Renfe ataca a las pymes del autobús tras lanzar una empresa pública a medida de Alsa y Avanza
La licitación ha sido suspendida cautelarmente por Hacienda tras ser impugnada por las patronales
Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe.
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, ha arremetido duramente contra el pequeño autobús tras impulsar una compañía participada por el Estado y por capital privado, hecha a la medida de Alsa y Avanza —según las pymes sectoriales—, históricamente los principales receptores de las concesiones estatales y autonómicas.
Esta nueva corporación, de la que Renfe tendría el 49%, se ha impulsado vía licitación pública, pero de momento ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), dependiente del Ministerio de Hacienda, tras la impugnación de Direbús, Anetra y Fenadismer, las asociaciones que defienden los intereses de las pymes del sector. Denuncian que el contrato público está diseñado a medida de Alsa y Avanza, que poseen en torno a un 75% del negocio de los autocares en España.
Heredia publicaba concretamente en su perfil de LinkedIn que «los que argumentan la libre competencia son los mismos que se agrupan para hacer prácticas de concertación de precios. Renfe seguirá apostando por un modelo que cuida a las empresas locales y preserva el interés general».
Una afirmación que ha sido calificada de «hipócrita» por distintas fuentes del sector del transporte de pasajeros por carretera porque consideran que no existe competencia alguna en el caso del autobús.
La mitad de las concesiones, caducadas
Hay que recordar que más de la mitad de las concesiones estatales y buena parte de las autonómicas están caducadas y en algunos casos no se han licitado nunca. En el caso de las estatales, Alsa posee cerca de dos tercios del mercado con un alto porcentaje de sus contratos caducados.
Además, desde parte del sector del autobús, las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que estas declaraciones se producen después de que Fernández de Heredia fuese incapaz de negociar precios razonables con los operadores del servicio discrecional (el que se realiza por demanda o encargo) durante la pasada crisis de Rodalies.
«Si hubiese competencia en el mercado, como pide la CNMC para las líneas de más de cien kilómetros, habría varias empresas fuertes peleando para cubrir esas relaciones sin coste para el consumidor, y habría contratos claros con obligación de servicio público para atender a las zonas peor conectadas. Heredia no puede acusar de nada a la competencia en un mercado sin competencia», señalan estas fuentes.
Renfe defiende la nueva empresa
Con esto sobre la mesa, Renfe ha insistido en la defensa de su proyecto dedicado a ofrecer Servicios Alternativos de Transporte (PAT) en alianza con una empresa privada o una UTE (Unión Temporal de Empresas), tras la suspensión de forma cautelar derivada de los recursos presentados por una parte del sector, que entendía que dejaba a las pequeñas empresas al margen.
La operadora de trenes pública argumenta en un comunicado público que ya se han presentado al concurso hasta nueve empresas que suman más del 75% de la demanda operada mediante medios privados en nuestro país, todo ello a pesar de que los representantes de esas grandes corporaciones (fundamentalmente la patronal Confebús) hayan mostrado su rechazo al proyecto. La compañía pública ferroviaria recuerda que la suspensión tiene carácter «estrictamente cautelar», en el marco de la tramitación de las impugnaciones presentadas por las patronales Anetra, Fenadismer y Direbús.
El lanzamiento de la licitación para crear una empresa de autobuses (se denomina coloquialmente en el sector como Entacar II) con casi la mitad de la misma en posesión de Renfe tiene como origen las reiteradas incidencias en el sector ferroviario. Las interrupciones en los trayectos se han disparado al ritmo que lo han hecho las obras. Renfe considera imprescindible disponer de medios de transporte alternativos para atender a los usuarios.