La agencia que nació para eliminar el papel se gasta 133.000 euros en 189 impresoras a color

La Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD) ha aprobado la ampliación del servicio de mantenimiento de sus 189 impresoras en sus oficinas, cuyo proveedor es la firma japonesa Kyocera. Pagará más de 133.504 euros por ello. Una noticia que choca frontalmente con los objetivos de este organismo público.

La AEAD, adscrita al Ministerio de Transformación Digital, tiene como función principal la digitalización de las Administraciones públicas y el impulso para que esto se traslade al ciudadano y especialmente a las empresas. En los estatutos de este organismo, consultados por THE OBJECTIVE, la palabra «digital» se cita hasta en 225 ocasiones.

Sus objetivos, por tanto, son, por su propia naturaleza, la reducción del consumo del papel. Sin embargo, la licitación pública a la que ha tenido acceso este diario va contra esta máxima, y está también desalineada del discurso «verde» del Ejecutivo, sumando un granito más al aumento del gasto público.

En concreto, la agencia renovará un parque compuesto por impresoras de distintas características. De las 189, 159 tienen la capacidad de imprimir además a color, por otras 30 que están restringidas al blanco y negro. La AEAD deja claro que para el ejercicio de sus funciones no solo requiere dispositivos en blanco y negro, sino que la mayoría han de disponer de mayores posibilidades cromáticas.

Una sencilla división establece el coste unitario de mantenimiento de cada impresora en el entorno de los 665 euros. El coste estimado del contrato ascendía a 320.422 euros, si bien la oferta más atractiva recibida fue por los 133.504 euros por los que Kyocera ha firmado el contrato.

Los pliegos de contratación pública exigen que el proveedor suministre «el servicio de impresión y mantenimiento de las impresoras Kyocera de las sedes de la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD), del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (Mtdfp) y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática (Mptmd). Y detallan que «el servicio incluirá las labores de mantenimiento sobre los equipos, incluidas reparaciones, cambio de piezas y sustitución de fungibles, así como las copias e impresiones realizadas por estos equipos».

Este organismo solo abonará por el total de copias computadas. «Se requiere contratar el servicio en modalidad de pago por copia de las impresiones a color y blanco y negro de los equipos de la marca Kyocera que en la actualidad se están utilizando en las sedes de los Servicios Centrales de los Ministerios para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Agencia Estatal de Administración Digital, adquiridos en diferentes expedientes de suministro».

Las empresas, obligadas a relacionarse en digital

Se da la circunstancia de que, en el caso de las relaciones entre las Administraciones Públicas y las empresas, estas últimas están obligadas siempre a hacerlo en formato digital, sin papel. Es algo que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Artículo 14, titulado Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, deja claro cómo deben interactuar las corporaciones:

«Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional».

Tampoco se escapan a esta imposición empresas en las que el papel ha sido hasta no hace mucho indispensable para dar fe legal a contratos empresariales y propiedades: «Se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles».

Una obligatoriedad que se extiende también a las personas físicas en casos concretos: «De igual manera, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios».