La arrogante agonía de P. S.

Pedro Sánchez ya ha perdido. Por delante solo tiene un tormentoso viacrucis de agonía y deterioro. Y sus verdugos no han sido ni los bulos, ni el fango, ni los pseudomedios. Fundamentalmente, está siendo derrotado por esa maquinaria lenta y silenciosa que conforma el Estado de derecho y a la que ha intentado someter durante sus años de gobierno. Porque Pedro Sánchez, ahora P. S., desde el primer día acreditó que no venía únicamente para aprobar leyes y gestionar presupuestos, sino que su obsesión era ocupar el Estado y apropiarse vitaliciamente de sus instituciones.

Su propia llegada al poder en 2018 a través de la moción de censura contra Mariano Rajoy rompió ya un primer eje del consenso y de la institucionalidad del país. Por grave que fuera la corrupción de aquel Gobierno, no era equiparable con los antecedentes penales de los socios con los que pactó. De un lado, los herederos de una banda terrorista que había asesinado a más de 800 españoles (algunos de ellos militantes y dirigentes socialistas) y, del otro, los recientes autores del procés y del golpe de Estado en Cataluña.

Además, el pacto tenía un oneroso precio oculto: sacar a los asesinos y a los golpistas de las cárceles, así como blanquear los crímenes de unos y justificar el golpismo de los otros. De repente, Arnaldo Otegi fue convertido en un hombre de paz y los independentistas catalanes en unas pobres víctimas de la insensibilidad de la derecha que se había negado a negociar con ellos la ruptura del país.

Paralelamente, el Gobierno iba sembrando los organismos y las instituciones de tantos acólitos y troles como podía: el CIS, la fiscalía, el Tribunal Constitucional, Telefónica, Indra, Correos, el Banco de España, RTVE, la Policía, al tiempo que intentaba controlar todas las investigaciones sensibles de la Guardia Civil y tomar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

De aquella primera siembra ahí sigue todavía el «tenaz Tezanos», según la definición de Iñaki Ezquerra, intentando engañar permanentemente a la opinión pública con sus estrafalarias encuestas. Pero su auténtica obsesión eran las togas. Por eso Dolores Delgado pasó del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General, conduciendo a la institución por un camino de servilismo que le acabó costando la cabeza a su sucesor, Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos.

Sin embargo, el mayor éxito de su mandato ha sido convertir al Tribunal Constitucional en la principal planta de lavado y reciclaje del sanchismo. Por una puerta entran los desechos, la basura, las prendas sucias y malolientes y por otra sale ya la colada limpia, doblada, bien perfumada y además con el sello de la garantía constitucional. Así ocurrió con la Ley de Amnistía y con la sentencia que anuló parcialmente las condenas impuestas a los socialistas andaluces del caso de los ERE. Ese era precisamente el lema de los viejos caciques de la Restauración española: el favor para los amigos y la ley para los enemigos.

Pero todo ha ido a peor en la presente legislatura. Acosado por la multiplicación de los casos de corrupción y la falta de apoyos parlamentarios, P. S. ha continuado su pertinaz ataque contra las instituciones. Ha jubilado definitivamente a Montesquieu y derogado la separación de poderes. Ya no solo es habitual que los ministros hablen del lawfare y de jueces prevaricadores, sino que el propio presidente anunció públicamente en septiembre de 2024 que estaba dispuesto a gobernar incluso sin el apoyo del Parlamento.

Y lo está cumpliendo a rajatabla, porque el país lleva ya tres años de excepcionalidad con los presupuestos prorrogados. Lo que en cualquier democracia corriente es motivo de dimisión y convocatoria de elecciones, en el mundo de la propaganda de Pedro se justifica como un acto de resistencia democrática para impedir que el fascismo gane los próximos comicios generales.

Lo mismo ocurre con la asunción de responsabilidades políticas, otro de los comportamientos institucionales propios de las democracias exigentes. El cupo de dimisiones se agotó con la salida del Gobierno de Maxim Huerta y Carmen Montón. Desde 2018 nadie relevante ha dimitido, aunque desde entonces el país haya sufrido un grave apagón, el accidente mortal de Adamuz con 47 fallecidos, además del encarcelamiento o la condena de sus máximos colaboradores en el partido y el Gobierno.

Hasta la naturaleza de la figura de los expresidentes, esos jarrones chinos, según la definición de Felipe González, ha sido desnaturalizada en estos años. ¿A quién se le ocurrió que un expresidente como Zapatero era la persona adecuada para actuar como interlocutor de un golpista como Carles Puigdemont?

Pero, como decíamos, Pedro Sánchez ya ha perdido, aunque en su instinto está resistir hasta el final. Ya ha demostrado que, a pesar de la agonía, su arrogancia no tiene límites. Incluso se aplaude a sí mismo cuando la mayoría del Congreso le retira la confianza. Por eso lo volverá a intentar con lo de siempre: con el discurso del miedo, con el voto clientelar y con algo que es nuevo, la intervención política sobre el censo electoral.

¿Es posible que se produzca un pucherazo parcial en las próximas elecciones generales? La cuestión se responde con otra pregunta: ¿por qué y para qué se intenta regalar el derecho al voto a 2,5 millones de personas, supuestos nietos de españoles que nunca han cotizado, ni pagado impuestos y que ni siquiera conocen el país? Las democracias son fundamentalmente sus instituciones, y eso abarca desde la separación de poderes, la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o la escrupulosa limpieza del censo. Cuando todo eso se intenta socavar, el riesgo de involución democrática deja de ser una hipótesis más o menos conspiranoica para convertirse en un riesgo real.