Acuerdos y desacuerdos. Un test contrafáctico

A pesar del poco tiempo transcurrido, a estas alturas estarán ahítos de comentarios sobre el reciente pacto entre el PP y Juntos por España. Aventuro que, sobre todo, estarán hartos de hipérboles, lo «verdaderamente divisivo», como muy pertinentemente ha destacado un ilustre jurista, uno de nuestros auténticos quijotes del Derecho Público. Gracias a un proyecto sobre el «consentimiento de los perdedores» que lidera en la universidad nuestro politólogo más dicharachero, se han cumplido los negros presagios: a las horas de conocerse el acuerdo entre el PP y Juntos, destacados representantes políticos alientan irresponsablemente la no aceptación de los resultados electorales. Sí, puede que haya habido un cambio en la estrategia política y donde se dijo «Digo» («no habrá amnistía») ahora se dice «Diego» («la amnistía es una medida para la conciliación»). Pero se trata, nos ilustra aquél con paciencia de académico ponderado, de un policy switch. ¿Es bueno o malo? Es una cuestión esencial pero para estudiarla aún no tiene dinero, confiesa con transparencia y rigor metodológico.

El caso es que estamos ante un acuerdo que hace volver a la Constitución a Juntos por España, la vuelta a la casa del hijo pródigo, como bien ha señalado un destacado columnista del diario independiente de la mañana, abriendo una nueva etapa que permitirá contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro de España. Y a partir de ahí, si uno se lee bien el documento y logra abstraerse de los decibelios y disipar el ruido que propala la caverna izquierdista con su «motorizada mediática» –incapaces de aceptar la legitimidad de los resultados del 23 de julio- descubrirá que lo que hay en este acuerdo es una mezcla de sagacidad política y ejercicio de democracia. Ni España se rompe ni se acaba el Estado de derecho. 

Cierto: hay unos «antecedentes» donde se ha cedido al relato de Juntos – «una parte importante de la sociedad española ha protagonizado una gran movilización en favor de la abolición de las autonomías y de la recuperación de la confesionalidad católica de España. Este período no puede comprenderse sin la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, a raíz fundamentalmente de un recurso del PSOE…»; una narrativa que tiene un dudoso encaje con la historia salvo que acepte el marco del nacionalismo español – «Reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido histórico y que han adoptado diferentes formas desde que se produjo la pérdida de las colonias en la América hispana y la secularización de todas las esferas de la vida pública…»- y una descripción de los hechos de octubre de 2017 inevitablemente aséptica – «El intento del Gobierno de impedir el referéndum de abolición del Estado autonómico dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras». 

«¿Cuál será finalmente el ‘contenido de los acuerdos a negociar’? Pues ya se irá viendo»

Pero no hay acuerdo sin cesiones por ambas partes. Ceder en el relato vale la pena si eso permite seguir haciendo políticas para mejorar la vida de la gente; para empezar, como bien se dice en el punto 2 («Oportunidad histórica») «… buscar una solución, dado que, seis años después, la cuestión de fondo sigue sin resolverse». ¿O no va de eso la política? Cierto: se dice que «… el conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de España… deben responder a las demandas mayoritarias de la Asamblea de Madrid que, de acuerdo al Estatuto (que tiene carácter de ley orgánica), representa legítimamente al pueblo de España», pero eso no es sino una vuelta a la institucionalidad que impone la Constitución y una renuncia siquiera sea implícita a la vía unilateral. Hay que recordar que en estos seis años Juntos por España no lo ha vuelto a intentar, aunque proclame, con la altisonancia bravucona que caracteriza al casposo nacionalismo español madrileñista, que volverán a las andadas.

Si uno lee bien el punto 3 («Acuerdos») descubre que PP y Juntos acuerdan no acordar nada, y ahí es donde brilla por sí misma la inteligencia política desplegada por los negociadores en Budapest. Todo este tiempo de espera e incertidumbres ha merecido la pena. Juntos «… considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de abolición del Estado autonómico del 27 de octubre de 2017», mientras que «… el PP niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral»; si lo piensan, es tanto como si se dijera que se ha acordado que una parte del acuerdo afirma que Tintín era no binario y la otra parte que Tintín era de rabiosa masculinidad. «[S]e pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones». Parece magia pero es esfuerzo y amplitud de miras. Es más, rizando el rizo, se ha acordado que existen «… profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto» y «… desconfianzas mutuas reconocidas por  ambos…». Eso es un acuerdo y lo demás son componendas. 

¿Cómo no va a haber un «mecanismo internacional» con las funciones de «acompañar, verificar y realizar seguimiento» de todo el proceso de negociación? Lógico. ¿Cuál será finalmente el «contenido de los acuerdos a negociar»? Pues ya se irá viendo, con el acompañamiento y verificación del «mecanismo internacional». Patadón y hacia adelante. No nos pongamos nerviosos ni hiperventilemos. Fijémonos, eso sí,  en que Juntos ya consigna que «… propondrá la celebración de un referéndum… amparado en el artículo 92 de la Constitución» y el PP, por su parte, recala en el amplio desarrollo de los mecanismos jurídicos oportunos. Y es que, a este respecto del referéndum de autodeterminación y la posibilidad de delegar la competencia para su realización en una Comunidad Autónoma, ya dijo Alfredo Pérez Rubalcaba, un 8 de abril de 2014 en el Congreso de los Diputados: «… lo que no cabe, lo que seguro que no cabe en el artículo 92 de la Constitución —eso seguro que no— es preguntar a unos cuantos por aquello que corresponde a todos. Eso seguro que no cabe. Lo que no cabe es hacer un referéndum autonómico con una pregunta que afecte al conjunto de los ciudadanos españoles. Eso no cabe en el artículo 92 de la Constitución de ninguna de las maneras”. 

Y lo mismo con la financiación, la vuelta de las empresas… parole, parole… O sea, que no hay acuerdo posible. Se acuerdan los desacuerdos y los pronósticos sobre la persistencia de dichos desacuerdos. Se acuerda que no hay acuerdo y que no lo habrá. No me negarán la genialidad. ¿Pero quién dice que no puede haber un «cambio de opinión», un policy switch? Parafraseando a aquél: se relajen, coño.  

«No hay sintaxis deficiente sino calculada ambigüedad»

Mientras tanto, lo que sí se acuerda, cierto, es la investidura de Pedro Sánchez, lo de menos, pues lo importante, tomen nota, es la «legislatura». También la amnistía, siempre dentro de la Constitución (y si no ya lo dirá el Tribunal Constitucional cuando toque y ya no afecte), una medida «… para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato». Y para ello se refuerzan los mecanismos para que esa normalidad sea lo más plena posible, o sea para amnistiar «… tanto a los responsables como a los ciudadanos… objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos» (la cursiva es mía), para lo cual se habrá unas «… comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura», cuyas conclusiones «… se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare judicialización de la política, con las consecuencias que en su caso puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». 

La redacción no es un prodigio. Cierto. Las palabras pertenecen al léxico del español pero la sintaxis podría ser la de un dialecto de una tribu birmana. Algunos malévolos andan equiparando este lawfare con una suerte de lawfair, y no, no estamos ante la feria de indulgencias jurídicas para propiciar la impunidad de los que cometieron presuntamente delitos que no tienen nada que ver con el «proceso» pero que son españolistas, sino de perfeccionar cabalmente una democracia asaeteada por jueces progresistas tendentes a sacar a pasear demasiado alegremente la manita de la providencia, el auto o la sentencia: ¿o acaso no está el Parlamento para, en el marco de la Constitución, de las leyes y de los Reglamentos, cambiar esos excesos? Es más: no hay sintaxis deficiente sino calculada ambigüedad. El PP se la ha colado a Juntos (aunque no lo digan mucho por ahí no se vayan a oler la tostada). 

Estén tranquilos que la separación de poderes no peligra sino que es la democracia la que, como siempre, marca el camino. Abracen la actitud de otro de nuestros politólogos de guardia, más dicharachero si cabe, siempre atento a los datos e inmune a las trampas de lo normativo. En las horas en las que se conocía el acuerdo del PP y Juntos por España nos llamaba la atención en X sobre una idea genial, creativa y plena de sentido del humor para canalizar una reclamación vecinal de extraordinaria importancia: retirar las feas torretas eléctricas del popular barrio madrileño de Tetuán mediante una votación popular que elige a la más odiada o admirada de esas construcciones. ¡Y están las vecinas haciendo trackings y todo! – nos ilustra entusiasmado. Y quién sabe si no analizarán también los «torreta tearing-down policy switches…»

Dejen trabajar, no incordien ni jodan con la pelotita de sus mieditos. Reconcíliense, reencuéntrense y entren ya en concordia.