El 92% de las grandes empresas desprecia la encuesta del Gobierno sobre economía circular

El intento del Gobierno de Pedro Sánchez de conocer el grado de preparación de las grandes empresas ante las nuevas obligaciones de economía circular ha obtenido una respuesta ínfima. De las 120 compañías seleccionadas para participar en el estudio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo dependiente del Ministerio de Economía, únicamente diez respondieron al cuestionario, lo que supone un 8,3% del total.

El propio informe reconoce que «el índice de respuesta ha sido bastante bajo, habiendo obtenido 10 (8,3%) respuestas del cuestionario planteado para recabar datos». Además, los autores admiten en el propio documento que esta falta de participación obliga ahora a reflexionar sobre las causas de ese desinterés: «Esta escasa participación en la realización de la encuesta nos lleva a reflexionar sobre la razón de esta cifra tan baja». «A pesar de que el número de empresas es significativo y que se corresponden con las principales entidades empresariales del país, el índice de respuesta ha sido bastante bajo», señala el estudio.

Entre las posibles explicaciones que ofrece el propio documento figuran «que existe un amplio desconocimiento sobre la normativa», «la saturación de encuestas que pueden estar recibiendo las empresas, lo que les lleva a rechazar la contestación» o incluso «que no ha llegado el mensaje a la persona adecuada dentro de la entidad».

La encuesta formaba parte del estudio Implantación de la Economía Circular en la Información Corporativa, elaborado para el ICAC con el objetivo de medir el grado de implantación de la nueva Norma Europea de Información de Sostenibilidad (NEIS E5), que obligará a las empresas a ofrecer mucha más información sobre el uso de recursos y economía circular.

Sin embargo, las propias respuestas obtenidas muestran que las empresas consideran que el cumplimiento de la nueva regulación tendrá un elevado coste. El estudio recoge que una de las principales implicaciones de la entrada en vigor de la NEIS E5 es que «implica costes y/o acciones difícilmente asumibles por las empresas», afirmación que obtiene una valoración media de 3,34 sobre 5 entre las compañías consultadas.

Las empresas también consideran que la nueva regulación «impone nuevas dificultades/barreras para la empresa», dándole valoración media de 3,45 puntos, y reconocen que no están preparadas para aplicarla. De hecho, la afirmación «Las empresas están capacitadas y preparadas para su aplicación» apenas obtiene una puntuación media de 2 sobre 5, una de las más bajas de toda la encuesta.

Ante esa situación, los propios participantes reclaman ayuda pública para poder cumplir con las nuevas obligaciones. El informe refleja que consideran especialmente eficaces la «disponibilidad de guías metodológicas y ejemplos prácticos», la «formación específica externa» y también los «incentivos fiscales o ayudas financieras».

Las conclusiones del estudio insisten en esa falta de preparación. Los autores afirman expresamente que «las empresas no ven sencilla la aplicación de la NEIS E5 y muchas no se ven de momento capacitadas ni preparadas, por lo que consideran necesaria formación previa o guías metodológicas para facilitar su implantación». Asimismo, añaden que las compañías «consideran que se incrementarán los costes de gestión que deberán asumir».

El diagnóstico es compartido por los auditores consultados. Según el informe, «en opinión de los auditores, las empresas no tienen el nivel de conocimientos adecuado sobre la nueva normativa de información sobre sostenibilidad ni están suficientemente preparadas para aplicarla». Además, los propios verificadores admiten que tampoco ellos dominan todavía completamente la nueva regulación.

Como consecuencia, el estudio concluye que la implantación de la normativa europea exigirá un importante esfuerzo económico y organizativo. En sus conclusiones finales advierte de que «puede afirmarse que la aplicación de las NEIS y en concreto la NEIS E5 va a suponer un gran esfuerzo en recursos humanos y costes de elaboración, difusión y verificación, especialmente en los primeros periodos».

El documento añade que ese problema «se agrava por la necesidad de formación en sostenibilidad y, por tanto, también en economía circular», una formación que, según los autores, está «ausente de los planes de estudios universitarios dirigidos a los profesionales de la contabilidad, finanzas y auditoría».

Paradójicamente, el propio estudio destinado a medir el grado de implantación de la economía circular entre las mayores empresas españolas termina poniendo de manifiesto el escaso interés que ha despertado la iniciativa: únicamente 10 de las 120 compañías invitadas decidieron responder al cuestionario remitido por el ICAC.