El Gobierno pide una investigación contra las agencias de vientres de alquiler
La gestación subrogada está prohibida desde 2006 en España, aunque la legislación no sanciona la práctica
El Ministerio de Justicia ha pedido a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de vientres de alquiler. En España, la gestación subrogada está prohibida desde 2006, aunque la legislación no sanciona la práctica.
A la hora de hacer esta petición, el Ministerio ha indicado que ha tenido en cuenta que algunas agencias que ofrecen dichos servicios «se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países«, donde cabe la posibilidad de que se vulneren los derechos de las gestantes y, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.
En enero, el Ejecutivo advirtió de que quienes recurrieran a esa práctica tendrían dificultades para inscribir a los bebés en España. Un mes después, el mismo Ejecutivo decidió retirar la instrucción enviada a los consulados españoles en los países donde es un método legal para exigir una prueba de ADN que certificara que los menores eran hijos de padre español.
Dado que la legislación española declara «nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero», muchas familias acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.
El Gobierno socialista en funciones ha asegurado que se perseguirá a quienes trafican con los vientres de las mujeres y se compara ello con «la compraventa de niños». Ciudadanos cree que la gestación subrogada es un derecho y rechazan que se criminalice a quienes recurren a este método.
Para poder llevar a cabo la gestación subrogada, hay que acreditar que no se puede tener un hijo de forma natural y el futuro padre viaja al país donde se va a firmar el contrato con la gestante. Allí, deja una muestra de semen con el que se fecundará un óvulo, ya sea de una donante o de la mujer de la pareja, y el embrión se implanta en el útero de la gestante, que previamente ha pasado pruebas médicas y psicológicas y firma en el contrato que rechaza a la filiación.
A través de esta práctica, que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación, se calcula que cada año llegan a España unos mil niños procedentes de varios países donde esta práctica está permitida. Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, la India, Nepal, México, Tailandia, Ucrania, Rusia, Grecia, Georgia o Sudáfrica son algunos de los lugares a los que los españoles han acudido para realizar la gestación subrogada, tal y como informa Efe.
