La «prioridad nacional» es que los periodistas pisen la calle

Ninguna otra cuestión evidencia tanto la distancia que existe entre el ruido de la calle, que decía Raúl del Pozo, y el sonido del teclado en las redacciones de los periódicos, entre la opinión pública y la opinión publicada, como la cuestión migratoria. El último ejemplo de esta realidad nos lo ha regalado la polémica sobre la «prioridad nacional», abrazada con naturalidad por los españoles, pero que ha generado una reacción furibunda del gremio, desde los medios progresistas hasta los (mal) llamados medios de centroderecha.

En este sentido, una encuesta encargada por el PP revela que hasta el 40% de los votantes del PSOE aprueba la iniciativa de Vox. La encuesta me parece muy reveladora por dos motivos. El primero, por la necesidad del PP de que todas sus decisiones vengan avaladas por la izquierda. El segundo, porque la «prioridad nacional» concita más apoyos entre los votantes de izquierdas que entre los opinadores de centroderecha.

Fue Iván Espinosa de los Monteros quien consignó con tino que «un votante de Vox a lo que más se parece es a un votante del PP, pero un político del PP a lo que más se parece es a un político del PSOE». Del mismo modo, un periodista de centroderecha a lo que más se parece es a un periodista de izquierdas, y en lo que ambos pecan más descaradamente es en el exceso de plató y la falta de calle.

Los pedretes (lo castellanizo por recomendación de Fran Carrillo, que sostiene que así les molesta más) critican la «prioridad nazi-onal» por «xenófoba», mientras defienden o callan como puertas ante la prioridad lingüística hacia el euskera en el acceso al empleo público en el País Vasco y Navarra. Si el argumento es que «no se puede discriminar por origen o identidad», ¿por qué sí se puede discriminar por competencia en una lengua regional minoritaria entre españoles?

Ambos son criterios identitarios que limitan el acceso a recursos públicos pagados por los contribuyentes. La diferencia es que la «prioridad nacional» opera entre nacionales y extranjeros, y un Estado soberano siempre prioriza a sus ciudadanos en el bienestar, mientras que la prioridad euskófona opera entre españoles, suponiendo un flagrante incumplimiento del artículo 14 de la Constitución.

Aunque constitucional, no están claras las implicaciones que esta medida vaya a tener desde comunidades autónomas y municipios, pero lo importante es que desplaza la ventana de Overton hacia donde debería dirigirse, que es hacia la justicia social y hacia el fin de la discriminación inversa. De un tiempo a esta parte, los españoles, los contribuyentes netos del sistema, están siendo desplazados en vivienda pública, ayuda y prestaciones, a las que los inmigrantes (incluso irregulares, vía empadronamiento) acceden con demasiada facilidad. Es muy sencillo: los recursos públicos deben priorizar a quienes los sostienen.

Además, la inmigración masiva colapsa los servicios públicos, la sanidad y la vivienda. Priorizar nacionales evita el colapso y garantiza que el sistema, construido por generaciones de españoles, sea viable a largo plazo. Defender el sistema del bienestar es señalar su incompatibilidad con la inmigración masiva, que no tiene siquiera en cuenta la cualificación del inmigrante. Un dato: cada inmigrante no cualificado que llega a España supone una pérdida para las arcas del Estado de 200.000 euros a lo largo de toda su vida. 

El periodista debe priorizar la realidad (cruda, en este caso) de los datos a la emotividad de los discursos, por bienintencionados que parezcan. En este sentido, la inmigración es el segundo problema que afecta a España, mencionado por el 20,3% de los encuestados del CIS, mientras que la vivienda ocupa el primer lugar (a nadie le escapa que ambos fenómenos están interconectados), y el 70% (un 57% de los votantes del PSOE, por si me leen desde el PP) está a favor de las deportaciones.

Ante estas realidades demoscópicas, podemos creer que los españoles son unos racistas y levantarles el dedito, pero nuestra labor es indagar en las causas de su malestar y poner en duda los discursos buenistas que se articulan desde el poder, que siempre tiene intereses abstrusos.

Mi colega Cristian Campos, uno de esos periodistas que se salen de la norma, resalta cómo «tenemos 731.900 inmigrantes en paro. Tres millones y medio de parados en total. Dos millones de personas viviendo del Ingreso Mínimo Vital. Pero hay que regularizar a 800.000 más, sin que nadie sepa explicar por qué». En realidad, Irene Montero lo confesó hace unos meses: «Tras la regularización de inmigrantes, vamos a por la nacionalidad y a que puedan votar […]. Ojalá teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante». Aquellas infames declaraciones generaron menos indignación mediática que la «prioridad nacional». Ahí está todo.