La «prioridad nacional» es que los periodistas pisen la calle

Ninguna otra cuestión evidencia tanto la distancia que existe entre el ruido de la calle, que decía Raúl del Pozo, y el sonido del teclado en las redacciones de los periódicos, entre la opinión pública y la opinión publicada, como la cuestión migratoria. El último ejemplo de esta realidad nos lo ha regalado la polémica sobre la «prioridad nacional», abrazada con naturalidad por los españoles, pero que ha generado una reacción furibunda del gremio, desde los medios progresistas hasta los (mal) llamados medios de centroderecha.

Esta misma semana, una encuesta encargada por el PP ha evidenciado que hasta el 40% de los votantes del PSOE aprueba la iniciativa de Vox, lo cual es muy revelador por dos motivos, tanto por la necesidad del PP de que todas sus decisiones vengan avaladas por la izquierda, como, sobre todo, porque la «prioridad nacional» concita más apoyos entre los votantes de izquierdas que entre los opinadores de centroderecha.

Fue Iván Espinosa de los Monteros quien consignó con tino que «un votante de Vox a lo que más se parece es a un votante del PP, pero un político del PP a lo que más se parece es a un político del PSOE». Del mismo modo, un periodista de centroderecha a lo que más se parece es a un periodista de izquierdas, pese a las diferencias de sus lectores, y en lo que ambos pecan es en el exceso de plató y en la falta de calle.

Los pedretes (lo castellanizo por recomendación de Fran Carrillo, que sostiene que así les molesta más) critican la «prioridad nazi-onal» por «xenófoba», pero defienden o callan como puertas ante la prioridad lingüística hacia el euskera en el acceso al empleo público en el País Vasco y Navarra. Su argumento es que «no se puede discriminar por origen o identidad», pero sí por el uso de una lengua regional minoritaria entre españoles. Porque Pedro lo vale.

Ambos son criterios identitarios que limitan el acceso a recursos públicos pagados por los contribuyentes, sí, pero la diferencia es que la «prioridad nacional» opera entre nacionales y extranjeros, y un Estado soberano siempre prioriza a sus ciudadanos en el bienestar, mientras que la prioridad euskófona opera entre españoles, suponiendo un flagrante incumplimiento del artículo 14 de la Constitución, aunque este no enerva tanto a los que se dicen «constitucionalistas».

La medida, aunque sus implicaciones actuales son limitadas, sirve para mover la ventana de Overton hacia donde debería dirigirse un futuro Gobierno de España, que es hacia el fin de la discriminación inversa. De un tiempo a esta parte, los españoles, los contribuyentes netos del sistema, están siendo desplazados en vivienda pública, ayuda y prestaciones, a las que los inmigrantes acceden con facilidad (en muchos casos, con el mero empadronamiento). Es muy sencillo: los recursos públicos deben priorizar a quienes los sostienen.

La inmigración es la segunda preocupación de los españoles, de los que el 70% (un 57% de los votantes del PSOE, por si me leen desde el PP) quiere deportaciones, el 67% rechaza la regularización masiva y el 60% considera que hay «demasiados» extranjeros. La labor del periodista es tratar de entender estas realidades demoscópicas, no censurarlas (preguntar a los españoles y no levantarles el dedito, en definitiva).

Mi colega Cristian Campos, uno de esos periodistas que se salen de la norma, resalta cómo «tenemos 731.900 inmigrantes en paro. Tres millones y medio de parados en total. Dos millones de personas viviendo del Ingreso Mínimo Vital. Pero hay que regularizar a 800.000 más, sin que nadie sepa explicar por qué». En realidad, Irene Montero lo confesó hace unos meses: «Tras la regularización de inmigrantes, vamos a por la nacionalidad y a que puedan votar […]. Ojalá teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante». Aquellas infames declaraciones generaron menos indignación mediática que la «prioridad nacional». Ahí está todo.