservadores para frenar el ímpetu de sus contrincantes radicales dentro de los respectivos territorios autonómicos. Los de Junts lo tienen más crudo porque la célebre medida de gracia, por mucho relator salvadoreño de por medio, se cocina a fuego demasiado lento para las aspiraciones que pueda abrigar Puigdemont a la hora de recuperar, ahí es nada, el título de Molt Honorable en el medieval Palacio de Sant Jaume. El calendario legislativo de Cataluña tiene fijadas las próximas elecciones para febrero de 2025 pero se antoja improbable que Pere Aragonés no anticipe la convocatoria con la intención de arrendar las ganancias obtenidas en el pacto suscrito por Oriol Junqueras con el ubicuo ministro Bolaños y despojar de toda alharaca al principal destinatario de la amnistía en su regreso triunfal a Barcelona.

Los gurús del tacticismo político apuntan que el presidente de la Generalitat llamará a las urnas en junio próximo coincidiendo con los comicios de Galicia y el País Vasco. Curiosamente Íñigo Urkullu no puede esperar tanto tiempo porque sus mayores del Euskadi Buru Batzar, órgano de control del PNV, ya le han advertido del peligro que acarrea disputar la primacía autonómica a Bildu en un ambiente polarizado por las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran también en dicha fecha. La campaña política frente a la tropa de Otegi podría verse eclipsada por la disputa de mayor alcance que han de dirimir otra vez el PP y el PSOE, lo que favorecería la crecida de los herederos etarras en el País Vasco. El lendakari cesante tiene ahora la sartén por el mango pero seguro que será buen chico y, pese a quedar relegado como candidato, convocará las elecciones no más tarde del mes de marzo.

«Los ideales independentistas se validan con la toma efectiva de control en las grandes entidades financieras e industriales de Cataluña y País Vasco »

Tanto el PNV como Junts se la juegan en la primera mitad de 2024, que se promete especialmente intensa con vistas a la monitorización de los acuerdos de investidura. La pulsera telemática que le han colocado a Sánchez va a emitir vibraciones que pueden producir verdaderos calambres dentro del entramado económico, donde se sufragarán los costes de las reivindicaciones que con más gusto estará dispuesto a conceder el presidente del Gobierno a sus socios parlamentarios. El desarrollo de los estatutos de autonomía y la garantía de bilateralidad para conformar los más parecido a dos Estados libres asociados forma parte esencial de los pactos arrancados al PSOE. Pero lo importante no debe confundirse ni supeditar lo más urgente y la prioridad consiste ahora en poner la mano para asegurar el parné vía fondos Next Generation y a través del control efectivo de enseñas empresariales arraigadas en el País Vasco y Cataluña.

El precedente de Kutxabank que asusta a Fainé

El jovencito Frankenstein ha empezado a adquirir vida tras el pistoletazo de salida oficializado con la visita que rindió el jefe del PNV, Andoni Ortúzar, a Carles Puigdemont en su exilio antes de la fallida investidura de Feijóo. Desde entonces los contactos se suceden de manera recurrente mediante encuentros de trabajo de los equipos técnicos a fin de elaborar una hoja de ruta perfectamente engrasada a corto plazo y relativa a materias independientes de cualquier posición doctrinal. Esta misión se sustenta en la traslación de las conquistas que cada territorio ha arrancado en sus relaciones de poder con el Estado central para que puedan servir de precedente a su contraparte a la hora de llevar del ronzal a Pedro Sánchez. El concierto económico vasco constituye a estos efectos la levadura de una alianza secesionista que pretende constituirse como núcleo duro dentro del Gobierno español.

La disposición de un régimen propio para Cataluña y gemelo del que existe en Euskadi es el arco de bóveda de la estructura fiscal con que se pretende rebajar la dependencia del Estado central, pero para ello hace falta un sedimento productivo que tienen que aportar las grandes compañías autóctonas. Es ahí donde adquiere trascendencia la integración de Sidenor con Celsa o la vuelta a Cataluña de aquellos hijos pródigos de la casta empresarial que puedan ejercer un especial magnetismo como elementos verificadores de un proceso efectivo y real de autodeterminación. Nada tiene de extraño que a Isidro Fainé se le hayan erizado los cabellos conociendo el paradigma que aporta a tales efectos Kutxabank, la entidad financiera surgida de la fusión de las antiguas cajas vascas y cuya fundación bancaria es la única que no figura bajo tutela del Protectorado del Ministerio de Economía.

Tras la crisis y la demolición de las cajas de ahorros el Gobierno de Mariano Rajoy promovió hace diez años con el respaldo de la Comisión Europea la ley de Fundaciones Bancarias orientada a la despolitización del grueso de marcas regionales y confederadas que llegaron a representar un tercio del mercado financiero en nuestro país. El PNV apoyó la iniciativa a cambio de que la norma no tuviera efectos en el País Vasco. Eso es lo mismo que ahora exige Junts con el propósito de adoptar a la Fundación ‘la Caixa’ bajo custodia de la Generalitat y trasladar luego la sede de CaixaBank a Barcelona en una demostración de fuerza que debería hacer mella en toda la sociedad civil de Cataluña. Aseguran que Fainé ha corrido raudo a Moncloa para desahogar sus temores y que cuenta incluso con el compromiso firme del presidente del Gobierno de evitar injerencias políticas en su gran institución financiera. Palabra de Sánchez. Que cada cual vaya rezando lo que sepa.

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